El drama de la hepatitis C: expropiar para curar

Sovaldi es un fármaco de Pharmasset, propiedad de la multinacional Gilead, que cura la enfermedad en el 90% de los casos. En 2013, la FDA (agencia del medicamento estadounidense) aprueba su uso para el tratamiento de la hepatitis C y empieza su comercialización mundial. El precio del medicamento varía según el país en que se comercializa. En España, actualmente está en 25.000€, aunque en sus inicios llegó a estar en 80.000€. En cambio, en Egipto su precio baja hasta los 900€, y en la India a 600€. La multinacional adapta sus precios según el beneficio que cree que podría obtener en cada mercado, sin tener en cuenta la cantidad de pacientes que morirán. Además, también ha salido a la luz el coste real de producción del medicamento, que está entre 50 y 100 euros por paciente. Esta actitud nos lleva a preguntar: ¿son malvados los ejecutivos de Gilead? Como marxistas, entendemos que ese comportamiento no se debe a ningún concepto moral, sino a la lógica del capitalismo.

La búsqueda del máximo beneficio impide muchas veces que las necesidades reales se satisfagan. Las empresas privadas no tienen ningún escrúpulo en anteponer los beneficios a la vida o calidad de la vida humana. La única forma de conseguir que Sovaldi sea accesible a todo el mundo, es que sea expropiada por el estado y puesta a disposición gratuita de todos los enfermos sin recursos, y a un precio barato y accesible para el resto de enfermos (como se pagan las aspirinas, un bote de alcohol o un antibiótico común), para que el Estado recupere una parte del costo de producir el medicamento. Incluso, hemos visto cómo la Organización Mundial de la Salud se alarmaba por los precios que establecía Gilead para Sovaldi, y pedía un abaratamiento. También, en esta línea, Pablo Iglesias muy acertadamente, pedía a la multinacional que pusiese un precio accesible para la gente o abogaba a que se expropiase la patente. Sólo la lucha constante de la PLAHC puede forzar al gobierno a expropiar Sovaldi.

Para el desarrollo de este fármaco se han destinado millones de dólares de fondos públicos de EEUU y otros países, durante más de dos décadas. Sin embargo, Gilead incluye en el precio estos gastos como si hubiesen sido sufragados con dinero privado. Con la expropiación, el Estado sólo debería indemnizar a los pequeños accionistas, pues los grandes ya amasaron enormes fortunas a costa de la vida de millones de personas. Los científicos y el resto de trabajadores mantendrían sus empleos y sueldos, pero en lugar de trabajar por el máximo beneficio, trabajarían por el bien común.

El gobierno del PP no hecho frente a este problema debidamente, simplemente ha ignorado el grito de desesperación de miles de personas enfermas condenadas a morir si no se les aplica el tratamiento. El gobierno tan solo quiere financiar el medicamento a los enfermos en peligro inminente de muerte (5.000 al año), en lugar de a los 30.000 enfermos graves, que además evitarían desarrollar cirrosis o cáncer de hígado a consecuencia de la hepatitis C, como le ocurre a la mayoría de los 5.000 anteriormente mencionados.

Como el caso de Sovaldi, se producen y se han producido otros muchos similares tanto en el ámbito de la medicina como en otro sector. El problema es que el capitalismo está actuando como un freno a la ciencia. Si se invirtiese con una lógica enfocada al bien común, actualmente nos asombraríamos de los avances científicos que se pueden llegar a conseguir, pero esto sólo se puede lograr planificando la economía, donde los trabajadores tengan un control de la producción; es decir, debe producirse una democratización de la economía y sólo con el socialismo es posible.