Cuestión nacional
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El pasado 28 de julio el juzgado de penitenciaría número 5 de Cataluña, apoyándose en las recomendaciones del Tribunal Supremo, suspendió el tercer grado a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn, que les permitía disfrutar de condiciones de semi-libertad. La situación de Jordi Turull, Josep Rull, Carmen Forcadell y Dolors Bassa también está bajo revisión y será recurrida en los próximos días por la fiscalía.

[CATALÀ]

La suspensión del tercer grado refleja la actitud autoritaria y chovinista de la judicatura, y del Estado español en su conjunto, irremediablemente hostil al derecho de autodeterminación. No han olvidado los acontecimientos del 1 de octubre y la amenaza que supusieron para el régimen. Nosotros no compartimos la estrategia de ERC-JxCAT, pero entendemos que quien debe rendir cuentas con ellos no es la judicatura neofranquista del régimen, sino (y por motivos bien diferentes) la juventud, los trabajadores y el movimiento republicano catalán. Por otra parte, la decisión de suspender el tercer grado también responde al deseo de silenciar las voces de los presos, que aprovecharon las condiciones de semi-libertad para hacer agitación política, particularmente en el caso de Jordi Cuixart, que animó a los jóvenes a desobedecer las leyes injustas del Estado. Cabe también especular que esta decisión, alentada por el Tribunal Supremo, busca desestabilizar el gobierno de coalición del PSOE-UP, que hasta ahora ha dependido del apoyo de ERC, y que es una pieza clave en las negociaciones para los futuros presupuestos estatales. Este gobierno se caracteriza por su moderación y apocamiento ante los poderes económicos y políticos, incluyendo su frialdad hacia la situación de los presos y hacia la cuestión nacional catalana. La respuesta de los ministros a esta provocación de la judicatura ha puesto de relieve nuevamente esta cobardía, con el silencio predecible del PSOE y la postura lastimosa de Pablo Iglesias, que acata la decisión de los jueces y resalta que no comparte "en absoluto" el "proyecto político "de los presos. Sin embargo, incluso la insegura y contradictoria retórica izquierdista y las vagas promesas sociales y democráticas de la coalición resultan intolerables para el aparato del Estado, heredado de raíz del franquismo, y para sus dueños: los grandes capitalistas , que no toleran ningún cuestionamiento, por mínimo que sea, de sus privilegios y beneficios, sobre todo en condiciones de crisis económica. Con su actitud apologética y pasiva, los ministros del PSOE-UP esperan apaciguar la judicatura, pero en realidad la alientan y preparan el terreno para más provocaciones.

La dureza del castigo a los presos políticos, encarcelados por tratar de llevar a cabo su mandato democrático del 1 de octubre, contrasta manifiestamente con la suavidad del trato al rey emérito Juan Carlos, sobre quien cada día se filtran más noticias de sus escandalosas y desvergonzadas corruptelas, o de su yerno Iñaki Urdangarín, que goza de condiciones penitenciarias privilegiadas. En el Estado burgués, incluso en las repúblicas más democráticas, la justicia no es neutral, sino que está al servicio de los ricos y poderosos. Al régimen del 78, un sistema político especialmente regresivo y autoritario, esta verdad es especialmente cruda y descarada. Para los pobres, los inmigrantes, los activistas sociales, los sindicalistas, los músicos y artistas disidentes y los militantes independentistas, puño de hierro; para la Casa Real, los políticos del PP y del PSOE, los empresarios corruptos y explotadores, los machistas y acosadores y los fascistas, guante de seda.

¿Cómo responder a este nuevo ataque a los derechos democráticos? Tanto los presos políticos como los jefes de UP han respondido a la suspensión del tercer grado con nuevas llamadas al "diálogo". Lo que hay que preguntarse es: ¿diálogo con quién y para qué? Dentro del marco del régimen del 78 el derecho a la autodeterminación está vetado, a pesar de las ilusiones y deseos de los ministros de UP y los dirigentes de ERC-JxCAT. En realidad, su política miedosa no ha conseguido nada para los presos y sólo ha invitado nuevos ataques antidemocráticos. Las altas esferas del Estado, opacas y profundamente antidemocráticas, nunca permitirán el cuestionando de la unidad de España, es decir, la inviolabilidad de las instituciones y del sistema político del que emanan todos sus privilegios. Sin enfrentarse al régimen del 78 es imposible lograr el derecho a la autodeterminación. En el mejor de los casos, el Estado sólo otorgará migajas insignificantes. Y levantarse contra el Estado implica luchar contra el sistema capitalista en el que se sostiene y al que está ligado por miles de hilos. La nueva crisis capitalista mundial impactará duramente al Estado español y profundizará el descrédito de sus instituciones. Hay que ligar la lucha por la liberación nacional de Cataluña con la lucha por los derechos sociales, democráticos y económicos en todo el Estado. La CUP está en una posición privilegiada para convertirse en la dirección revolucionaria que este movimiento necesita para triunfar. La lucha conjunta en la calle con ERC-JxCAT y entidades afines en defensa de los derechos democráticos (en la medida en que estos estén dispuestos a movilizarse) no es incompatible con una crítica política al procesismo, al que debemos contraponer un programa claro de ruptura revolucionaria con el Estado y el capitalismo.

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