Movimiento Obrero
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La plantilla del servicio licitado por URA (Agencia Pública Vasca del Agua) para el mantenimiento de los ríos de las cuencas mediterráneas del País Vasco, está en huelga indefinida desde el día 27 de enero de este año. El motivo es la discrepancia con el convenio que les aplican y la exigencia de un convenio que recoja en su ámbito de aplicación las funciones que realizan.

UTE Mediterraneoko Ibaiak 2021 es adjudicataria del Lote 1 del contrato de URA (Restauración, Conservación, y Mejora Ambiental de Cauces y Márgenes de Ríos y Arroyos y del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco - URA/023A/2020)

URA, responsable de sacar a concurso el servicio de mantenimiento y limpieza de los ríos de la comunidad autónoma, mantiene como convenio de aplicación para los servicios de Araba y Bizkaia el Convenio Estatal de Jardinería, convenio que caducó en 2020. El ámbito de aplicación del Convenio Estatal de Jardinería no recoge los trabajos que se realizan en la adjudicación. Los trabajadores no son jardineros. La limpieza y el mantenimiento del cauce de los ríos exigen habitualmente tareas penosas, peligrosas y tóxicas que no están recogidas en el convenio.

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Es intolerable, que la agencia pública responsable del servicio, conocedora de las características del trabajo a realizar, mantenga un convenio estatal de mínimos, que no recoge las funciones que los trabajadores realizan habitualmente y que supone una grave devaluación de los salarios y de las condiciones de trabajo. Está situación de falta de reconocimiento de su trabajo es mas indignante, si cabe, por venir de una entidad pública, que por medio de la externalización, baja los salarios y empeora las condiciones de trabajo y facilita el enriquecimiento de empresas muchas veces “afines” a costa de la explotación de los trabajadores.

Además, los trabajadores de los servicios de Araba y Bizkaia se sienten discriminados porque URA respeta como convenio aplicable para el servicio de Gipuzkoa, el Convenio Provincial de Viales que recoge las funciones de limpieza de ríos y que es mucho mas favorable a los trabajadores. En consecuencia, el mismo trabajo, licitado por la misma entidad pública, se retribuye a los trabajadores de forma distinta y totalmente discriminatoria.

Los trabajadores se han dirigido al Consejo de Relaciones Laborales para aclarar el encuadramiento incorrecto de sus actividades. Dicho ente, ha reconocido la improcedencia de aplicar el Convenio Estatal de Jardinería por no estar recogidas en su ámbito funcional, las labores que realizan estos trabajadores. También ha reconocido las grandes diferencias en la retribución y la jornada laboral por realizar el mismo trabajo. Su propuesta, que es consultiva, remite como alternativa al Convenio Estatal de Viales. Dicho convenio carece de tablas salariales y horas, y por eso remite al convenio provincial más cercano. Esto abriría la puesta a reclamar para estos trabajadores las condiciones del Convenio de Viales de Gipuzkoa, que ya se aplica en el lote 3 del mismo servicio.

Una muestra de la discriminación: un trabajador sujeto al convenio de Gipuzkoa, con categoría de peón, cobra 28.891,94 euros brutos al año y realiza una jornada laboral anual de 1589 horas. Sin embargo en Araba el peón cobra 19.568 euros brutos y realiza una jornada de 1700 horas anuales.

Antes de hacerse efectiva la última licitación, el 1 de diciembre de 2021, que mantiene las condiciones de trabajo arbitrarias e injustas, los trabajadores de la UTE realizaron en abril elecciones sindicales y eligieron con la participación de todos a un delegado de ELA, sindicato al que todos están afiliados. Para reivindicar sus derechos, entregaron a la empresa su plataforma reivindicativa. La principal exigencia era el pago del plus de peligrosidad, toxicidad y penosidad, en su versión “jornada completa” para todas las jornadas efectivas de trabajo y las medias dietas, que contempla el Convenio Estatal de Jardinería.

Ante la negativa de la empresa, los trabajadores presentaron demandas de cantidades en el juzgado de lo social.

El técnico y delegado de contratista, decidió incluir en el cuadrante de las nóminas de junio el pago del plus de peligrosidad a todos los trabajadores y durante todas sus jornadas efectivas de trabajo. La respuesta de la empresa no se hizo esperar e impuso al técnico una falta muy grave con posible sanción de despido o sesenta días sin empleo y sueldo.

Los trabajadores reaccionaron en solidaridad negándose a realizar horas extraordinarias mientras no se retirase la sanción. En ese momento, la adjudicataria estaba realizando tareas en el meandro del río Zadorra en Asteguieta y se necesitaba la participación de empresas de maquinaria de obras públicas que requerían la realización de algunas horas extraordinarias de la plantilla para cubrir la exigencia de recurso preventivo que marca la legislación en prevención de riegos laborales.

La dirección confirmó la sanción de sesenta días de empleo y sueldo; el trabajador sancionado ha reclamado al Juzgado de lo Social.

La empresa ha desatendido la exigencia de la retirada de la sanción y por lo tanto la plantilla se ha mantenido firme en no realizar ninguna hora extra. Esto ha causado problemas cuando se ha querido ejecutar la segunda fase de la obra de Asteguieta.

La UTE envió a la dicha obra de Asteguieta a trabajadores externos de la UTE, incumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales. El Delegado de Prevención requirió a la empresa la documentación y capacitación de dichos trabajadores, y recibió la callada por respuesta.

