EDITORIAL DE LUCHA DE CLASES Nº 65 - Nos enfrentamos a una situación dramática donde los trabajadores sólo están recibiendo migajas, cuando necesitamos cambios urgentes. El gobierno tiene miedo a la voz de orden de los empresarios. Los trabajadores deben tomar la iniciativa para impedir que sus condiciones de vida se degraden más, con la organización y la lucha.
La epidemia de coronavirus ha detonado la crisis económica más profunda de nuestra historia. La actividad económica cayó el 5,2% en el primer trimestre del año, y la caída prevista para todo 2020 oscila entre el 9% y el 13%.
De una tasa de desempleo del 13,7% en enero, el gobierno prevé que se elevará hasta el 19% al final del año: 4,4 millones de parados. Pero este es un pronóstico optimista. Con 3,3 millones de trabajadores afectados por las regulaciones temporales de empleo (ERTE), se estima que un millón no volverá a trabajar por el cierre de empresas. Así, lo más probable es que el desempleo se sitúe al final del año en los 5 millones, un 21%-22% de la población activa.
Como en 2008-2009 la destrucción de empleo se está centrado en los trabajadores temporales, inmigrantes y jóvenes, los más precarizados y con peores salarios. Esto se agrava por el carácter parásito y cortoplacista del empresariado español, enfocado en inversiones mínimas y ganancias rápidas en actividades improductivas, marginales o de escasa producción de valor, listas para hundirse ante la primera crisis seria, como la hostelería, el turismo, las actividades inmobiliarias y la producción agraria, “motores” del crecimiento económico de los últimos años.
Las previsiones del gobierno
La deuda pública se ha disparado del 95,5% al 102% del PIB, y podría alcanzar el 120% al final del año, 1,2 billones de euros. El déficit público podría llegar a los 130.000 millones de euros, el 12% del PIB, frente a los 35.195 millones de 2019, agravado por la caída en la recaudación de impuestos.
El Banco de España ya emitió su opinión de que habrá que imponer ajustes para reducir la deuda pública, con recortes del gasto público adicionales de 6.000 millones de euros anuales. Como en 2008-2012, la burguesía se prepara para endosar la factura de la crisis a las familias trabajadoras.
Quienes no pagarán serán las grandes empresas y bancos que ya aportaron en 2019 por el impuesto de sociedades la mitad (22.700 millones de euros) de lo que aportaban en 2007 (44.800 millones) con la excusa de que ya tributan en otros países, y que ahora pagarán menos aún con la excusa de la crisis.
En este contexto, el gobierno ha cerrado un acuerdo con empresarios y sindicatos que deposita sobre las espaldas del Estado y de los contribuyentes el coste de mantener la economía a flote, con los ERTEs “por fuerza mayor”. Además, en los ERTEs decretados por las demás causas, el trabajador ya no percibirá el 70% del salario del Estado sino del subsidio de desempleo acumulado, y quien carezca de un año cotizado no cobrará nada. Eso sí, los empresarios verán reducidas sus cotizaciones sociales entre el 35% y el 60%.
El acuerdo obliga a las empresas a no despedir en 6 meses tras la finalización de los ERTEs, pero con excepciones importantes que serán un coladero para sortear esta prohibición: como el “riesgo” de entrar en concurso de acreedores o que las empresas tengan “alta variabilidad o estacionalidad” en el empleo. Las empresas también podrán despedir a los trabajadores que no estén afectados por el ERTE.
El gobierno va tirando del gasto público, repartiendo dinero a diestro y siniestro, sobre todo a las empresas, encomendando su espíritu a la “gracia” de la Unión Europea para que financie esto con subvenciones a fondo perdido.
Sin embargo, pese a los deseos del gobierno, la mayor parte de las ayudas de la UE computará como préstamos que habrá que devolver tarde o temprano con fuertes ajustes y recortes del gasto social, todo sea en interés de los beneficios y del rescate de las grandes compañías. Pequeñas concesiones, como los 3.000 millones del Ingreso Mínimo Vital para sectores vulnerables, palidecen ante los 100.000 millones en avales públicos para los créditos fallidos de las empresas.
Sánchez, entre dos aguas
El gobierno va a trompicones, anunciando una cosa para desmentirla al día siguiente. Así pasó con el acuerdo con Bildu para derogar integralmente la reforma laboral del PP, tras la queja de la representante del IBEX35 en el gobierno, la ministra Nadia Calviño, “la única cabeza sensata del gobierno” según declaró despectivamente la patronal CEOE. Realmente, el acuerdo con Bildu fue una maniobra tramposa de Sánchez para asegurarse apoyos en la prórroga del Estado de Alarma, y de Bildu para posicionarse mejor en las próximas elecciones vascas, pero tal cómo acabó introdujo una señal peligrosa: los intereses empresariales no se tocan y los trabajadores deben soportar el peso de la crisis capitalista.
