Educación - Movimiento Estudiantil
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El anteproyecto de ley de educación en la Comunidad Autónoma Vasca apuesta por la política privatizadora de los servicios públicos, mantiene la dualidad de redes y la actual situación de segregación escolar, y es un retroceso para la normalización del euskera. Es privatizadora y un ataque frontal, consciente y premeditado contra la escuela pública vasca. Una ley que, en vez de solucionar, viene a agravar los problemas que ya tenemos.

Diagnóstico del sistema educativo de la CAV: segregación escolar insostenible

El sistema educativo de la Comunidad Autónoma Vasca se caracteriza por la existencia de una estructura binaria público/privada-concertada a partes iguales que crea y reproduce estructural y constantemente segregación escolar, es decir que discrimina a nuestros hijos e hijas en vez de paliar, en la medida de sus posibilidades, las desigualdades que ya existen en la sociedad. Ostenta el mayor nivel de segregación por origen migrante de todo el Estado y la segunda segregación socioeconómica más elevada. Este dato sangrante se impone y hace palidecer otros indicadores positivos del sistema (buenos índices de abandono y de fracaso escolar) y tiene influencia directa y negativa en los resultados académicos, en la integración social y en la normalización del euskera.

A pesar de tener el gasto público por alumno más elevado (9.868 euros), la segunda menor tasa de repetidores (5,6%) y la mayor tasa bruta de graduados en ESO y en Bachillerato del Estado español, la CAV sigue a la cabeza de producción de segregación escolar (solo después de Madrid). En resumen, tenemos un sistema educativo dual desequilibrado y discriminatorio donde el derecho a recibir una educación en igualdad de oportunidades no se está respetando.

Y es que, en la CAV, la mitad del sistema es privado-concertado (49%) y es, por lo tanto, la comunidad que más dinero destina a esos centros: 729 millones de euros. La segregación escolar casi no existe en países donde la escuela pública es mayoritaria y aumenta allí donde el peso de la enseñanza privada es mayor. Esa correlación directa entre segregación escolar y presencia de la red privada no cabe atribuirla a la casualidad.

La red privada tiene en su mano mecanismos para evitar al alumnado que no desea escolarizar: cobro de cuotas ilegales, precios libres en servicios educativos, carácter religioso excluyente... La miopía, desinterés, desidia y la ideología liberal de los diferentes gobiernos autonómicos no han querido hacer frente a esta dualidad generadora de discriminación.

Anteproyecto de la nueva ley de educación: nuevo “servicio público de la educación”

Esta realidad es la que quiere perpetuar el Borrador de Anteproyecto de Ley que elaboró el Gobierno Vasco el pasado julio, derivado del “Acuerdo de bases para la transformación de la educación vasca” que los partidos políticos que conforman el 90% de la representación del Parlamento vasco (PNV, EHBildu, PSE, IU-Podemos), firmaron inexplicablemente en abril de 2022.

Este Borrador de anteproyecto de ley pretende crear un nuevo “Servicio Público Vasco de la Educación”, servicio cuya prestación “se realizará a través de los centros públicos y privados-concertados” y concluye que a ambos tipos de centros corresponde la misma financiación (financiación a cambio de gratuidad en el caso de los concertados). Asume, pues, el histórico discurso de la enseñanza concertada, aquello de “como ofertamos un servicio público, debemos ser financiados como los centros públicos”, igualando lo público con lo privado independientemente de su titularidad y equiparándolos. En vez de apostar por la red pública y su crecimiento progresivo hasta hacerla mayoritaria, restringiendo los conciertos educativos con la enseñanza privada a lo estrictamente necesario, hace exactamente lo contrario, garantiza la financiación y la concertación educativa permanente al 100% por formar parte todos de ese nuevo “Servicio público”.

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110.000 personas en Bilbao contra la ley de educación. 5 de noviembre de 2022

¿Y qué condiciones se exige a los centros privados para ser financiados al 100% y ser así “gratuitos”? En el anteproyecto no se explicita ninguna, sólo esta frase: "Los centros concertados, en virtud de su financiación pública, serán considerados de interés social y deberán cumplir con los requisitos que se establezcan en la presente Ley", requisitos que no se especifican. Pensamos que debería decir lo contrario: que los centros privados tendrán financiación pública en virtud de su interés social. Dinero público a cambio de seguir como hasta ahora.

Este recorrido ya lo hemos hecho, y hasta aquí nos ha traído

Llevamos décadas de financiación casi total de la enseñanza privada-concertada (de 3 a 18 años), y tenemos a la mitad de nuestro sistema educativo en manos de centros que compiten entre sí ofertando horas de atención y servicios en la más pura lógica de mercado, que adoctrinan religiosamente a su escogido alumnado, que imparten modelos lingüísticos que no euskaldunizan, que contratan profesorado sin convocatoria pública, que cobran cuotas de forma encubierta, y que, en definitiva, crean un tasa de segregación insoportable. Los sucesivos gobiernos han permitido estas prácticas, y la nueva ley parece querer mantener la situación.

