QUE EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT LO ELIJA EL PUEBLO CATALÁN Y NO LA CASTA JUDICIAL DEL RÉGIMEN MONÁRQUICO QUE ESCAPA A TODO CONTROL POPULAR - Con la inhabilitación efectiva de Quim Torra, el aparato del Estado español vuelve a pisotear desvergonzadamente los derechos democráticos del pueblo catalán. Todos los demócratas en general, y los revolucionarios en particular, tenemos la obligación de posicionarnos contra este ataque.
Torra, elegido President de la Generalitat a través de una votación democrática en el Parlament elegido directamente por el pueblo catalán, ha sido inhabilitado por un Tribunal Supremo no elegido por mandato popular, sino designado a dedo en la época de Rajoy para servir a los intereses del régimen monárquico.
Torra ha sido descabalgado de la Generalitat por negarse a descolgar una pancarta en solidaridad con los presos políticos del balcón del Palacio de la Generalitat, durante las elecciones generales de abril de 2019. Esta pancarta, aparte de ser un ejercicio del derecho democrático de expresión, estuvo colgada durante meses antes de las elecciones. Todo catalán conocía la posición del Govern de Torra sobre los presos políticos del Procés, así que el argumento de que dicha pancarta colgada en el balcón de la Generalitat, de alguna manera, podía influir en las elecciones generales de abril de 2019 en Catalunya era una completa estupidez. Fue la antidemocrática y no electa Junta Electoral de Catalunya, dominada por la derecha española, la que hizo la denuncia torticera contra Torra ante el Tribunal Supremo (otra cueva de la reacción derechista) por negarse a obedecer el requerimiento antidemocrático de dicho organismo para que la quitara.
Las instituciones catalanas tienen todo el derecho a reivindicar a los presos políticos y no se puede hablar del "uso partidista" de la Generalitat cuando representantes electos del pueblo catalán están en prisión, cuando la mitad de la población está silenciada por el Estado y se niega con mano de hierro el clamor del derecho a la autodeterminación, que apoya una mayoría clara del pueblo catalán, incluidos no independentistas. La Generalitat no sólo tiene el derecho, sino el deber, de protestar contra este estado de cosas. De hecho, si algo podemos criticar a Torra, es su inconsistencia en la lucha por los derechos democráticos: recordemos que finalmente retiró la pancarta, ¡aunque a ojos del Tribunal Supremo tardó demasiado! Esta inhabilitación es el último episodio en una larga lista de abusos, comenzando por la represión del 1 de Octubre de 2017, la plicación del artículo 155 de la Constitución y la suspensión de la autonomía catalana, el encarcelamiento de la mayoría de miembros del antiguo Govern y de los Jordis, el proceso contra los CDR, etc. El propio Torra fue elegido para la presidencia después de la inhabilitación consecutiva de Puigdemont, Jordi Sánchez y Turull por el mismo Tribunal Supremo.
De nuevo podemos apreciar el carácter profundamente reaccionario del régimen del 78, enemigo irreconciliable del derecho de autodeterminación y de los derechos democráticos de los catalanes, vascos y gallegos. Pero ese es sólo un lado de su perfil reaccionario. El patriotismo españolista opresor que muestra, es una fachada interesada para aplicar una política represiva general contra todo lo que represente una amenaza al sistema y a sus representantes, dentro y fuera de Catalunya: tuiteros, raperos, piquetes de huelga, activistas obreros combativos despedidos por organizarse sindicalmente y luchar, republicanos españoles, vecinos de Madrid que luchan contra el confinamiento clasista de Ayuso, inmigrantes explotados salvajemente por empresarios agrícolas, etc.
Mientras más se fortalezca esta aparato de Estado, mientras mayor sea su “autoridad moral” ante la población española por “dar caña a los independentistas”, más pesada será la cadena que las familias trabajadoras españolas se atarán alrededor de su cuello porque será utilizada contra nosotros: que no se hable de los bajos sueldos, el problema es Catalunya; que no se hable de la vida de holgazán de los Borbones, el problema es Catalunya; que no se hable de la impunidad represiva de la policía y la Guardia Civil, el problema es Catalunya; que no se hable de la falta de futuro de la juventud obrera, de la precariedad laboral, del acceso a una vivienda digna, de la explotación patronal y de la vida lujuriosa de los ricos: silencio, que el problema es Catalunya, como ayer lo era ETA (aunque dejara de actuar) o Batasuna.
