Bolivia. El conflicto de Colquiri en preguntas y respuestas

Aunque es siempre más evidente el apoyo popular a la reivindicación de la nacionalización del 100% del yacimiento de Colquiri, la evolución misma del conflicto y la manera como este sigue siendo presentado por todos, sin exclusión, los medios de información, vemos necesario contribuir aclarando algunos aspectos.

¿No pueden convivir cooperativistas y asalariados?

No. Si se revisan las páginas de periódicos de centros mineros, por ejemplo El Potosí, las mismas condiciones de trabajo de los peones de las cooperativas hacen esta convivencia imposible. En las cooperativas, la aplastante mayoría, el trabajo es a destajo, es decir se gana por lo que se logra extraer descontando lo que se debe a las cabecillas, a la cooperativa, a las diferentes federaciones locales y nacionales del cooperativismo y, en algunos casos, a la seguridad social, cuando pueden permitirse aportar. Los cooperativistas (peones) trabajan a manos desnudas, sin equipamientos tecnológicos, en una condición de precariedad y escasa competitividad frente al trabajo que se desarrolla en las empresas. En esta situación es inevitable que los túneles de interior mina sean utilizados para entrar en las áreas de concesión de las empresas y robar mineral.

Por otro lado la misma presión de las condiciones de trabajo hace que los cooperativistas (peones) deban buscar las formas más rápidas de extraer el mineral sin aporte técnico y tecnológico. Entonces hacen volar caminos, llenan las minas de escombros y ponen en peligro el trabajo de sus “vecinos” asalariados.

Como correctamente explicaba el compañero Miguel Zubieta, dirigente sindical de la Empresa Minera Huanuni, en una entrevista “[antes de la nacionalización de Huanuni] hemos tratado de superar los problemas con los Cooperativistas, manteniendo a las Cooperativas dentro del esquema de Huanuni [conviviendo]. Día que pasaba eran los problemas: robo de mineral, de equipos, saboteo en interior mina, voladura de caminos, de buzones, era un infierno, tenía que llegar el momento en que decidamos y ese momento fue en octubre de 2006”.

¿Es un conflicto sectorial?

En un conflicto de tipo sectorial los movilizados defienden intereses propios. La pregunta entonces es: ¿Qué ganan los asalariados con la nacionalización al 100% de Colquiri? Nada, su sueldo sigue igual, su trabajo también. Lo que están defendiendo es el derecho de todos los bolivianos a beneficiarse con sus recursos.

Acaso ¿los cooperativistas no están defendiendo derechos constitucionales?

El artículo 55 de la Constitución Política del Estado establece: “El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados. El Estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley”. El articulo 310 reitera: “El Estado reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro. Se promoverá principalmente la organización de cooperativas en actividades de producción”. Las cooperativas mineras (y deberíamos preguntar también de las grandes cooperativas de servicios) ¿son “sin fines de lucro”? ¿Distribuyen con equidad sus ingresos? Todo mundo sabe que no es así.

Entonces ¿el punto es que las cooperativas vuelvan a la “filosofía del cooperativismo”?

Hemos escuchado llamados y comentarios de esta índole por parte principalmente de compañeros del MAS que temen tomar abiertamente partido a favor de la nacionalización al 100% de Colquiri. E incluso por parte de algunas federaciones departamentales del cooperativismo minero que se reivindican como “socialistas” y anticapitalistas.

La cuestión es muy concreta. Invitamos a analizar concretamente todo el sistema cooperativo boliviano, es decir en la minería, el crédito, los servicios. Encontraremos tal vez algunos loables ejemplos de cooperativas basadas en la solidaridad, la igualdad de distribución etc. Pero encontraremos muchas cooperativas que son empresas, que son instrumento de las oligarquías, fuente de corrupción, despilfarro y desigualdades, en todos los sectores.

Sumergidas en un sistema de competencia y relaciones sociales capitalistas, las cooperativas inevitablemente acaban por perder su “filosofía”. No estamos en contra de las cooperativas, pensamos que la única manera de apoyarlas realmente y restituirlas a su autentica filosofía es desde un Estado socialista, que es planificación de una economía nacionalizada en base a los criterios de la democracia directa, obrera. La utopía del cooperativismo, que es incluso anterior a Marx, plantea exactamente el contrario, que desde el cooperativismo pueda surgir una sociedad distinta. De qué manera pueda entenderse como “socialista” el hecho que las cooperativas mineras exporten aproximadamente 700 millones de dólares de minerales y dejen 20 millones al Estado, a la colectividad, a quien escribe y quien lee este texto, es todo por demostrar.