Plantear como medida para acabar con esa segregación la gratuidad de los centros concertados para que así puedan acceder a ellos todo el alumnado que lo desee (como si la económica fuese la única barrera disuasoria) es tan simplista como falso, no ha funcionado en Catalunya de donde se ha importado la idea y no funcionará en la CAV porque se ataca al síntoma y no a la causa de esa segregación. El síntoma es la intolerable distribución del alumnado por redes, y su causa la enorme proporción de enseñanza privada, el casi total índice de concertación (se concierta absolutamente todo), y una planificación escolar basada exclusivamente en la libertad de elección de las familias.

Pero es que, además, no va a haber gratuidad en los centros concertados. Las declaraciones del consejero de educación Jokin Bildarratz para el Diario Vasco el 17 de septiembre del 2022 diciendo que “los centros concertados no podrán cobrar ninguna cuota que nosotros financiemos, pero sí podrán cobrar cuestiones en las que no entramos, pero sí regularemos”, poniendo de ejemplo las excursiones, son reveladoras y dejan meridianamente claro: a) que los centros concertados han venido cobrando cuotas aun cuando estas eran ilegales, b) que el departamento lo sabía y optó por darles más dinero para que dejaran de cobrar, y c) que las siguen y seguirán cobrando. Estas declaraciones demuestran lo que todo el mundo sabe: quizás se eliminen cuotas, pero los centros concertados seguirán sin ser gratuitos, como hasta ahora. (El portavoz de “Partaide ikastolak” dijo recientemente que “las ikastolas, para asegurar su financiación, tendrán que mantener las necesarias cuotas”). Así que, tras más de 3 décadas de impunidad, se va a dar todavía más dinero a los que menos lo necesitan para que segreguen un poco menos.

Una ley neoliberal y privatizadora

El borrador que conocemos está plagado de palabrería pseudo-pedagogista y de generalidades sin concretar, lo que no es casual y revela la intención del departamento de hacer una ley ambigua para aprobarla sin oposición y regularla después por medio de decretos.

Habla de la convivencia entre diferentes como si fuese una aptitud personal a desarrollar, no como una realidad vivencial que el sistema educativo debe garantizar a su alumnado. A los centros y a los colectivos que sufren procesos de guetización se les hace culpables de su situación y responsables de encontrar la solución a “su” problema.

Las referencias al índice de complejidad de los centros y a la matriculación equilibrada describen la segregación escolar como consecuencia de decisiones individuales desacertadas y no consecuencia de una planificación educativa nefasta durante años. Es decir, se propone un índice de complejidad para poner parches a problemas creados por la propia estructura del sistema.

Se anima a los centros educativos a competir para mejorar, se les ofrecen contratos-programa y hasta un sello de calidad como si todos los centros jugasen en las mismas condiciones. El contrato programa en sí mismo sólo es una forma de establecer una vía extra de financiación o de dotación de recursos que en teoría podría animar a innovar, pero que en la situación en que nos encontramos puede degenerar fácilmente en una vía de sobrefinanciación para los centros privados, sobrados de recursos para elaborar propaganda y conseguir dinero a cambio. Un ejemplo claro de que este anteproyecto de ley juega a favor de la enseñanza privada y es fruto de una concepción neoliberal de la educación. Decir que todos los centros son iguales es dejar a los más necesitados abandonados a su suerte.

La lógica de la competencia entre centros, lejos de mejorar el nivel general, obstaculiza la colaboración y el intercambio de saberes que genera la práctica y puede fácilmente extender la segregación también a centros de la misma red, cuestión muy interesante para las patronales de la privada: incrementar la segregación entre los centros públicos para que la segregación entre redes quede disimulada.

En educación se va a aplicar lo que sería incomprensible en cualquier otro servicio público: dejar en manos de cada centro la garantía o no de los derechos fundamentales. Quieren limitar la intervención administrativa y las escuelas públicas tendrán que nadar en el ecosistema de los centros privados y no al revés. Se reforzará la lógica del mundo empresarial, la desregulación, el darwinismo social.

Las declaraciones del consejero en el sentido de que el centro público responde a una serie de necesidades a las que no va a responder, en muchos casos, el concertado, y la propia redacción del borrador, que adjudica en exclusiva a la red pública la tarea de garantizar el derecho universal a la educación dejan claro el carácter privatizador de la futra ley. Todos los centros serán iguales en cuanto a financiación, pero en cuanto expectativas y exigencia, a la gestión, contratación, horarios, o servicios, la igualdad ni existe ni se la espera.

Normalización del euskara: retroceso

El borrador define el sistema como plurilingüe y articulado en torno al euskara, y fija unos niveles a alcanzar al término de las etapas obligatorias, al tiempo que afirma que las 3 lenguas deben ser vehiculares, lo que supondría un importante incremento de las horas escolares que se impartirían en castellano y en un idioma extranjero si las comparamos con los actuales modelos D de inmersión lingüística. Mientras, se adelanta un curso la introducción del inglés (de los 4 a los 3 años) aun cuando la conveniencia de introducir el inglés en infantil lleva años cuestionándose por parte de expertas en la materia.

