En este artículo analizamos en profundidad el reciente acuerdo de pensiones aprobado por el gobierno y acordado con las direcciones de UGT y CCOO y la patronal. Como trataremos de mostrar, no es oro todo lo que reluce.
A nosotros nos parece, más bien: “otro paso más en la dirección de endurecer y retrasar el acceso a la jubilación y privatizar el sistema público de pensiones” como afirma el movimiento pensionista.
El elemento sustancial de este acuerdo, primera parte de un paquete de reformas sobre las pensiones, ha sido la revalorización de las pensiones en función del Índice de Precios al Consumo (IPC).
Valoramos muy positivamente esta recuperación del poder adquisitivo de las pensiones, aunque lo relativizamos, al fin y al cabo no es mejorar la situación de las pensiones, sino actualizar su valor de acuerdo con un índice discutible como es el IPC.
El levantamiento inédito de los pensionistas de todo el Estado español en manifestaciones multitudinarias a principios de 2018 hizo que ese mismo año el gobierno del PP tuviera que dar marcha atrás en el incremento del 0,25%, previsto en la reforma del año 2013 mientras hubiese déficit en la Seguridad Social, y que según los propios cálculos del gobierno supondría durante décadas una pérdida del 37% de poder adquisitivo de la pensión a lo largo de la vida del pensionista.
La congelación de las pensiones, sumado a los recortes de la reforma del 2011 del gobierno PSOE pactada con los sindicatos UGT y CCOO y la CEOE, amenazaba con arrojar a la pobreza a la mayoría de los trabajadores tras su jubilación. Esto sucedía en 2018 cuando, ya superada la crisis de 2008, batían récords los beneficios empresariales y los salarios y las pensiones seguían congelados.
Los otros aspectos a resaltar del acuerdo son los siguientes:
Medidas para favorecer el acercamiento de la edad efectiva de la jubilación a la edad ordinaria, incentivando la continuidad en el trabajo y penalizando la jubilación anticipada. Para conseguir que la jubilación efectiva actual de los 64,5 años se eleve a los 66.5 años el acuerdo recoge una serie de penalizaciones para las personas que se jubilen anticipadamente, que pueden ascender a un recorte del 21% en la pensión para los que se jubilen 24 meses antes de la edad legal.
Estas medidas serán un duro calvario para los parados de larga duración y para los trabajadores mayores de 45 años considerados “prematuramente viejos” por las empresas, que difícilmente encuentran empleos y que llegarán a la edad legal de jubilación con derecho a pensiones miserables.
También, con el objetivo de facilitar la continuidad en el trabajo más allá de los 67 años, se impide que los convenios fijen cláusulas obligando a la jubilación forzosa antes de los 68 años de edad. Los empresarios vuelven a sacar ventaja en este acuerdo al obtener la reducción del 75% de las cuotas empresariales por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de los trabajadores mayores de 62 años para facilitar su permanencia en el trabajo.
Transferencias en vez de préstamos a la Seguridad Social (SS). Con las cotizaciones sociales, la SS, ha estado sufragando “gastos impropios” ajenos al fin de las cotizaciones sociales, que tendrían que haber sido costeados por los presupuestos generales del Estado, ejemplo de esto son los complementos para elevar las pensiones mínimas, las generosas subvenciones a las empresas por contratación. y otros. En esta época de crisis, debido a la pérdida de empleo, a la caída de los salarios y a la congelación de las cotizaciones empresariales durante décadas, los déficit de la SS se han cubierto con préstamos del Estado, lo que ha engordado la deuda de la SS y dado argumentos a los defensores de los recortes y la privatización. Esta práctica ha sido un auténtico fraude porque ha endosado una deuda ajena a la S. Social que la hace aparecer insostenible.
La valoración de la deuda del Estado a la SS es, según el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de las cuentas de la Seguridad Social entre 1989 y 2013, de 155.000 millones de euros desviados de las cotizaciones sociales para pagar otros fines, a pesar de la obligación legal recogida en la ley 24/1997 que exigía la separación financiera en función de la naturaleza de las prestaciones. El propio ministro Escrivá ha reconocido que el año 2020 ha habido 22.300 millones de euros cargados a la SS de gastos impropios.
