Tras la reunión del pasado 12 de julio entre Emiliano García-Page, actual presidente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, y José García Molina, diputado autonómico y Secretario General de Podemos C-LM, la negociación en torno a los presupuestos de la Junta para 2017 recibió un impulso definitivo. El aspecto fundamental, que los medios de comunicación se encargaron de resaltar tras la rueda de prensa ofrecida por ambos líderes, fue que el nuevo acuerdo tenía como base principal el ofrecimiento de participación de Podemos en el gobierno autonómico.
Este nuevo acuerdo fue avalado e impulsado por la dirección estatal de Podemos, en total acuerdo con la posición del Secretario General autonómico. El Consejo Ciudadano Autonómico se unió el pasado 19 de julio a esta postura, con 26 votos a favor, 9 abstenciones y ningún voto en contra, a pesar de que la corriente Anticapitalistas tiene 8 miembros de sus filas y se muestra contraria al ofrecimiento de García-Page. Seguidamente, entre el 21 y el 24, la militancia fue consultada de forma telemática, ratificando el acuerdo con 3562 votos a favor, 1006 en contra, aunque con una participación de tan sólo el 48% de los inscritos activos.
Antecedentes del nuevo acuerdo
En los meses previos, los desencuentros y acusaciones cruzadas por parte de PSOE (15 diputados) y PODEMOS (2 diputados) han sido constantes. La crisis del acuerdo de legislatura que permitió a García-Page convertirse en junio de 2015 en Presidente de la Junta, quedó patente en septiembre de 2016, cuando el compañero García Molina manifestó que “el acuerdo de investidura ha muerto por desaliento y vergüenza”, acusando a García-Page de ser un presidente sin palabra alguna. Hay que recordar que García-Page no tuvo problema alguno entonces en firmar un documento de 18 páginas ante notario, concitando la “confianza” de Podemos en “un nuevo tiempo político”, que permitió cerrar el paso al PP (16 diputados).
Esto no impidió que las medidas anunciadas a bombo y platillo quedaran aparcadas sistemáticamente, a pesar de los plazos marcados en el documento y de las continuas denuncias por parte de Podemos, IU y las organizaciones sindicales y sociales. La Renta Garantizada, la Ley regional de Auditoría Pública, el Plan de Rescate Habitacional, el Plan Regional contra la Pobreza Energética, la derogación del decreto de 2013 de la etapa de Cospedal que regula el reconocimiento de la situación de dependencia, la reversión de las medidas privatizadoras en educación y sanidad de la legislatura del PP… ninguna pasaron de la continua propaganda mediática.
Después de la crisis, en abril, las cuentas para 2017 quedaron en suspenso tras el rechazo por parte de Podemos. Sin embargo, durante los meses previos se había combatido junto al PSOE la ofensiva del PP regional (16 diputados), que presentó una enmienda a la totalidad. El nuevo escenario puso en un aprieto importante a García-Page, que vio de nuevo bloqueadas, como en septiembre, sus posibilidades de gobierno. No obstante, su principal preocupación en esos meses pasaba realmente por implicarse en la primera línea de batalla del aparato contra Pedro Sánchez, de la mano de, a la postre, la derrotada Susana Díaz.
Durante los 3 meses precedentes a la firma del acuerdo, el PSOE-CLM desarrolló una dura campaña de acusaciones contra Podemos, a través de las cuales pretendía presentar a los dos diputados como responsables de la situación que vive la clase trabajadora, ocultando que su política ha estado centrada en continuar las medidas privatizadoras iniciadas por Cospedal, como denuncian los sindicatos. Aunque García-Page llegó a amenazar con la convocatoria de nuevas elecciones, siendo consciente de su descrédito político, tanto en el plano interno, con la reciente derrota en las primarias del sector felipista al que está adscrito, como en el público, ha decidido jugar una última carta por la vía de los hechos. La novedad ha consistido en ofrecer la incorporación inmediata de dos miembros de Podemos en el Ejecutivo, sin que los nuevos presupuestos presentados hayan variado sustancialmente, como se reconoce desde todos los ámbitos.