Es decir, se recortan el horario escolar que actualmente se imparte en euskara, recorte que previsiblemente generará un descenso de los resultados académicos, para que luego las autoridades reconozcan que no se alcanza el nivel deseado. Este planteamiento es un retroceso inadmisible en el camino de asegurar el conocimiento del euskara. Cabe señalar también que, si se produjera la disminución de la red pública que este borrador propiciaría, estaría reduciéndose la red escolar que más población euskalduniza, en número y en tipología. Atacar la red pública es, también, atacar a la normalización del euskara.

Laicidad: como hasta ahora, adoctrinando

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Parodia de “procesión” de la enseñanza concertada (Plataforma a favor de la Escuela Pública) en “agradecimiento” a los partidos firmantes del acuerdo educativo su nueva ley de educación.

Respecto a la laicidad del sistema educativo, requisito necesario para que este sea realmente comprensivo y respetuoso con todas las creencias, existe una sola mención a la misma en todo el texto, donde se afirma, a la vez, que el modelo de educación estará basado en la laicidad y que respetará el carácter propio de los centros concertados, de los cuales, como bien sabemos, las dos terceras partes son religiosos. Una ecuación imposible. En el “Acuerdo de bases” figuraba esto:” El mínimo establecido por la ley orgánica será el máximo que los centros puedan ofrecer a la asignatura de Religión”. Imposible de medir, seguirán adoctrinando.

Hacia el desmantelamiento progresivo de la escuela pública

El borrador de anteproyecto recoge unos cuantos párrafos declarativos a favor de la red pública, cómo no, pero la realidad es la constante toma de medidas legales a favor de la red privada: renovación y prórroga de los actuales conciertos educativos para los próximos seis cursos a pesar de la previsión de bajada de natalidad; reducción de la ratio mínima para conformar un grupo o aula en los centros privado-concertados; modificación de los módulos de concertación educativa, incrementando económicamente su financiación, concertación de las aulas de dos años.

La futura ley menciona en una única ocasión la necesidad de garantizar plazas públicas "suficientes" para, a renglón seguido, reivindicar el derecho de las familias a elegir centro. Este es un derecho que el propio Ararteko (Defensor del pueblo) supedita a otros derechos de interés general, como son el de la equidad, la convivencia entre diferentes o la cohesión social ya que una gran proporción de las familias no tiene ni libertad ni capacidad de elección. Sólo una parte de las familias elige realmente el centro al que quiere ir, porque ese es un derecho que en la red pública está totalmente condicionado por la existencia de plazas en el centro que se desee, como es lógico, y en la red concertada ya sabemos el cúmulo de impedimentos que se pueden interponer. Da la impresión de que quienes tienen la responsabilidad de planificar la oferta para el conjunto de la población prefieren dejar a la iniciativa privada que haga lo que quiera para posteriormente hacerse cargo solamente de lo que aquella ha dejado, y cargar la responsabilidad sobre las decisiones individuales de quienes solamente pueden matricular a sus criaturas en los centros existentes. Rehúyen su responsabilidad de planificar y pretenden hacernos creer que es la población la que elige.

No nos creemos las bonitas palabras a favor de la red pública cuando la realidad está siendo la contraria y toda la planificación educativa, la oferta de plazas, el mantenimiento de todos los conciertos educativos y el mismo anteproyecto de ley está orientado a favorecer a la red privada.

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Pancarta en Mendizorroza

Conclusión

Este anteproyecto sostiene que las dos redes educativas son iguales y complementarias, apuesta por la política privatizadora de los servicios públicos, mantiene la dualidad de redes y la actual situación de segregación escolar, y es un retroceso para la normalización del euskera. Es privatizadora y un ataque frontal, consciente y premeditado contra la escuela pública vasca. Una ley que, en vez de solucionar, viene a agravar los problemas que ya tenemos.

Es descorazonador que las fuerzas que se dicen progresistas asuman el planteamiento neoliberal de “servicio público”, de libertad de elección de centro, de financiación a cambio de no segregación, y de adoctrinamiento religioso. Dos manifestaciones multitudinarias (noviembre de 2021 y 2022) y dos huelgas en la enseñanza pública (30 de noviembre y 14 de diciembre), debería hacerles ver la inviabilidad de una ley que tiene la oposición mayoritaria de la comunidad de la Escuela Pública.

Desde la Plataforma “Euskal Eskola Publikoaz Harro” (Orgullosas de la Escuela Pública), proponemos la consolidación y crecimiento de la red pública como garante de derechos para toda la ciudadanía, y la progresiva reducción de los conciertos como la lógica consecuencia de una planificación racional basada en la oferta de plazas escolares públicas. La segregación escolar solo se acabará poniendo en el centro a la escuela pública y freno a las prácticas de la privada-concertada. El derecho a la educación no es privatizable. No puede haber competencia entre los diferentes centros y redes alrededor de un derecho básico que todos deberían impartir y el alumnado recibir por igual. Si lo que deseamos es convivencia, integración, cohesión social… ese es el camino: la apuesta por la escuela pública y el fin de la concertación.

José Manuel Martínez Fernández

Plataforma de Gasteiz a favor de la Escuela Pública Vasca

Marzo de 2023

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