En esto, vemos el giro “al centro” de Ciudadanos ordenado por el IBEX35 para tender puentes con el aparato del PSOE. La burguesía suspira con “resucitar” a Ciudadanos para volverlo a situar en el futuro como partido “bisagra” del régimen.
Todo se aplaza para el 2021, hasta que pase la tormenta: la subida de impuestos a los ricos, “revisar” la reforma laboral, derogar la ley mordaza, etc. La impotencia del gobierno resulta de querer equilibrarse entre empresarios y trabajadores, quedándose a mitad de camino sin contentar a nadie. Mientras, el cobro del Ingreso Mínimo Vital llega tarde y requiere múltiples papeleos, y decenas de miles de trabajadores aún no han cobrado el salario del ERTE.
La derecha trata de ganar la calle
Al gobierno lo salva, por ahora, el odio de millones de trabajadores y jóvenes a la derecha y la ultraderecha que han iniciado una campaña en la calle de acoso y derribo, con la complicidad indisimulada del aparato del Estado (policía y jueces) y la pasividad cobarde del ministro del interior, Grande-Marlaska, que les deja hacer. Sánchez e Iglesias han denunciado esto como un intento de derrocar al gobierno. Tienen razón, pero se limitan a quejarse y agachar la cabeza. Afortunadamente, los barrios obreros de Madrid y otras zonas están plantando cara a la ultraderecha con movilizaciones valientes.
Los dirigentes de VOX están fuera de la realidad y sus bases enloquecidas, al pretender hegemonizar la derecha y alcanzar el poder “a la venezolana”. Tarde o temprano, provocarán una respuesta contundente de la clase trabajadora.
Sin duda, sectores empresariales como la hostelería, comercio, inmobiliarias, o agricultura, están animando estas protestas para obligar al gobierno a levantar el confinamiento de la población y poder retomar sus negocios. También quieren dejar intacta la reforma laboral del PP e impedir las inspecciones anunciadas en el campo andaluz y murciano ante la explotación atroz de los trabajadores, mayoritariamente inmigrantes.
En esta situación, los trabajadores no pueden esperar de Sánchez más que migajas, cuando necesitamos cambios urgentes. El gobierno tiene miedo a la voz de orden de los empresarios. UP, atada al gobierno, muestra la misma incapacidad. Los trabajadores deben tomar la iniciativa para impedir que sus condiciones de vida se degraden más, con la organización y la lucha.
Enorme potencial para las ideas socialistas
Pese a todo, la clase obrera ha pasado al primer plano de la escena. Millones de trabajadores han comprobado por sí mismos que sin su permiso ni se mueve una rueda ni se pone un plato de comida en la mesa. Pese a la dureza de las condiciones de vida y laborales de estos meses, los trabajadores han visto elevarse su estima y estatura a niveles que nunca habían sentido antes.
Hay un cuestionamiento general del sistema en todas partes. Las encuestas señalan un apoyo creciente a la intervención del Estado en la economía, a las nacionalizaciones y a subir los impuestos a los ricos.
Hay un enorme potencial para las ideas socialistas. Se ha podido ver que, además del inmenso sacrificio y esfuerzo de los trabajadores sanitarios, ha sido la intervención estatal –obligando a fábricas privadas a producir respiradores, mascarillas, guantes, batas, jabón desinfectante, etc.– lo que ha permitido controlar la epidemia y reducir los contagios, pese a las deficiencias y negligencias de los gobiernos estatal y autonómicos.
¿Por qué lo que ha sido bueno para combatir una enfermedad y un problema social tan grave, no podría servir también para solucionar los demás problemas sociales? Si las grandes empresas y bancos fueran nacionalizados podríamos utilizar sus fabulosos recursos y tecnología para reorganizar y planificar la economía en interés de la inmensa mayoría de la sociedad.
La clase trabajadora produce la mayor parte de la riqueza de la sociedad y mantiene a los empresarios y sus familias. Si esa riqueza fuera propiedad colectiva gestionada democráticamente por todos, en poco tiempo podríamos crear un verdadero paraíso en la sociedad, sin estrecheces ni sufrimiento, sin opresión ni explotación. Esto es lo que significa el socialismo.
Hacia este objetivo debemos dirigir nuestras luchas, ilusiones y energías ¡Que la crisis la paguen los ricos! ¡Que la economía y la sociedad estén en manos de la clase trabajadora! ¡Únete a la lucha por el socialismo!
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