Izquierda Unida
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IU reclama el rescate público de LIMASA (empresa de limpieza) y acusa al alcalde del PP de ser el causante de la huelga convocada por los trabajadores. El ayuntamiento del PP garantizó con dinero municipal, gracias a las especiales condiciones de privatización del servicio, más de 50 millones de euros, cantidad incluso mayor que los propios beneficios declarados por las empresas privadas concesionarias del servicio.

Izquierda Unida reclamará de nuevo en el pleno del Ayuntamiento de Málaga el rescate de la empresa Limasa, por considerar que dejarla en manos privadas está suponiendo unos costes muy elevados a la ciudad y un deterioro en el servicio de limpieza.

El portavoz del grupo municipal, Pedro Moreno Brenes, ha acusado al alcalde de ser el único responsable de la huelga anunciada por los trabajadores y le ha recordado que lo que estos reclaman está incluido en el convenio laboral que el primer edil defendió y que “es ley”.

Los concejales de IU han recordado que el acuerdo firmado en 2003 permite a la parte privada obtener mayores beneficios. Se garantizaba a los socios privados unos beneficios no inferiores al 2% de la cifra de negocios, sin el IVA. De esta forma, si no se sobrepasaba ese porcentaje de beneficios, la empresa recibiría una compensación económica por desequilibrio financiero, y los socios privados se asegurarían sus dividendos. Si se sobrepasaba ese porcentaje de beneficios los dividendos a repartir a los privados serían mayores, sin limitación alguna o contraprestación al Ayuntamiento.

Izquierda Unida, relató Moreno Brenes, ha venido defendiendo cada año en el consejo de administración en el que se conocen las cuentas anuales, que esos beneficios sean destinados a un plan de choque de limpieza de la ciudad, a mejorar las condiciones laborales y las de la propia empresa. Sin embargo, se destina a beneficios de la parte privada.

“Se ha garantizado el negocio del siglo a los privados y los malagueños sacamos una ciudad sucia y sin recursos. Mientras unos se llevan los beneficios, el alcalde nos dice a los trabajadores y a los malagueños que hagamos un sacrificio”.

Por su parte, el concejal Educardo Zorilla ha ofrecido una serie de datos económicos y ha asegurado que el coste de la fórmula actual en insostenible para Limasa y perjudica a la ciudad, ya que es más caro que si la empresa fuera totalmente de capital público.

Según los datos facilitados (y que se incluyen en la moción) En virtud de este acuerdo, desde el año 2004 que fue el primero en la aplicación del mismo, los socios privados de Limasa (FCC, SANDO y URBASER), han obtenido unos beneficios superiores a los 44 millones de euros  (más de 37 millones de euros por el mecanismo explicado de compensación por desequilibrio financiero).

A estas cantidades habría que añadir las obtenidas en concepto de “Asistencia Técnica” y “Costes de estructura”, y “Costes Financieros”; lo que supone más de 50 millones de euros en los últimos siete años.

Pero además, señaló Zorilla, algunos servicios que se prestan en la empresa suponen un doble gasto para el Ayuntamiento, ya que la parte privada debía de dar una asistencia técnica que en algunos casos se contrata al exterior, como ha ocurrido con un contrato para modernización del software, que le ha supuesto al Consistorio 200.000 euros.

Con todo ello, la empresa no quiere aplicar a los trabajadores la subida pactada, mientras la parte privada no renuncia a una parte de sus beneficios blindados por contrato (2% de la cifra de negocios), y que han ascendido a más de 44 millones de euros en los últimos siete años. Tampoco se contempla la moderación salarial de la gerencia y los directivos de la empresa, “uno de los ejemplos en este Ayuntamiento de políticas retributivas generosas por no decir extraordinariamente excesivas”.

Para Zorrilla, el déficit previsto para este año es consecuencia directa de la enorme carga que para la empresa suponen los beneficios blindados de los socios privados, así como los costes estructurales y de asistencia técnica recogidos en el acuerdo.

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