Ley Celaá: Una reforma que se queda corta pese a la histeria de la derecha

Frente a esta tergiversación de la ley, conviene aclarar las medidas más polémicas:

1. No se elimina la escuela concertada. La asignación de plazas en los centros se presentará a partir de criterios objetivos, como la cercanía al domicilio, al centro de trabajo de los padres, o la presencia de un hermano en el centro.

2. No se suprime la religión. Se mantiene su oferta obligatoria. Simplemente, no contará para la nota media ni en la solicitud de becas.

3. Los centros de educación especial no cierran. Se plantea dotar de mayores recursos a los centros públicos ordinarios para incorporar aquí a este colectivo, en un plazo de diez años, como marca la nueva pedagogía internacional.

4. Se restituye el catalán como lengua vehicular en Catalunya, como en los 30 años antes de la última reforma del PP. Esto solo significa que las materias se imparten en catalán, pero se mantiene la asignatura de lengua castellana. La sociedad catalana es naturalmente bilingüe, el castellano queda garantizado por la práctica social, familiar, laboral e institucional.

La reacción podría mantener la calma frente a estas medidas, ya que, a pesar de suponer un paso hacia delante, se encuentran alejadas de lograr una escuela 100% pública y gratuita, derechos para las «nacionalidades históricas», o una educación verdaderamente laica y científica. ¿Por qué les preocupa tanto esta nueva ley?

La amenaza a los privilegios de la reacción

La derecha está trasladando una visión tergiversada, simplista y reaccionaria a sus bases apelando a la libertad con el objetivo de ampliar sus apoyos, empleando este concepto con un sentido demagógico. En realidad, es necesario preguntarnos, en una sociedad desigual en la que la mayoría vive al día para que una minoría viva en abundancia, ¿qué grado de libertad le queda a esa mayoría sin más medios que su trabajo asalariado? ¿qué hay detrás de esta «libertad» que tanto promulga la derecha?

Los centros privados y concertados suponen un gran negocio para quienes los gestionan. Sus ingresos casi se han duplicado en los últimos 13 años, llegando a percibir 12.475 millones de euros según un informe de DBK. Además, los centros concertados obtienen un 70% de ingresos de las administraciones. Es decir, estos colegios no solo son sostenidos de forma directa por quienes los sufragan a través de cuotas y donaciones, sino también por parte del resto de la clase trabajadora de forma indirecta mediante impuestos.

Sin embargo, esta no es la única fuente de ingresos de la Iglesia católica, que posee grandes negocios a través de hospitales, universidades, rentas, monumentos nacionales, entre muchas otras actividades lucrativas. Además, gran parte de la población y, especialmente, la juventud, muestra un rechazo creciente hacia la religión. Las matriculaciones en religión han percibido en 2019 la cifra más baja desde 1978, que desciende hasta un 50,86% en los centros públicos y a un 37,62% entre el alumnado de bachillerato. Además, en un Estado supuestamente aconfesional, la religión debe pertenecer al espacio privado, y no darle cabida en la escuela pública, que además paga el sueldo a los profesores de religión. Plantear que la religión no será evaluable no es suficiente, debe desaparecer de la oferta educativa.

Con respecto a la educación especial, es necesario precisar que sólo abarca a 37.000 alumnos frente a los 1,89 millones de alumnos con necesidades especiales en centros públicos ordinarios. De lo que se trata es de dotar de medios suficientes a los centros públicos ordinarios para proporcionar a estos alumnos una educación de calidad, donde la coeducación posea efectos favorables en las relaciones sociales y en el aprendizaje.

Lo que realmente les preocupa a los propietarios de la escuela privada y a las instituciones religiosas es ver amenazados sus privilegios porque no podrán recibir copagos de los alumnos si reciben subvenciones públicas ni podrán evitar la admisión de estudiantes de nivel socioeconómico bajo o inmigrantes, como cualquier centro público.

LOMLOE: Pequeños avances, pero con limitaciones

Este texto plantea algunas mejoras de carácter progresista. Además de las ya mencionadas, en primer lugar, se amplía la etapa en que los estudiantes asientan sus conocimientos generales al modificar los itinerarios y se considera la repetición de curso como una excepcionalidad, que solo podría darse dos veces en la educación obligatoria. Segundo, se incluyen los programas de diversificación curricular, para alumnos con dificultades, y los programas de cualificación profesional, para que, quienes superen el ciclo formativo básico, puedan obtener el graduado en ESO y acceder a Bachillerato directamente. Por último, entre otros aspectos, las pruebas finales de etapa en primaria y secundaria adquieren un carácter muestral y diagnóstico, frente al valor orientativo y académico que poseían las reaccionarias reválidas de la Lomce, basadas en una meritocracia que clasificaba a los alumnos entre competentes e incompetentes, sin valorar las desventajas económicas del alumnado ni sus circunstancias familiares. Estas mejoras van principalmente dirigidas a reducir las desigualdades académicas que se producen entre los estudiantes con desventajas socioeconómicas familiares, que inciden especialmente en los niveles básicos de la enseñanza.

