Editorial de Lucha de Clases Nº 79 - El gobierno de coalición PSOE-UP ha estado pasando por momentos de turbulencia. Las tensiones llegaron casi al límite de la ruptura, con los últimos episodios en torno a las diferencias sobre el alcance de la derogación de la reforma laboral del PP y a la expulsión antidemocrática del exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Esto último fue una decisión de la presidenta socialista del Congreso, Meritxell Batet, por presiones del Tribunal Supremo.
Imagen: La Moncloa
Esta situación vuelve a subrayar los límites que tiene el PSOE para desafiar los intereses de los ricos y poderosos y al reaccionario aparato del Estado. Pero también señala la impotencia de Unidas Podemos para obligar a Sánchez a cumplir el programa de gobierno acordado y a mostrar firmeza frente a los atropellos de la casta judicial.
Cese de Alberto Rodríguez como diputado
La condena de Alberto Rodríguez por el Tribunal Supremo fue completamente escandalosa, sin ninguna prueba material ni testifical, sólo confiando en la palabra del policía supuestamente agredido. Fue una venganza política del aparato del Estado neofranquista contra este representante obrero de Podemos. Pero más escandaloso aún fueron las presiones de este tribunal contra la presidenta del Congreso para forzar la expulsión como diputado de Rodríguez, pese a que en la sentencia no se atrevió a exigirlo expresamente. Batet y el aparato del PSOE, con Sánchez a la cabeza, mostraron su cobardía servil hacia el aparato del Estado, quitando el acta de diputado a un representante elegido por el voto popular.
Lo más llamativo de esto es que Unidas Podemos no convocó ninguna movilización popular para defender a un representante democráticamente elegido. También fue lamentable la actitud pusilánime de Alberto Garzón y Yolanda Díaz, quienes apenas se pronunciaron contra este ataque antidemocrático hacia un compañero de su formación. Esto da alas a nuestros enemigos para persistir en sus ataques, y es una muestra más del cretinismo parlamentario que ha alcanzado la cúpula de UP y de su desconfianza y menosprecio hacia la movilización popular. Se limitan a aparecer como funcionarios públicos y profesionales de la política, mientras reducen la participación política de sus bases a permanecer en casa mirando la TV, o a hacerlo a través de las redes sociales.
Pese a todo, esto tiene un efecto positivo; y es que ayuda a desgarrar el velo de “imparcialidad” del aparato del Estado y refuerza la desconfianza en el mismo que está despertando en capas cada vez más amplias de la población.
¿Derogación de la reforma laboral del PP?
En relación al manido tema de la contrarreforma laboral del PP, ya debe haber quedado claro hasta para el más despistado que el aparato del PSOE simplemente aspiraba a hacerle algunos cambios cosméticos, y no a derogarla. Sus vínculos con la clase dominante y las grandes empresas siempre han sido firmes desde la época felipista. Ahora, tras semanas de tiras y aflojas, y una amenaza velada de las direcciones de CCOO y UGT de iniciar movilizaciones, PSOE y UP han llegado simplemente al acuerdo de que Yolanda Díaz debe dirigir la negociación con sindicatos y patronal, pero bajo la estrecha vigilancia de la ministra de Economía Nadia Calviño. No hay acuerdo sobre qué derogar ni qué cambios hacer en la ley. Encima de la mesa están discusiones trascendentales como la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, la ultraactividad ―qué pasa cuando un convenio decae sin acuerdo, si sigue vigente o no― los límites a la temporalidad, las modalidades de contratación, y muchos otros detalles que afectan a millones de trabajadores.
La reforma laboral del PP ha tenido como efecto una pérdida salarial del 8% anual desde 2012, más de 2.000€ de reducción del salario medio en términos reales, según datos del Ministerio de Hacienda. La reforma laboral del PP también ha recortado un 20% la indemnización media por cada trabajador, y cualquier causa justifica el despido y cambios arbitrarios en las condiciones laborales.
Como en el caso de Alberto Rodríguez, en la medida que UP y, sobre todo, las cobardes direcciones sindicales se niegan a movilizar a los trabajadores para hacer presión sobre el gobierno y crear un ambiente social favorable a sus intereses, eso solo beneficia a la patronal y a la derecha, que tienen los medios de comunicación para tratar de moldear a la opinión pública a su favor.
