Juicio a Otegi: nueva provocación reaccionaria del aparato del Estado

Para más inri, en 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que aquel juicio “no había sido justo por falta de imparcialidad de la magistrada que presidía el tribunal de la Audiencia Nacional”. Por tanto, si Otegi ha sido privado de su libertad de forma injusta como dictó el poder judicial europeo, ¿por qué tanto interés, justo ahora, en repetir la misma farsa?

Desde que ETA empezó a estar cada vez más debilitada, hemos sido testigos de cómo la derecha del Estado español y sus socios en el aparato estatal (policía, CNI, ejército), han intentado que siga viva, al menos en nuestras mentes. Hace prácticamente 10 años que ETA dejó de matar y decidió el cese de su actividad armada, y 2 años de su disolución definitiva. Sin embargo, ETA sigue en boca de los medios de comunicación, de los políticos y de los capitalistas en general. Ven a la organización terrorista en todas partes. Si nos descuidamos, puede que hasta en la sopa, confundiéndola con un pelo o una mosca. Y por otro lado, también continúa la represión y las torturas.

El gobierno ni siquiera cumple con la propia legalidad del Estado en materia de presos, negándose a su vuelta al País Vasco y Navarra para facilitar el contacto con los familiares como dicta la ley, manteniendo a la gran mayoría de los presos de ETA en cárceles en el otro extremo de la península o incluso en Francia. Esto obliga a sus familiares a desplazarse durante horas y cientos de kilómetros para poder visitarlos, apenas por 40 minutos. A lo largo de los años, cerca de 20 personas han fallecido en accidentes de tráfico cuando viajaban para visitar a sus familiares presos en las cárceles, además de casi 1000 heridos en unos 400 accidentes, según la organización Etxerat.

Además, se mantiene la política represiva hacia el entorno abertzale, como si ETA siguiera existiendo. Siguen las torturas, la ilegalización de organizaciones políticas y de solidaridad de la izquierda abertzale, cierre de medios de comunicación, etc., que obliga a muchos jóvenes y activistas abertzales a vivir en condiciones de clandestinidad, por no hablar del caso de los jóvenes de Altsasu.

Ahora, le ha tocado a Otegi. En 2008 y 2009, él y otros miembros de la izquierda abertzale, así como miembros del ámbito sindical vasco y otras organizaciones nacionalistas, se encontraban en un proceso de diálogo para crear un “polo soberanista” con el fin de impulsar la independencia de Euskal Herria, poniendo como condición previa el cese de la violencia de ETA. Sin embargo, por orden del juez Baltasar Garzón, la policía entró en la sede central del sindicato LAB en San Sebastián, donde detuvo a Arnaldo Otegi, Rafa Díez (ex-secretario general de LAB), al histórico dirigente abertzale Rufi Etxeberria, a la extesorera de EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas) Sonia Jacinto, entre otros, bajo el pretexto de que Batasuna (por entonces ya ilegalizada) llevaba tiempo “trabajando para que ETA declarara una tregua parcial con el objetivo de llegar a acuerdos con Eusko Alkartasuna, Aralar, Abertzaleen Batasuna y el sindicato ELA para presentarse a las elecciones de 2011”. ¿Puede existir en la Tierra una prueba más clara de quién busca la paz, y quién sigue encontrando a ETA hasta debajo de las piedras?

Tras las detenciones, comenzó el juicio en la Audiencia Nacional el 27 de junio de 2011, presidido por Ángela Murillo, quien en todo momento mostró signos de falta de imparcialidad, dirigiéndose de forma despectiva hacia Otegi y preguntándole si condenaba el terrorismo. Tras el silencio de Otegi a dicha pregunta, Murillo afirmó: “Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta”. Sin embargo, durante el último turno de palabra, Otegi afirmó con rotundidad que “ETA sobra y estorba en nuestra estrategia”, y que el único escenario que planteaban era el del “cese definitivo de la lucha armada”.

La sentencia de la Audiencia Nacional fue la de condenar a 10 años de prisión y 10 de inhabilitación a Arnaldo Otegi y Rafa Díez, acusados (pese a todo) de pertenecer a ETA, además de penas de 8 años a otros encausados. Poco después ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada.

Los recursos presentados por la defensa fueron rechazados por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, sin resultados unánimes en las votaciones, aunque el Tribunal Supremo rebajó las sentencias a 6 años y medio de prisión. Todos los condenados acabaron cumpliendo íntegramente las penas de prisión, y no fue hasta que se llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se reconoció, por fin, aquella falta de imparcialidad de la magistrada Murillo, que hizo que el Tribunal Supremo anulara la sentencia del caso Bateragune. Aun así, el daño ya estaba hecho.

Ahora, aprovechando aquella sentencia del TEDH, y el artículo 4.2 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prevé el doble enjuiciamiento ante "hechos nuevos o nuevas revelaciones o un vicio esencial en el proceso anterior que pudieran afectar a la sentencia dictada", el Tribunal Supremo ha ordenado la repetición del juicio. Obviamente, es una decisión política que busca atacar y desmontar como sea a la izquierda abertzale, que desde que se desmarcó de la violencia se encuentra en auge, como se ha ido viendo en las últimas elecciones. Para ello, buscarán cualquier artimaña, cualquier artilugio legal como en este caso.