División interna
Aunque el acuerdo ha sido ratificado por alrededor del 80% de los participantes en las votaciones, el cambio de postura de Podemos ha suscitado un amplio debate. Recordemos que hasta ahora se ha rechazado la idea de participar en minoría en gobiernos con el PSOE, con argumentos bastante consistentes. Por un lado se ha insistido siempre en que Podemos no puede convertirse en cómplice o muleta de gobiernos que llevan a cabo políticas de corte liberal, como las que ha venido desarrollando García-Page, de forma coherente con sus posiciones socioliberales. Esto no ha impedido utilizar las posiciones en los parlamentos para bloquear el paso al PP, como máximos responsables de la situación de retroceso en derechos históricos de la clase trabajadora y la juventud. De hecho actualmente esta sigue siendo la posición de Podemos en Aragón, donde recientemente Echenique ha manifestado que "no se dan las condiciones de confianza y de acuerdo político para que Podemos Aragón pudiera entrar en un Gobierno junto a PSOE y CHA y la posibilidad no está, por tanto, encima de la mesa", aunque se mantiene cerrado el paso a la derecha.
Para los marxistas se trata de evaluar cada situación política concreta para tomar una posición en relación a los pactos, manteniendo distancias ante consideraciones de tipo general y abstractas. No obstante, es necesario adoptar una visión de conjunto de todos los elementos en juego, incluidas nuestras propias fuerzas, que siempre debemos tratar de desarrollar.
Un nuevo escenario político general
Los compañeros favorables al cambio de postura argumentan que la situación política general ha variado significativamente a raíz de las nuevas relaciones que se mantiene a nivel estatal con el PSOE. Pero ese cambio en la relación debe tener como objetivo obligar al “nuevo PSOE” a que sea coherente en su lucha contra el gobierno del PP y sus políticas, a fin de acelerar su caída, y no en comprometerse en responsabilidades de gobierno que no implican llevar a cabo siquiera una parte relevante de nuestro programa, y sí en cambio aplicar los recortes dictados por Montoro “por imperativo legal”.
La realidad es que se está obviando el carácter fraudulento del Gobierno de García-Page respecto a los compromisos de investidura y ante su propio electorado. Esto es incomprensible para al menos buena parte de nuestra base social. Por otro lado, García-Page recibe de muy buen grado la aceptación de su ofrecimiento, pues objetivamente supone para él un nuevo balón de oxígeno para tratar de, a través de algunas medidas cosméticas, remontar la crisis de credibilidad política. Por el contrario haber mantenido la presión sobre el Gobierno desde la oposición, aunque se hubieran desbloqueado las cuentas a cambio de nuevos compromisos, hubiera sido útil para mantener a este representante del ala derecha del PSOE más atado a sus labores al frente de la administración. En su lugar ahora lo que ha recibido es una tregua, pues el tono del inesperado socio necesariamente será menos agrio y más colaborativo.
La dependencia del PSOE de Castilla la Mancha respecto de Podemos no es mayor ahora por el hecho de haber entrado en el Ejecutivo, asumiendo la Vicepresidencia y la Consejería de Coordinadora del Plan de Garantía de Rentas. Lejos de ello, nuestra formación se verá sometida a continuas maniobras por parte del PSOE-CLM, que no dudará en chantajear con la no consecución de objetivos concretos desde el área de responsabilidad asumida. ¿Alguien en Podemos cree que esto no será una realidad tratándose de García-Page, quien no ha dudado de emplear todo tipo de tretas contra su propio compañero de filas Pedro Sánchez, en pos de facilitar la vuelta del PP al Gobierno central?. Por otro lado, García-Page tiene, desde este momento, el camino despejado hacia su congreso regional del PSOE previsto para el otoño, en el que podrá presentarse como un ganador nuevamente.
“Obligar al PSOE a comprometerse con las políticas sociales”
Los compañeros defensores de la aceptación del pacto también aseguran que la entrada en el Gobierno nos pondrá en una situación en la que podremos forzar el cumplimiento de los acuerdos.