Esta medida es un paso adelante, porque reconoce la falsedad de la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Pero en el fondo es un “apunte contable”, los presupuestos y las cuentas de la SS son dos libros de cuentas con el mismo propietario, el Estado, como afirma la experta Miren Etxezarreta.
Sustitución del factor de Sostenibilidad. La reforma pactada del 2011 incluyó este factor muy lesivo, esencialmente consiste en que si aumenta la esperanza de vida se reduce la cuantía de la pensión en la misma proporción. Este factor, que el Gobierno del PP reguló para su entrada en 2019, chocó de bruces contra la masiva movilización de los pensionistas, lo que llevó primero a demorar su aplicación al año 2023 y ahora a su derogación.
Este factor va a ser sustituido por otro con distinto nombre pero con los mismos objetivos. Como ha explicado el ministro Escrivá, “la generación más numerosa del baby boom- la nacida entre finales de los 50 y finales de los 70- tendrá que reducir su pensión o trabajar un poco más”. No es la primera vez que este ministro lenguaraz tiene que retractarse: “no tuve mi mejor día” afirmó; pero está claro que expresa lo que se quiere conseguir. Este gobierno de “progreso” no quiere renunciar a un instrumento incluido en la reforma del 2011 que le permite limitar las pensiones futuras. El nuevo factor debe estar pactado antes del 15 de noviembre de este año en el marco del dialogo social, y si no hay acuerdo el gobierno legislará.
Se reconoce el derecho de las “parejas de hecho” al cobro de la pensión de viudedad.
Cotización de los Becarios. Garantizando que la realización de prácticas formativas en empresas e instituciones determine la inclusión en la S. Social aunque no tengan carácter remunerado. Se aplicará a estas prácticas una reducción de las cotizaciones sociales.
Estas son las cuestiones más importantes contenidas en el acuerdo del diálogo social. El balance que se puede hacer es que, aparte de la revalorización conseguida por la presión social, los resultados son muy escasos, y no justifican en absoluto el embellecimiento ni los calificativos de histórico por parte de los sindicatos y del gobierno de PSOE-UP. Al contrario, desgraciadamente son decepcionantes por sus resultados.
La ausencia de medidas concretas que respondan a necesidades acuciantes como la pensión mínima digna de 1080 euros, equivalente al 60% del salario medio, es un compromiso incumplido por el Estado español firmante de la Carta Social Europea. La brecha de género que no se reduce, la viudedad, la no derogación de las reformas de pensiones y laborales que condicionan el futuro del sistema público, y la continuidad de las políticas de recortes anteriores, frustran las expectativas de un cambio de rumbo en las políticas sociales y específicamente en las pensiones que muchos trabajadores y pensionistas esperaban de este gobierno, “el más progresista de la historia”.
LA VIGENCIA DE LA REFORMA PACTADA DE 2011. DE AQUELLOS POLVOS, ESTOS LODOS
El profesor I. Zubiri (Revista Papeles de la economía española) señala:
“En 2011 y 2013 se llevaron a cabo reformas sustanciales del sistema de pensiones. Las reformas se guiaron por los principios del pacto de Toledo. Esto es, todas las pensiones contributivas se deben pagar con unos tipos de cotización que, especialmente en épocas de crisis, no deben aumentar. (Para no aumentar el coste del factor trabajo subiendo las cotizaciones sociales, algo a lo que se oponen frontalmente los empresarios) Consecuentemente, las reformas no aportan ningún recurso adicional al sistema (cotizaciones o de otro tipo). Cerrada la vía de ingresos la única forma de lograr el equilibrio era reducir los gastos. Y esto es lo se ha hecho, reducir las pensiones hasta que se equilibren con los ingresos (fijos) del sistema”.
