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Publicamos a continuación un comunicado emitido por el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores,heredero del SOC) informando sobre la orden de detención emitida contra Diego Cañamero esta semana. Esta orden se da en el contexto de la represión continuada contra decenas de activistas de dicho sindicato; y, más inmediatamente, cuando hace poco más de dos meses, afiliados al SAT ocuparon la finca pública de Somontes (Córdoba) que está en proceso de venta por la Junta de Andalucía.

Esta mañana [martes 8 de mayo] ha llegado a la sede nacional del SAT una comunicación del Juzgado de Instrucción Nº 12 de Sevilla por la que se decreta “la BÚSQUEDA, DETENCIÓN Y PERSONACIÓN de DIEGO CAÑAMERO VALLE, secretario general de dicho sindicato, por incomparecencia a los llamamientos efectuados por este Juzgado”.

Sevilla, martes 8 de Mayo de 2012

Esta mañana el Juzgado de Instrucción nº 12 ha decretado la detención de Diego Cañamero, portavoz nacional del SAT por no comparecer ante ese Juzgado.

El SAT decidió el año pasado que sus dirigentes se declaran “insumisos judiciales” ante la enorme represión que sufre este sindicato con multas que superan el medio millón de euros, peticiones de cárcel de más de 60 años y cerca de 400 sindicalistas procesados y procesadas, lo que convierte al SAT en el sindicato más represaliado de toda
Europa, en estos momentos.

Ayer mismo más de 47 sindicalistas tuvieron que comparecer en un juzgado de Córdoba acusados de cortar el AVE demostrándose en el juicio que muchos de ello no estuvieron presentes en dicha acción. La policía usa el método de las “listas negras” para criminalizar sistemáticamente a militantes y dirigentes del SAT. Al final la fiscalía sólo pidió multas contra 15 de los 47 asumiendo indirectamente la existencia de tales listas.

Un hecho parecido ocurrió el verano pasado con el juicio de la LOU donde un testigo policíal admitió la existencia de “ficheros ideológicos de activistas sociales”. Esta práctica anticonstitucional se usa sistemáticamente contra el SAT y tiene que ver con órdenes políticas dadas por los responsables del Gobierno en su afán de criminalizar a este sindicato.

Desde el SAT exijimos la inmediata revocación de esa orden judicial y el cese de la campaña de represión contra este sindicato.

Fuente: http://www.sindicatoandaluz.org/?q=node/950.

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