¡Que la crisis no la paguen los estudiantes!

Una vez finalizado el curso y durante el verano, las distintas administraciones, tanto estatales como autonómicas, en materia de educación, se comprometieron a resolver las carencias derivadas de la imprevisibilidad de la situación y planificar con antelación el nuevo curso 2020-2021 para garantizar una educación 100% segura y de calidad en todos sus estadíos. Para ello, en el caso concreto de las universidades, se propuso una docencia semipresencial, un modelo híbrido que combinara las clases presenciales y virtuales, permitiendo respetar así la distancia de seguridad dentro de las aulas.

No obstante, el modelo previsto para este curso se aplicó durante poco más de un mes desde el inicio de las clases. Al evitar a toda costa las autoridades un nuevo confinamiento domiciliario para mantener intactos los beneficios de unos pocos, al no destinar recursos suficientes para aumentar la frecuencia del transporte público, permitir cribados masivos y un buen sistema de rastreadores, los indicadores de impacto de la pandemia no dejaron de ascender. Esto obligó a poner fin a las clases presenciales en la mayor parte de universidades públicas del estado a mediados de octubre, a excepción de prácticas u otras actividades evaluables, también los exámenes.

Fatiga psicológica clases online

Las clases virtuales permitieron continuar el pasado curso cuando este se vio interrumpido de forma repentina, pero en ningún caso pueden ser la solución a la situación actual ni deben prolongarse de forma indefinida.

Antes que nada, las clases online dejan atrás a una parte del alumnado, estudiantes cuyas familias con pocos recursos no tienen conexión a internet u ordenadores para poder conectarse o, si lo tienen, deben compartirlo entre varios miembros de la familia. Además, en muchos casos, no se dispone de un espacio apto para seguir estas clases y estudiar, estando las bibliotecas cerradas.

Asimismo, aquellos y aquellas que sí poseen los recursos para asistir a las clases también han tenido que afrontar distintas dificultades. El aprendizaje a distancia requiere un mayor esfuerzo y concentración por parte de los estudiantes, pues entorpece la interacción con el profesor/a y entre los propios alumnos y alumnas, impidiendo la explicación en la pizarra, el debate en clase, la resolución de ejercicios de forma conjunta o el trabajo en equipo. En muchos casos, incluso, las clases “online” se reducen a vídeos o presentaciones que quedan colgadas en el campus virtual y que los estudiantes deben asimilar por su propia cuenta, sin ningún tipo de diálogo con el profesorado.

A todo esto, falta sumarle el impacto de la pandemia en la salud mental de los jóvenes, así como la falta de socialización con los amigos y compañeros, hecho que está disparando los casos de estrés y ansiedad entre este colectivo. Un problema, al que tampoco se ofrece solución.

Exámenes presenciales

A pesar de que las clases se hayan dado online durante prácticamente todo el semestre, a diferencia de la primera ola, esta vez un gran número de universidades han optado por celebrar los exámenes presenciales, con todas las consecuencias sanitarias y académicas que ello supone, principalmente bajo el pretexto de evitar el plagio.

En primer lugar, esta decisión ha sido criticada por las organizaciones estudiantiles por poner en riesgo la salud de los propios estudiantes, pero también de sus familias. Muchos estudiantes, conviviendo con familiares pertenecientes a algún grupo de riesgo, se han visto obligados a salir de su municipio, provincia o, incluso, comunidad autónoma para evaluarse presencialmente si no querían suspender la asignatura, viajando en vagones de tren o metro abarrotados. Sin embargo, una vez en la universidad la situación no mejora: las redes sociales se han inundado durante estas semanas de imágenes procedentes de universidades de todo el estado donde se muestran aglomeraciones en los pasillos, o aulas en las que la distancia entre los alumnos era de apenas un metro.

La celebración de los exámenes presenciales también levanta recelos a nivel académico. No se entiende que, mientras las clases han sido virtuales y las bibliotecas han estado cerradas, con las limitaciones que esto supone para el aprendizaje, a la hora de evaluarse, la situación de excepcionalidad que vivimos parezca desaparecer y el modo de evaluación sea el mismo que en un curso previo a la pandemia. Esto también deja al descubierto las limitaciones del sistema educativo actual para encontrar otras formas de valorar el aprendizaje, más allá del examen escrito tradicional.

Décadas de recortes y demandas

La mala gestión de las universidades, así como la escasez de recursos tanto materiales como humanos no nos debe sorprender. Ambas cosas son el resultado de décadas de recortes en la universidad pública y la cada vez mayor influencia del sector privado en éstas, propiciando la orientación de los planes de estudios y la investigación a los intereses empresariales y relegando a un segundo plano el conocimiento.

La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de unos servicios 100% públicos y al servicio de la mayoría, y no en favor de los intereses de unos pocos. Esto también incluye a la educación y, sobre esta base, realizamos las siguientes demandas:

• Plan sanitario para garantizar unas aulas seguras y permitir el regreso a la presencialidad con todas las medidas de seguridad.
• Recursos y formación para el profesorado para garantizar una docencia online de calidad mientras ésta dure.
• Dotar de recursos materiales (ordenadores, conexión a internet) a todo el alumnado que lo necesite.
• Mientras duren las clases online, los exámenes también deben serlo.
• Revertir los recortes en la universidad de las últimas décadas.
• Universidad 100% pública y de calidad sin presencia del sector privado.