Y los cooperativistas ¿no tienen derecho al trabajo?

Claro que sí. De hecho lo que piden los asalariados de Colquiri es que todos los afiliados a la Cooperativa 26 de Febrero se incorporen a COMIBOL.

¿Esto no hace de COMIBOL una carga para el Estado? ¿No lleva a otra relocalización?

El tema de la quiebra de COMIBOL y la relocalización es demasiado serio para ser utilizado como argumento polémico en este conflicto. Es necesario hacer un balance real del fracaso de la nacionalización de las minas realizada por el MNR en 1952.

Tras la nacionalización de 1952 los mineros reivindicaban el “control obrero” como medida transicional hacia la transformación de la sociedad. El MNR en cambio estaba más bien interesado a reconstruir los cimientos del Estado burgués derrumbado por la revolución. Así si hasta 1952 los trabajadores de interior mina representaban el 82% de las nominas, el MNR redujo este porcentaje hasta menos del 34%. Dos tercios de COMIBOL eran trabajadores de escritorio, contra cualquier lógica económica y con el solo fin de limitar el peso de los obreros en la misma COMIBOL y en la sociedad y al mismo tiempo satisfacer apetitos clientelares.

Las jugosas indemnizaciones que Bolivia ha pagado a los expropiados hasta hace un par de décadas, pesaban como una roca sobre los balances de COMIBOL. Esta empresa estatal tenía además que financiar el déficit fiscal del Estado asimismo las grandes obras de la “revolución nacional”, que acababan por beneficiar a la nueva oligarquía que se iba formando en la colonización del Oriente.

Un balance serio del fracaso de la nacionalización de COMIBOL nos dice: a) que las nacionalizaciones, incluso tergiversadas como la del MNR, tienen un carácter inevitablemente progresista en un país como Bolivia. No hubiera habido conexión con el Oriente, empleo, fortalecimiento de la red vial, sin la nacionalización de la minería; b) las nacionalizaciones deben ser sin indemnización, porque es injustificado indemnizar a quienes ya lucraron sobre el saqueo de nuestro país, y porque indemnizar condiciona las posibilidades de las empresas estatales de progresar; c) el control obrero sobre producción, nominas, inversiones etc., es una necesidad para evitar que las empresas nacionalizadas se conviertan en botín político de manera totalmente burocrática y antieconómica.

Las nacionalizaciones son la forma de la solución del problema, porque permiten disponer de los recursos liberándolos de la anarquía capitalista y metiéndolos a servicio del desarrollo integral del país y de las mayorías. Pero ninguna nacionalización parcial puede sobrevivir si no se nacionalizan las palancas fundamentales de la economía – bancos, tierra, grandes empresas – y sin que el propio Estado y la administración de la economía pase a mano de trabajadores y campesinos. De no ser así las nacionalizaciones sucumben frente a las leyes de mercado, a la codicia de los ricos y de burócratas de turno.

Entrando a un terreno de ejemplos concretos y actuales, vemos la historia reciente de Huanuni. La multinacional que antes operaba este yacimiento, empleaba 800 trabajadores y quebró. Actualmente la nacionalizada Empresa Minera Huanuni emplea a casi 5000 trabajadores y en 2011 ha generado aproximadamente 24 millones de dólares en impuestos y regalías para el Estado. En 2012, a pesar de una caída del precio del estaño por debajo de los 9 dólares por libra fina que muchos pájaros de mal agüero consideraban ser el mínimo rentable, produce utilidades por 6 millones de dólares, descontando regalía e impuestos, que son reinvertidos en la industrialización y mejorar el ciclo productivo para enfrentar las fluctuaciones de precios manteniendo la estabilidad laboral.

El gobierno propone utilizar este conflicto para abordar el tema de la minería de manera estructural: ¿no es esta la solución más práctica para evitar enfrentamientos?

Estamos totalmente convencidos que el tema minero deba tratarse de manera estructural. Pero abordar la cuestión de esta manera lleva en primer lugar a decretar la nacionalización del 100% de Colquiri. Veamos por qué.

