Editorial Lucha de Clases nº 73 - El gobierno acaba de aprobar un plan de ayudas a fondo perdido por valor de 11.000 millones de euros para autónomos y empresas. Se argumenta que esto evitará cierres de empresas y pérdida de empleo ¿Qué hay de verdad sobre esto?
Este nuevo plan de ayudas se suma al rescate millonario ya efectuado por el Estado de empresas como Air Europa (475 millones de euros), Duro Felguera (120 millones), las agencias de viajes Halcón Viajes y Ávoris, pertenecientes a los grupos Barceló y Globalia (320 millones), o la aerolínea Plus Ultra (53 millones). Hay otras peticiones pendientes (como la de Abengoa, y muchas más) que suman otros 1.000 millones de euros. Además, el Estado asumirá como deuda pública los 35.000 millones de euros en pasivos inmobiliarios del SAREB, el llamado “banco malo". Es decir, una transferencia tardía al erario público de los desmanes inmobiliarios de los bancos y antiguas cajas de ahorro de la pasada crisis de 2008.
Ya el año pasado, el Estado destinó cerca de 60.000 millones de euros para ERTES y autónomos, más otros 10.000 millones en prestaciones de desempleo. Aparte, dispuso hasta 140.000 millones de euros en avales para reponer a los bancos posibles créditos fallidos de las empresas. En consecuencia, la deuda pública aumentó en 2020 del 95% al 118% del PIB, 122.000 millones de euros más.
En 2021, hasta mayo, se prevé que el Estado habrá inyectado otros 25.000 millones de euros, incluidos los 11.000 millones del nuevo plan de ayudas, más otros 2.000 millones de euros para las empresas provenientes de la UE (fondo React EU). Todo se sumará a la ya abultada deuda pública.
Lo que vemos es un enorme rescate del capitalismo español por parte del Estado; es decir, de los contribuyentes. Tarde o temprano, esta montaña de deudas deberá pagarse y no cabe duda que su peso recaerá sobre las familias trabajadoras con ajustes, recortes sociales, más precariedad laboral, etc. como en 2008-2016, sólo que la deuda pública en este momento será un 50% mayor.
¿Y qué se va a hacer con estos 11.000 millones?
7.000 millones de estas ayudas se destinarán a autónomos y empresas solventes que tuvieron beneficios en 2019, y su facturación cayó más de un 30% respecto a 2019. No deben estar en concurso de acreedores ni tener deudas con Hacienda ni la Seguridad Social. Y se comprometerán a mantener la actividad al menos hasta junio de 2022.
Los autónomos y empresas pequeñas de hasta 10 trabajadores recibirán un mínimo de 3.000 y 4.000 euros, respectivamente. La ayuda máxima será del 40% de todo aquello que supere el 30% de caída de facturación. Por ejemplo, si una empresa vio caer su facturación en un 50%, estimada en 100.000 de euros, descontando el 30% (30.000 euros), recibirá una ayuda máxima del 40% de los 70.000 restantes; esto es, 28.000 euros. El resto de empresas recibirá un máximo del 20% que sobrepase el 30% de disminución de facturación, hasta un tope de 200.000 euros.
Formalmente, estas ayudas deberán destinarse al pago de proveedores, devolución de créditos, y cubrir costes fijos. Además, las empresas no podrán repartir dividendos, ni aumentar el sueldo de sus directivos durante los dos años posteriores a recibir las ayudas.
Otros 1.000 millones de euros se destinarán a empresas medianas, sin más especificaciones. Finalmente, los 3.000 millones restantes servirán para reestructurar los créditos avalados a través del ICO para las empresas con más problemas.
Antes que nada, queremos denunciar que las empresas no van a estar obligadas a preservar el empleo por recibir estas ayudas, y además se incluyen a sectores parásitos y antisociales como las casas de apuestas y empresas de juegos de azar que han acumulado millones de euros de beneficios en años pasados a costa del sufrimiento de miles de familias obreras. También resulta escandaloso que las compañías que facturen más de 10 millones y operen en varias comunidades podrán reclamar la ayuda en todas ellas, y no solo en la que tengan su sede.
Nosotros estamos a favor de ayudar a los autónomos y micro empresas de 10 trabajadores, que aglutinan a la inmensa mayoría de la población del país. Ahora bien, no estamos de acuerdo en ayudar con dinero público a empresas que sacaron enormes tajadas de beneficios durante los años anteriores o que, aun con caídas en su facturación del 30% o más, siguen teniendo beneficios. Que abran sus libros de cuenta a los trabajadores para investigar que hicieron con ese dinero y que afronten su negocio con sus propios recursos.
Las empresas que han obtenido superbeneficios con la pandemia y se han lucrado con nuestro dolor y sufrimiento (supermercados, textil, químicas, telecomunicaciones, informáticas, sanitarias, farmacéuticas, tecnológicas, etc.) que se les aplique un impuesto especial del 10% de sus beneficios para pagar este plan de ayuda a autónomos y pequeños negocios.
Si cualquier mediana o gran empresa alega pérdidas para cerrar o despedir a trabajadores proponemos su nacionalización bajo control obrero, sin indemnización, para integrarlas en un plan de producción que atienda las necesidades sociales. Y las empresas ya rescatadas deben ser nacionalizadas bajo el control de sus trabajadores y sin ninguna indemnización.
Los trabajadores son quienes crean la riqueza, los empresarios viven del trabajo no pagado a la clase obrera. Que se rescate a las familias trabajadoras, no a los ricos.
Fuente imagen portada: www.exspresso.pt
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