La experiencia práctica demuestra que esto no pasa de ser un deseo. La situación vivida hasta hace dos años y medio en Andalucía habla por sí sola. En un contexto de ascenso electoral por parte de la izquierda (IU Andalucía alcanzó un incremento de votos de un 39%), los dirigentes de IU usaron los mismos argumentos a este respecto, y entraron a formar parte de la Junta de Andalucía. La dinámica fue clara. IU tenía responsabilidades de gobierno y esto implicaba una negociación continua con el PSOE para tratar de conseguir objetivos políticos concretos “para demostrar capacidad como gobernantes”. En estas circunstancias las críticas hacia el “socio” bajaron el tono hasta prácticamente desaparecer. Una muestra de ello fue la farsa vivida en la Comisión de Investigación por la trama de los cursos de formación. Veremos qué pasa a partir de ahora con la Comisión de Investigación por el incendio de Seseña o cuando los docentes y sanitarios se manifiesten contra los recortes. Lo que pasó con IU Andalucía sí se sabe. Pasó a ser percibida ante su propia base social, y ante la nueva capa que se incorporaba a la política activa, como corresponsable directa de los recortes que se estaban produciendo en la Comunidad. Se profundizó la brecha entre la sociedad y la organización. Como colofón, cuando el PSOE vio la oportunidad de desprenderse del lastre, procedió con provocaciones, como fue el caso del decreto unilateral contra la Consejería de la Vivienda en manos de IU (abril de 2014) y los desprecios hacia la nueva dirección regional encabezada por Antonio Maíllo. En el momento justo, se procedió a la convocatoria de elecciones, prerrogativa que siempre queda en manos de la presidencia. El resultado habla por sí sólo. Ni las políticas de recorte fueron bloqueadas, ni fueron llevadas a cabo las pomposas promesas de cambio del “modelo productivo”, entre otras. En cambio, el derrumbe electoral de IU quedó cifrado en más del 37%, pasando de 12 a 5 parlamentarios, afectando gravemente a la formación en el ámbito estatal. En este sentido, se nos permitirá dudar sobre la capacidad de presión de dos parlamentarios frente a un Presidente declaradamente anti-Podemos y, hasta ayer mismo, anti-Sánchez, aunque ahora muestre otra cara distinta por razones evidentes.
El Plan B de García-Page era el PP
Todo apunta a que el PSOE de Castilla la Mancha tenía como plan B pactar con el PP regional los ajustes presupuestarios necesarios antes de exponerse a nuevas elecciones. Prueba de ello es que, en la matizada propuesta de presupuestos, se incorporaron tanto enmiendas menores de Podemos como del PP. Si este escenario se hubiera activado, las contradicciones en el seno del PSOE se hubieran profundizado, dando ocasión al nuevo secretario general del PSOE a intervenir en la situación.
La creación de una “gran coalición” manchega hubiera mostrado a las claras la verdadera naturaleza política de García-Page. En esta situación Podemos C-LM junto a IU deberían haber comenzado una ofensiva social por recuperar los derechos dilapidados, activando a los miles de militantes, con los representantes públicos a la cabeza, en torno a reivindicaciones concretas.
Nuestro papel en los parlamentos
Los marxistas estamos a favor de la participación en los parlamentos, lo que consideramos como una buena oportunidad para dotarnos de una proyección especialmente significada ante la sociedad. En el marco capitalista, las oportunidades materiales para la lucha de la izquierda son siempre desfavorables. La derecha siempre cuenta con más recursos, con más apoyos económicos y con una hegemonía ideológica basada en el control riguroso de los grandes canales de comunicación. Nuestra única vía, y posibilidad, para mejorar la “correlación de fuerzas” tiene que ver con la movilización de nuestra base social en torno a demandas concretas, que conecten con las aspiraciones reales de los trabajadores y la juventud y que ponga de manifiesto la necesidad de tomar medidas excepcionales en favor de las clases populares. Para que esto sea posible, debemos aparecer dispuestos a ello y volcar todos nuestros recursos en la labor de agitación y organización entre los sectores golpeados por la crisis. Si en lugar de ello, nos mostramos tolerantes y colaborativos con quienes son responsables de la situación y olvidamos en aras de algunas migajas etéreas (que están por ver), nuestra base social quedará desorientada y confusa, alimentando la desazón y apatía entre los militantes y votantes. Esta situación de desmoralización es la base sobre la que se levantan las “mayorías” electorales de la derecha y los renegados de la izquierda. La pobre participación en los procesos democráticos internos es una advertencia seria de ello.
La experiencia cercana en el PSOE demuestra que cuando un dirigente muestra un camino claro de enfrentamiento con el régimen y la casta, su base militante cierra filas en torno a él y se produce una ofensiva social que no es capaz de parar ni la mejor maquinaria de guerra ideológica de la burguesía. Esta es también la propia experiencia de Podemos.
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