El gobierno ha sancionado en la Constitución que la minería es un recurso estatal, publico. Pero en 3 años no pudo promulgar una Ley de Minería por los vetos cruzados de diferentes sectores y de las multinacionales. Ante la propuesta de varias autoridades y militantes del propio MAS de refundar el Banco Minero, para empezar por lo menos tomando el monopolio de la comercialización del mineral, el gobierno afirmaba que en vez de refundar una institución era más efectivo cambiar de política, industrializar y así absorber la producción de mineral bruto. Esta propuesta, aparentemente sabia, servía en realidad a justificar el hecho que no se procedía a una nacionalización efectiva de la minería, y nos ha llevado a confiar en multinacionales como ATLAS o JINDAL para empezar con la industrialización. La historia, de Karachipampa y El Mutún, la conocemos todos y demuestra el fracaso de estas políticas, así como el carácter irremediablemente saqueador de las multinacionales.

No va a haber cambios estructurales en la minería sin empezar por un balance honesto de lo que ha sido hasta hoy. El fortalecimiento de este cooperativismo minero, fuera de cualquier otra lógica que no sea el interés de cuidar una alianza política que los dirigentes cooperativistas ven con oportunismo, paraliza cualquier avance en la determinación de nuevas políticas mineras que permitan un mejor aprovechamiento, económico y medioambiental, de este recurso. El confiar en las multinacionales, cuyo aporte económico podría prescindirse si el Estado tuviese en sus manos la riqueza producida por la minería, ha causado retrasos que podrían hacernos perder la condición favorable del auge de la minería. No refundar el Banco Minero ha hecho proliferar contrabando, avasallamientos, conflictos. La única manera de empezar a abordar estructuralmente el tema minero es nacionalizando, comenzando por Colquiri.

¿No son los mineros asalariados los mismos que se oponen a la nacionalización?

Seguimos escuchando y leyendo afirmaciones así. Sobre todo de parte de cierta “nueva izquierda” que nos recuerda que la FSTMB no es ni la sombra de lo que era, el capitalismo es diferente y seguir hablando de reivindicaciones como la nacionalización es luchar con fantasmas, los mineros se oponen a las nacionalizaciones etc. Es increíble tener que comentar estas cosas tras la muerte de un compañero minero que defendía la nacionalización al 100% de Colquiri.

Con posiciones como estas no sorprende que esta “nueva izquierda” sea totalmente incapaz de conectarse con las luchas vivas de la sociedad. Se formaron en la época de la relocalización, de la quiebra del capitalismo de Estado, y concluyeron que el mundo había cambiado y había que buscar la clave de este cambio definitivo fuera de las viejas categorías de un marxismo obsoleto. Pero el capitalismo cae en una crisis que es exactamente la que Marx preveía y en Bolivia vivimos un conflicto como el de Colquiri, evidentemente inesperado por quienes los comentan mirando al pasado.

La base del marxismo es la dialéctica: las cosas están en constante movimiento en que intervienen diferentes factores. Simplificando: sin las grandes movilizaciones de 2003, 2005, 2008, y el auge de la minería de estos últimos años no hubiera habido posibilidad que entre los mineros madurase la idea que estamos en una fase nueva de posibilidades y conquistas sociales. Sin esta idea no habría habido Huanuni. Sin Huanuni no habría Colquiri. Sin nacionalizar Colquiri al 100% no habría la posibilidad de cambios estructurales en la minería que permitan incluso superar el patrón primario exportador o el modelo de “capitalismo extractivo” (que no es nada más que capitalismo, porque no existe un capitalismo que no deje desiertos en la naturaleza tras de sí como lo escribía Marx hace 100 años). Lo ha entendido muy claramente y de manera autónoma un compañero como Cancio Rojas, dirigente originario de Mallku Khota injustamente detenido, el cual afirmaba que solo a partir de la minería estatal es posible una minería responsable con el medioambiente.

Antes que seguir fantasmas de un “nuevo” que ya huele a viejo y hacer paralelos inútiles entre la FSTMB de hoy y la de Lechín, hay que sostener la lucha en Colquiri porque solo con su victoria se determinan nuevas relaciones de fuerza, prioridades y se imprime un rumbo renovado al proceso.