El Poder Judicial sigue con sus abusos de poder. El Supremo Tribunal Federal (STF) negó el pedido de Hábeas Corpus (HC) de Lula y, ya al día siguiente, antes de que nuevos embargos fueran presentados en el Tribunal Regional de la 4ª Región (TRF-4), Sérgio Moro decretó la prisión de Lula.

Estamos asistiendo a otro capítulo de la operación “Lava Jato” (Lava Coches): la condena de Lula por el juez Sergio Moro a 9 años de cárcel. Como ya ha explicado la Esquerda Marxista en artículos anteriores, el Lava Jato es una maniobra impulsada por los intereses de la clase dominante.

De repente, pero sólo de repente, parece que todo el mundo está hablando de lo mismo: la muerte de Marielle Franco es inadmisible, es necesario defender la democracia. Pero las apariencias pueden ser engañosas y detrás de la aparente unanimidad, hay una brecha insalvable.

Ha habido nuevas revelaciones sobre la corrupción que corre por las venas de la política brasileña. Una investigación sobre lo que se conoce como 'Operación Lava Coches' (Lava Jato) –una red de lavado de dinero y soborno con enlaces con la petrolera estatal Petrobrás y una serie de políticos– ha estado en curso desde 2014. En fecha tan reciente como la semana pasada, esta investigación ha producido una nueva ola de acusaciones contra más miembros todavía del Congreso de todos los partidos políticos. La suciedad avariciosa que salpica al Estado brasileño es clara para que todo el que la vea.

El año apenas ha comenzado y ya hemos visto grandes manifestaciones populares en todo Irán. Las manifestaciones, que habían comenzado con demandas económicas, se convirtieron en una revuelta contra el régimen islámico reaccionario. En Túnez, los jóvenes han salido a las calles exigiendo empleo y el fin de las políticas de austeridad impuestas por el FMI. Estos dos casos nos recuerdan, una vez más, la inestabilidad política que se está extendiendo por todo el mundo y las explosiones revolucionarias que pueden detonarse por pequeñas chispas.

7.000 trabajadores municipales en Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, han estado huelga indefinida en defensa de derechos adquiridos, salarios y pensiones desde el 5 de enero. Los tribunales han declarado la huelga ilegal. Ahora el alcalde y el fiscal general exigen la cárcel para el presidente del sindicato Sintrasem Florianópolis, Alex Santos, la disolución de la ejecutiva sindical y la intervención del sindicato. Los trabajadores han respondido con una asamblea de masas y ratificado su apoyo a la huelga. Han lanzado un llamamiento a la solidaridad internacional en defensa de los derechos sindicales. Firma la resolución y comparte ampliamente.