Esa es la esencia que está detrás de esas dos leyes: recortar las pensiones hasta que encajen con los ingresos. Y este pensamiento sigue totalmente vigente en este acuerdo a pesar del elemento positivo que supone volver a la revalorización por el IPC, y la derogación del factor de sostenibilidad del 2013.
“Para conseguir esos objetivos en la reforma del 2011, se amplió la edad legal que pasó de los 65 a los 67. Se amplió el periodo de cálculo de la base reguladora pasando de 15 a 25 años. Consistente con el aumento de la edad de jubilación, tras la reforma se necesitan dos años más de cotización para acceder a una pensión completa. Se introdujo el factor de sostenibilidad, que implicaba que se revisarían las pensiones a la baja por el aumento de la esperanza de vida.
Los efectos de la reforma del 2011 han supuesto una reducción al pensionista mediano de un 20% anual.
El objetivo de la reforma fue y sigue siendo que el gasto en pensiones permanezca estable en torno al 12% del PIB, que es lo financiable con los niveles actuales de cotizaciones. Por lo tanto, a pesar de que en los próximos 40 años el peso de los mayores de 65 años en la población aumentará un 70%, el gasto permanecerá constante. De esta forma, todo el coste adicional de las pensiones debido al envejecimiento será absorbido por los jubilados vía pensiones vitalicias más bajas”. (I. Zubiri)
El reciente acuerdo es una profundización de la reforma del 2011 para reducir el costo de las pensiones públicas. Se sigue retrasando la edad de jubilación, endureciendo el acceso, reduciendo la cuantía de la pensión, incentivando la permanencia en el trabajo más allá de los 67 años, penalizando la jubilación anticipada, volviendo a reintroducir un factor de sostenibilidad con otro nombre que supondrá un nuevo recorte de las pensiones. Además, en la segunda fase del acuerdo que se negociará el 2022, se podría ampliar a 35 años el período de cálculo según expresó el ministro, y se introducirán los planes de pensiones complementarios de empresa, de promoción pública y gestión privada, como se recoge en el plan enviado a Bruselas. Excepto la cuestión de la revalorización, que han tenido que aceptar con los dientes apretados forzados por la movilización, las demás cuestiones siguen la estela de la reforma de 2011. Y es especialmente incomprensible que se incentive la permanencia en el trabajo más allá de los 67 años o se penalice la jubilación anticipada cuando hay un paro juvenil del 40% y 3,6 millones de parados.
El objetivo es mantener a toda costa el corsé de hierro aprobado en el Pacto de Toledo de financiar las pensiones exclusivamente con unas cotizaciones sociales que decrecen por la degradación de los salarios, sin aumentar las cotizaciones empresariales,- aumentar el coste del trabajo es casus belli para las empresas-.
El gobierno se comprometió a derogar la reforma laboral, elemento nuclear de la crisis de las pensiones. A salarios de pobreza corresponden pensiones miserables, y sin embargo sigue manteniendo las políticas que cargaron sobre las espaldas de las familias obreras la factura de la crisis.
AL DICTADO DE BRUSELAS
Este acuerdo está fuertemente condicionado por el Plan de Transformación y Resiliencia, un compromiso de reformas presentado por el Gobierno a la Unión Europea para recibir los fondos europeos. En su componente 30 habla de la Reforma de las Pensiones.
En este documento se recogen las reformas a realizar en el sistema que coinciden con las aprobadas en este proceso de negociación y con el previsto antes del fin de 2022. Además de la revalorización de las pensiones garantizando el poder adquisitivo, aparecen el acercamiento de la edad efectiva a la edad legal a través de incentivos de demora de la edad de jubilación y de mecanismos penalizadores de la jubilación anticipada, el alargamiento del periodo de cómputo a 35 años, que no se explicita, pero se incluye- el ministerio lo incluyó y luego lo retiró-, y la revisión del sistema de previsión social complementaria fomentando el desarrollo de planes de empleo. Como se puede ver, cada compromiso con Bruselas está fielmente recogido en este primer acuerdo. También anticipan el contenido de la segunda parte de la negociación, el compromiso de introducir las pensiones privadas.