Incluso el juez que ordenó las detenciones allá en el 2009, el juez Baltasar Garzón, ha dicho estos días que este nuevo juicio “no lo ve claro” y que es “una nueva condena”. El jurista Javier Pérez Royo razona también de la siguiente manera en eldiario.es: “Los 16 magistrados que integran la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la sentencia mediante la que ordenan la repetición del juicio contra Arnaldo Otegi en la Audiencia Nacional, señalan "que el Estado de Derecho no puede permanecer impasible ante una privación de libertad cuya justificación se ignora..." y decide, en consecuencia, que hay que repetir el juicio para que "se conozca" la justificación de dicha privación de libertad. En esta frase está el núcleo esencial de la sentencia 682/2020. Otegi ha estado seis años en prisión sin que se sepa muy bien por qué, vienen a decir los 16 magistrados que firman la sentencia. Ahora habrá que explicar por qué ha sido así.”

Ahí está la cuestión. Básicamente, el Tribunal Supremo, para poder usar la triquiñuela de la que hablábamos, reconoce que Otegi no tuvo un juicio parcial, y que entonces no se sabe muy bien por qué ha estado 6 años en la cárcel, y de ahí la necesidad de repetir el juicio. ¿Pero, entonces, por qué avalaron la condena de la Audiencia Nacional en su momento? ¿Por qué lo hizo también el Tribunal Constitucional? La respuesta está clara: porque avalaban también la falta de imparcialidad. Es decir, sus decisiones también estaban motivadas. Es todo el sistema judicial español, junto con el Estado, quien no es imparcial y cuyas acciones están siempre motivadas políticamente.

Quienes mandan en esta “democracia” plagada de cloacas, que han sido siempre los grandes empresarios y sus canes de la derecha, no están felices con el fin de ETA ni con los pasos que se han dado hacia la paz. No tienen el más mínimo interés en la resolución del “conflicto vasco” y esperan seguir sacando beneficios políticos. Justo ahora, cuando el paro juvenil se sitúa por encima del 40% (el más alto de la UE), cuando el coronavirus ha colmado el vaso de la crisis capitalista inevitable, y millones de personas se encuentran en situación económica desesperada, justo ahora se monta este teatro esperpéntico para así desviar la atención de lo que verdaderamente importa a la gente.

Además, con el tema catalán aún no resuelto, y con la situación económica empeorando cada día y amenazando con traer más huelgas y movilizaciones, les interesa manchar a todo lo que desafíe al status quo como terrorista. Así, esto les permitiría mantener un código penal altamente represivo que les sirve para reprimir las luchas sociales y la libertad de expresión en un contexto de deslegitimación popular de todo el régimen del 78. También les interesa sobre todo acabar de una vez por todas con la izquierda abertzale, incluso siendo ésta pacífica y condenando la violencia, más ahora cuando parece que los jóvenes vascos se inclinan en mayor número hacia estas tendencias, por culpa de la falta de contundencia de Podemos.

Por otro lado, el encausamiento de Otegi también forma parte de la estrategia de la derecha y de las cloacas del Estado para desprestigiar al gobierno PSOE-UP, tras haberse apoyado en los votos de EH Bildu en el Congreso con el objetivo de sacar adelante los presupuestos y algunas de sus medidas progresistas, a cambio de acabar por fin con la dispersión de los presos, entre otras peticiones. Es decir, atacando a Otegi disparan también contra el gobierno. Esta estrategia no es nueva, ya que la llevamos viendo desde que comenzó el gobierno de coalición. De entre el diccionario de desfachateces que vomitan la derecha de la burguesía, mientras echan espuma por la boca (bolivarianos, comunistas, etc.), la que más parece gustarles es la de “pro-etarra”, y se aferrarán a cualquier cosa para descalificar de esa manera al gobierno democráticamente elegido que tenemos.

De todas formas, debemos dejar claro que como marxistas rechazamos totalmente el terrorismo individual, que se define como la eliminación física de miembros de las fuerzas represivas, del gobierno o de la burguesía por parte de un grupo de individuos autoelegidos. El método del terrorismo individual es un método totalmente ajeno a la clase obrera y siempre ha sido combatido por el marxismo. El capitalismo no descansa en individuos, sino en el dominio de toda la burguesía sobre el resto de la sociedad, que utiliza el aparato del Estado (ejército, policía, jueces, leyes, etc.) para asegurar su poder y mantener la respuesta de la clase obrera dentro del orden establecido.

Eliminar individuos, por muy identificados que estén con la represión, no sirve para acabar con el sistema capitalista. Los individuos son sustituidos fácilmente. Además, las acciones terroristas sirven para que el Estado pueda aumentar su capacidad represiva, justificando así sus actos ante el conjunto de la población. La acción, por tanto, debe ser de masas, o no será.

Esto es algo que la izquierda abertzale ha tenido que reconocer, y que desde hace más de una década ha estado defendiendo. Por ello, no podemos aceptar estas acciones del Estado español que solo buscan revivir a ETA en espíritu, obstaculizar la paz y la convivencia, y apagar la llama de cualquier movimiento que ataque el régimen del 78. Ellos saben muy bien que sólo la clase obrera está en condiciones de llevar hasta el final la lucha contra todo tipo de explotación y opresión, y de asegurar mediante el socialismo la plena satisfacción de los derechos democráticos más avanzados, comenzando por el derecho del pueblo vasco y del resto de naciones oprimidas a decidir por sí mismo su destino, incluido el derecho a formar un estado independiente, si esa fuera la voluntad democrática de la mayoría.