Sin embargo, esta reforma se trata de una oportunidad perdida, ya que, en lugar de plantear una nueva ley que introdujera cambios profundos, estos se han basado en la LOE de Zapatero, lo cual refleja una vez más la falta de decisión de los dirigentes de Unidas Podemos en este gobierno de coalición. Aunque la nueva ley propone cambios positivos, posee igualmente carencias. En primer lugar, su temor a arrebatar completamente los privilegios a la Iglesia católica, junto con su política de conciliación de clases, les conduce a mantener los conciertos, la asignatura de religión y sus profesores en los centros públicos, y, por tanto, la financiación pública de la Iglesia católica. Por un lado, no se producen grandes mejoras en educación infantil, ni se garantiza la educación en los niños de 0 a 3 años, fundamental para reducir las dificultades académicas entre el alumnado con mayores desventajas. Por otro lado, no se establece la reducción del número de alumnos en las aulas ni un aumento del número de profesores, lo cual permitiría una mayor calidad en la atención al alumnado. Además, no introduce una asignatura de educación sexual eficaz para combatir la violencia machista y el sexismo. Por último, esta reforma carece de una Ley de financiación que concrete las medidas y garantice una verdadera inversión en educación pública. La única especificación aparece en las disposiciones adicionales, donde se menciona que el incremento en el gasto educativo llegará como mínimo al 5% del PIB en dos años, frente al 7% mínimo necesario para compensar las desigualdades del Estado español con respecto a otros países de la UE.

Una respuesta revolucionaria a la educación

Frente al carácter débil y reformista de esta ley, es necesario plantear cambios que vayan a la raíz del problema, por lo que nosotros exigimos, entre otros:

1. Eliminar toda subvención a los centros privados y concertados.

2. Restituir el gasto en educación recortado desde 2009 en adelante, y actualizarlo al 7% del PIB.

3. Obligatoriedad y gratuidad de la educación pública desde el periodo de 0 a 3 años hasta los niveles postobligatorios.

4. Financiación a todas las familias con necesidades.

5. Suprimir la religión en la escuela pública.

6. Auténticos Consejos Escolares democráticos formados a partes iguales por trabajadores, alumnos y padres para gestionar los centros educativos.

7. Personalización del aprendizaje con la reducción de ratios a 15 alumnos por aula, con el aumento correspondiente del número de profesores.

8. Prácticas remuneradas con un carácter verdaderamente formativo para los estudiantes.

9. Eliminar todo tipo de segregación en las aulas e introducir una asignatura de educación sexual eficaz desde la niñez.

10. Reformulación de los sistemas de enseñanza y de los criterios de evaluación de los estudiantes.

Además, hay otros aspectos que influyen en la educación y es igualmente importante abordarlos de forma revolucionaria. Según el VIII informe Foessa, a pesar de los recortes en educación, el número de alumnos ascendió y las competencias mejoraron. Sin embargo, fue precisamente la dificultad para encontrar un empleo lo que ha llevado a la población a mejorar su formación. Por tanto, es necesario tomar medidas para mejorar la empleabilidad, entre otros aspectos.

Sin embargo, nada de esto puede llevarse plenamente a cabo dentro del capitalismo, con una minoría que controla los medios de producción para defender sus privilegios. No les interesa introducir más empleados porque les es más rentable precarizar a aquellos que resulten imprescindibles y despedir a los demás. Tampoco les interesa que la juventud escape a sus herramientas de control ideológico y que se desarrolle una generación con espíritu crítico capaz de desencadenar procesos revolucionarios.

Movilizarse contra la derecha y por la educación pública

Las manifestaciones, encierros y huelgas que se hicieron en su momento contra la actual ley educativa del PP, la Lomce, con miles de personas en las calles nada tienen que ver con el absurdo intento de movilización que está tratando de realizar la derecha con la nueva ley Celaá. Por el contrario, los sindicatos de profesores progresistas, las asociaciones estudiantiles y las AMPA deben organizar sus propias movilizaciones contra la arremetida de la derecha para exigir un avance mayor a favor de la educación pública del que aparece en la ley Celaá.

La clase trabajadora posee un gran potencial revolucionario, ya que constituye la inmensa mayoría de la sociedad, y es quien tiene en sus manos la capacidad de accionar las palancas del proceso productivo. Solo a través de la organización en la lucha contra el capitalismo podremos lograr cambios revolucionarios a todos los niveles.