LOS PLANES PRIVADOS DE PENSIONES. EL ZORRO ENTRA EN EL GALLINERO
La UE y los lobbies de los bancos y aseguradoras, con la excusa falsa e interesada de la insostenibilidad de las pensiones, están a punto de conseguir, si prospera esta negociación del dialogo social, la introducción de los planes privados de pensiones de empleo complementarios al sistema público.
El compromiso es muy claro y explícito por parte del Gobierno en el memorándum enviado a Bruselas: “Mediante esta reforma se pretende revisar el marco regulador de pensiones complementarias con el fin de impulsar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva preferentemente sectorial. Para extender su uso se desplazará la fiscalidad actualmente favorable a los planes individuales a los planes de empleo de negociación colectiva. El gobierno creará fondos de pensiones de empleo de promoción pública, gestionados por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación. El objetivo es que a través de la negociación colectiva de los convenios sectoriales se amplíe de los 2 millones de trabajadores cubiertos actualmente a 13 millones en 2030, hasta alcanzar el 80% de la población ocupada en el largo plazo. Y en términos económicos pasar de menos de un 3% del PIB al 9% al final de esta década, un 18% en 2040 y un 31% en 2050”.
Es decepcionante que este gobierno, que votaron millones de trabajadores y sus familias y en el que confiaban para revertir las reformas regresivas que han hundido en la precariedad y la subsistencia a una parte sustancial de la población, sea el que dé el primer hachazo al sistema público de pensiones, el árbol más frondoso del Estado de bienestar, introduciendo el negocio y la depauperación consiguiente del sistema que serán para pobres, como la sanidad o la educación, si no lo evitamos.
Será un paso de gigante para el capital financiero que hincará sus dientes en “el bocado exquisito” que supone la gestión de los 9.955 millones mensuales de las pensiones públicas.
Como afirma la experta Miren Etxezarreta sobre el modelo de pensión privada – EPSV- utilizado en Euskadi, modelo que se quiere generalizar: “supone una aportación del empresario, que ya lo compensará con una subida de salario menor y otra parte con el salario de los propios trabajadores.
No podemos olvidar los paupérrimos salarios debido a las sucesivas reformas laborales. Una cifra difundida por el INE en el mes de junio afirma que el salario más frecuente en el Estado español es de 1321 euros brutos mensuales. ¿Qué trabajador con estos salarios puede permitirse el lujo de ahorrar para un plan de pensiones? ¿Y en qué cuantía? Se creará más desigualdad, habrá asalariados que puedan permitirse un complemento de pensiones y otros no podrán y tendrán que contentarse con pensiones públicas cada vez más devaluadas.
Parece que no interesa la defensa de unas pensiones públicas dignas y suficientes para todos después de una vida de trabajo, porque el elemento central de esta reforma que se hace con la excusa de la “sostenibilidad del sistema” es abrir la puerta al sector privado y aumentar el negocio del sector financiero a costa de las pensiones públicas.
Por ello rechazamos estas medidas y nos movilizaremos contra ellas, exigiendo a este gobierno que cumpla su programa y derogue las reformas laborales y de pensiones, que son la raíz de las amenazas al sistema público.
UGT y CCOO tienen una enorme responsabilidad, no pueden seguir blanqueando estas reformas, no pueden avalarlas porque perjudican gravemente a los actuales y futuros pensionistas, la reforma que pactaron en 2011 debe ser derogada.
El movimiento pensionista de Euskal Herria ha hecho la siguiente valoración: “El acuerdo alcanzado ratifica los recortes de las pensiones de la reforma de 2011, cambia de nombre al factor de sostenibilidad pero mantiene su esencia, deja las puertas abiertas a nuevos recortes y no garantiza la financiación suficiente para el sistema público de pensiones. En definitiva, la mayor parte de nuestras reivindicaciones siguen pendientes y no tenemos más alternativa que seguir en la calle”.
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