En la tarde del 3 de agosto se consumó la operación para sacar del país a Juan Carlos I. La Casa Real emitió un comunicado en el que comunicaba que el emérito traslada su residencia a un país sin determinar, movido por “la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos” de la “vida privada” del anterior monarca. Con esta operación, la Casa Real, el Gobierno y los sectores decisivos del capitalismo español intentan salvar a la institución monárquica sacrificando simbólicamente a Juan Carlos de Borbón, que pese a todo mantendrá su condición de rey emérito.