Los límites del PSOE
Ningún proyecto de transformación real vendrá de la mano del PSOE de Sánchez. Siempre traicionará las expectativas depositadas en él para congraciarse con la clase dominante. Es lo que viene haciendo desde que se formó el gobierno, renqueando cualquier medida que suponga un ataque a los ricos y poderosos. Con su última remodelación del gobierno, antes del verano, Sánchez dio un claro giro a la derecha, forzando la salida del exministro de transportes, Ábalos, y dando entrada a exsusanistas y felipistas destacados. En el reciente congreso del PSOE hizo pública su reconciliación con Felipe González y el ala liberal del partido. Y no tiene reparos en exhibir como número dos del gobierno a la ministra de Economía, la agente del Ibex35 y de la burocracia capitalista de Bruselas, Nadia Calviño.
El actual proyecto de Ley de Vivienda, es una prueba de la cortedad y escasa ambición del gobierno en materia social. No sólo no va a resolver sustancialmente el problema de la vivienda, sino que aún tardará 18 meses en aplicarse cuando se apruebe, hasta 2024, como si millones de familias, y sobre todo de jóvenes, pudieran esperar. Y todo para no encrespar a los fondos buitre ni a las grandes inmobiliarias. Lo misma impotencia exhibe el gobierno para atacar el problema de los precios de la electricidad, por negarse a enfrentarse a las eléctricas y encarar su nacionalización.
Reformas democráticas prometidas, como la derogación de la ley Mordaza y la eliminación o suavización del desactualizado “delito de sedición”, también fueron aparcadas, y se ha mantenido la pena de cadena perpetua, bajo el eufemismo de “prisión permanente revisable”, pese a que podría derogarse en 24 horas. Todo ello para no indisponer al aparato del Estado.
Sánchez fía su futuro a la recuperación económica y a qué ésta “derrame” bienestar social por sí sola. Pero las previsiones son muy inciertas, con la ruptura de las cadenas mundiales de suministros de mercancías, el alza de los precios de la energía y de la inflación en general, la falta de semiconductores y microchips que están paralizando sectores industriales enteros, la falta de mano de obra en algunos sectores, o un repunte de contagios Covid con nuevas variantes.
¿Un “frente amplio”?
Hay que reconocer que Sánchez le ha tomado la verdadera medida a los dirigentes de Unidas Podemos. Estos, patalean, despotrican y se quejan, pero al final es Sánchez quien se sale con la suya, con cesiones mínimas a su socio de gobierno, porque sabe que UP no se marchará voluntariamente del mismo. Pablo Iglesias lo ha declarado por activa y por pasiva, con un argumento singular: UP debe atarse al PSOE para que éste no se ate a la derecha. Pero el precio de esto es que UP modera sus posiciones y programa y abandona la organización y la lucha en la calle, como viene ocurriendo desde que entró al gobierno.
Ahora, se anuncia una refundación de UP bajo la fórmula de un “frente amplio”. Pero éste parece ser el caso del mismo paquete con un nuevo envoltorio. Yolanda Díaz, heredando el estilo caudillista de Pablo Iglesias, ha declarado que “ella” interpelará “a la sociedad española” para dar forma a este nuevo movimiento. Así, todo lo decidirá un aparato, sin bases que organicen ni debatan. Para que tal frente amplio tuviera un sentido debería construirse como una organización democrática con militantes, congresos, debates y documentos, que responda a un programa definido.
Al final, no se trata de crear una nueva organización, sino de una cuestión política y de programa. Si UP se hubiera mantenido en la oposición, dando apoyo crítico a Sánchez desde fuera, habría podido capitalizar en apoyo popular la frustración por las medias tintas y agachadas del gobierno en múltiples aspectos, y se habrían conseguido, dada la mayoría actual de izquierdas en el Congreso, no sólo los mismos avances sociales que el gobierno ahora exhibe y que quedan muy por debajo de las expectativas iniciales, sino otros incluso mayores.
Cierto es que las bases de la izquierda perciben todavía una diferencia entre UP y el PSOE, pero si las simpatías hacia UP y Yolanda Díaz no se concretan en políticas valientes por parte del Gobierno que supongan un cambio real en las condiciones de vida, eso terminará llevando a la frustración de esas mismas bases, y llegará un momento en que los votantes de izquierdas ya no distinguirán entre uno y otro dentro del gobierno.
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