La denuncia interpuesta en Inspección de Trabajo ha dado la razón a la plantilla insistiendo “debe ser la UTE quién contrate a los recursos preventivos que intervengan en sus proyectos”, no pudiendo emplear para tales fines a trabajadores de sus empresas socias.

Y respecto al convenio, la Inspección también realiza un pronunciamiento clave ya que afirma que “la aplicación del convenio colectivo es decisión de la Agencia Pública-URA, y que solo por la vía judicial se puede impugnar”, cuando en sus pliegos afirma que “se aplicará el convenio que corresponda” dando vía libre a las empresas a que apliquen el convenio que más les convenga. Por tanto, URA tiene que pronunciarse explícitamente sobre el convenio de aplicación.

Los trabajadores reunidos en asamblea acordaron realizar el preaviso de huelga indefinida para el 27 de enero de 2022. Hecho que se ha hecho realidad ante la nula voluntad negociadora de la empresa.

Esta lucha pone de manifiesto cómo la explotación de la mano de obra a través de la externalización sigue plenamente vigente y no ha sido derogada por la recientemente aprobada reforma laboral. Se permite que los trabajadores que prestan servicios como seguridad, logística, limpieza, transporte, etc, incluso trabajos de producción estructurales sean arbitrariamente segregadas de las empresas o servicios públicos con el objetivo de abaratar el coste del trabajo, con condiciones de trabajo y salario sustancialmente distintas a las empresas matrices o a las instituciones obligadas a prestar el servicio.

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La aplicación del convenio del sector de actividad de la subcontrata supone un ínfimo paso adelante al liberar de la aplicación de los convenios fraudulentos de empresa por debajo de los convenios sectoriales. Pero la aplicación del convenio sectorial estatal de mínimos mantendrá en condiciones de precariedad y de explotación a los trabajadores subcontratados.

La exigencia de equiparación de los trabajadores subcontratados con los salarios y condiciones de trabajo de las empresas matrices, que recoge el principio de “a igual trabajo igual salario”, que fue una exigencia sindical inicial en la negociación fue rápidamente abandonada ante el veto de la CEOE, que no va a ceder en el Dialogo Social un instrumento de explotación de la mano de obra que le proporciona tan jugosos beneficios.

La subcontratación y la externalización debe de ser prohibida, ya que su aplicación supuso una enorme degradación salarial y social. El aval sindical de UGT y CCOO y del Gobierno PSOE-UP que se había comprometido a derogar la reforma laboral va a permitir la permanencia de la precariedad y los bajos salarios y por lo tanto la generalización de la subcontratación como método legal de aumentar los beneficios.

El camino de la lucha, como el que ha emprendido esta plantilla, la organización sindical, la creación de corrientes de izquierdas en los sindicatos para luchar contra las direcciones sindicales, que nos ofrecen como logros los resultados ruinosos que obtienen en el dialogo social, la determinación en la lucha nos marca el camino a seguir.

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Entrevista con Javier Glez. de Martín Ortiz Samaniego, delegado sindical de ELA en UTE Mediterraneoko Ibaiak 2021

Pregunta: situación de la huelga, participación, desarrollo, actividades, estado de animo de los huelguistas, respuestas de la empresa.

Somos nueve trabajadores, todos afiliados a ELA, que decidimos unánimemente convocar la huelga. Realmente siete secundamos la huelga, porque dos están de baja, aunque todos participamos como una piña en las actividades que la huelga implica. Estamos realizando un par de concentraciones por semana ante las oficinas de URA en Gasteiz. El ánimo está intacto y la intención es cumplir los objetivos marcados independientemente del tiempo que esto suponga. A esto hay que agradecer el apoyo de ELA y la importancia de la caja de resistencia. Hasta el momento la respuesta de la empresa es muy pobre.

Pregunta: Valoración de la subcontratación de servicios públicos a través del sector privado. Vuestra experiencia, etc.

La externalización de los servicios públicos poniéndolos en manos privadas lleva consigo la depauperación de las condiciones laborales de los trabajadores afectados. La administración prima en sus adjudicaciones licitar a los menores precios posibles, permitiendo bajas casi temerarias de las empresas licitantes. Esto conlleva que las empresas con el objeto de conseguir beneficios sometan a sus plantillas a condiciones día a día más indignas. Eso es lo que estamos viviendo en nuestras carnes. De ahí el lema de nuestra huelga: “Por unas condiciones dignas”. No estamos pidiendo nada extraordinarios. Sólo que se cumpliese el convenio que no es ni el que nos corresponde ya que no se ajusta a las labores que realizamos. Tras la convocatoria de huelga y por solicitud de la empresa, el Departamento de Trabajo emitió una orden de servicios mínimos ya que nos consideran un servicio esencial. Si somos un servicio esencial, ¿por qué se externaliza el servicio?

Pregunta: Reivindicaciones que planteáis y respuestas de la empresa y perspectivas de la lucha.

Inicialmente nuestras reivindicaciones iban dirigidas a que se cumpliese realmente el Convenio Estatal de Jardinería en el que estamos encuadrados (plus de peligrosidad, penosidad, toxicidad; medias dietas; limpieza externa de nuestras instalaciones, labor que hacemos nosotros ahora, …). Pero una vez que el caso de la empresa ha sido nulo y nos ha obligado a entrar a la huelga, ahora ampliamos nuestras exigencias para que a corto plazo se nos encuadre en el convenio que nos corresponde.

Por último, agradezco en nombre de toda la plantilla la posibilidad de dar visibilidad a nuestro conflicto. Esperamos que sea modelo de lucha y unión para muchos trabajadores que están viviendo situaciones similares.

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