El conflicto entre los gobiernos de España y Gibraltar se inició con la queja de los pescadores de la Bahía de Algeciras por la presencia de bloques de hormigón depositados por las autoridades gibraltareñas en aguas cercanas a la costa, que les impedían faenar. Según el gobierno gibraltareño, la pesca masiva de arrastre estaba destruyendo el fondo marino y los bancos de corales.
Independientemente de quién tenga la razón en este conflicto particular, este tipo de situaciones suele resolverlas la diplomacia burguesa de manera reservada, intercambiando notas, enviando emisarios, etc. y en general, termina alcanzándose un acuerdo.
Sin embargo, el gobierno de Rajoy creyó encontrar aquí un filón para hacer un gran escándalo y avivar demagógicamente el nacionalismo español con que desviar la atención general de los problemas sociales. Para hacer más impresión, el gobierno –que permaneció mudo dos años sobre Gibraltar– descubrió repentinamente contrabando de tabaco, usurpación de la costa, daños ecológicos, paraísos fiscales, venta fraudulenta de combustible en barcos), etc. llegando a imponer controles de fronteras kilométricos y una tasa de 50 euros a los turistas que cruzaban la verja. La reacción esperada de las autoridades del Peñón y del Reino Unido fue rechazar sonoramente estas denuncias y negarse a negociar. Para el Reino Unido, potencia imperialista venida a menos, la cuestión del prestigio es un tema fundamental, y tomó como una afrenta habérsele señalado públicamente con el dedo. Lo que tampoco esperaba el gobierno español fue el rechazo masivo a sus medidas entre la población española del Campo de Gibraltar, cuya economía está soldada al Peñón.
Todo el mundo conoce el carácter especulador, tramposo y opaco de la economía gibraltareña, pero ¿es que en el Estado español no se esquilman caladeros de pesca ni se destruyen espacios naturales, no hay evasión fiscal ni facturas B? ¿No amparó el PP todo esto en los últimos años? ¿Por qué no denuncia a las empresas españolas que venden tabaco y combustible a Gibraltar haciendo buenos negocios? ¿Por qué no denuncia a las grandes empresas españolas que guardan fortunas en los bancos gibraltareños sin declarar ni pagar impuestos? Tratan de soliviantar a la población española porque “Gibraltar nos pertenece”, pero ¿es que acaso España nos pertenece al pueblo, o a las 100 grandes familias que controlan la economía del país? Finalmente, el gobierno del PP, agachando la cabeza, ha tenido que implorar a la Unión Europea que medie en el conflicto para buscar una salida negociada.
Nuestra demanda no es “Gibraltar español”, sino terminar con el capitalismo y sus lacras en España y Europa. Seguramente entonces, la población gibraltareña encontraría irresistible integrarse en una Federación socialista ibérica si ése fuera su deseo.
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