¿Es que no sería más democrático decidir entre todos los pueblos del Estado, fraternalmente, cómo queremos relacionarnos: si convivir compartiendo el mismo Estado, federados, confederados o hacer la experiencia de vivir independientemente? Sea cual sea el resultado, a través del derecho de autodeterminación el vínculo de respeto y relación fraterna que permanecerá será más sólido y firme. La clase trabajadora reforzará sus vínculos fraternales. Una unión forzada simplemente sembrará más división, represión y opresión para la clase trabajadora del todo el Estado.
Quien únicamente puede temer la “ruptura” del Estado es el cuerpo de "chupópteros" privilegiados que vive de él. El aparato del Estado español (la casta judicial, la casta policial y militar, la alta administración del Estado y el cuerpo diplomático) es un parásito que chupa a chorros la riqueza del pueblo con sueldazos, coches oficiales, sirvientes, viviendas de lujo gratis, privilegios insultantes, jubilaciones doradas, y todo tipo de gastos “reservados”. Su patriotismo es parte sustancial del negocio de estas sanguijuelas que, a cambio, cuidan celosamente los intereses de los grandes bancos y empresas y de la propia monarquía. Es un organismo que escapa a cualquier control democrático de la población, e incluso en el caso policial y militar, hasta del gobierno mismo.
El aparato represivo del Estado, con su ideología neofranquista, es un fiel reflejo de la clase dominante a la que representa: una burguesía parasitaria y corrupta hasta el tuétano, que sólo se puede sostener con la ayuda de la vara. Hay que señalar en particular el papel represivo de la Justicia, ese contubernio opaco y privilegiado de jueces, fiscales, magistrados, abogados del Estado y otros buitres, que disfraza su ideología reaccionaria con una pesada verborrea legalista. Hace tan sólo unos días se vanagloriaban de su política monárquica, pidiendo la presencia del rey (que les animó en su protesta) en la ceremonia de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona. Efectivamente, la monarquía es el vértice de esta pirámide represiva y corrupta que es el Estado español. Esta es la panda que ha inhabilitado a Torra, Nosotros tenemos profundas diferencias con Torra y su gobierno, pero quien tiene que ajustar cuentas con él no es la Justicia neofranquista del Estado, sino la juventud, los trabajadores y los republicanos e independentistas catalanes. La inhabilitación unánime por parte del Tribunal Supremo es al mismo tiempo un ataque contra el gobierno central, que busca ganarse el apoyo independentista catalanes en el Congreso para los presupuestos con el indulto a los presos políticos. El Estado no puede tolerar ni siquiera la política timidísimamente izquierdista del gobierno central.
Dicho esto, el gobierno "más progresista de la historia" de la democracia española muestra de nuevo su cobardía ante el aparato represivo del Estado. Al abrazar con entusiasmo el statu quo, concretamente la Constitución del 78, aceptan que el margen de maniobra para reconducir la situación en Catalunya es extremadamente reducido ante la resistencia decidida de la burguesía y de su aparato estatal. ¿Y qué hacen ante esta situación? ¡Entrar en conflicto con las altas esferas del sistema judicial por, según afirman con orgullo, haber protegido al rey del odio del pueblo catalán la semana pasada! La purga de todos los elementos franquistas y reaccionarios de la judicatura es inconcebible para el gobierno "progresista", pese a la oposición firme y descarada de aquéllos hacia el gobierno central democráticamente elegido. Más aún, éste busca enérgicamente la negociación para la renovación de la cúpula judicial con el PP, en lugar de agitar e impulsar la movilización popular en la calle para exigir y forzar la dimisión de los altos tribunales cuyos mandatos caducaron hace varios años, mientras que siguen promocionando descaradamente a jueces de su cuerda en todo el sistema judicial español. Del PSOE era totalmente esperable esta actitud, no de los dirigentes de UP, que con su posición no hacen más que apuntalar, quiéranlo o no, al régimen monárquico del 78, pese a sus declaraciones retóricas a favor de la república que no tienen ninguna continuidad en la acción.
La dirección de UP, los movimientos de izquierda, sociales y obreros deberían organizar acciones de protesta contra esta decisión injusta y antidemocrática. El ataque contra el pueblo catalán es un ataque contra las familias trabajadoras de todo el Estado
¡No a la inhabilitación de Torra!
¡Presos políticos catalanes, libertad!
¡Alto al acoso a los CDR y al movimiento independentista catalán!
¡Por el derecho de autodeterminación!
¡Por la república y el socialismo!
(Lee la declaración de los camaradas de L'Octubre, en catalán y castellano)
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