En los meses de marzo y abril, coincidiendo con el pico máximo de neumonía en nuestro país causado por el virus SARS COV 2, llegamos miles de sanitarios de las listas del paro para reforzar un sistema sanitario público ya deficitario y resentido por los distintos recortes y privatizaciones que se han venido llevando a cabo desde 2008, pero que se ha visto mermado aún más por las múltiples bajas por enfermedad y el colapso ocasionado por la crisis del COVID-19.
Llegamos con ganas, dispuestos a arrimar el hombro en un momento en el que todo el país lo necesitaba. Pero también llegamos con ganas de cotizar y de ganarnos el pan, pues por mucho que nos quieran heroizar, la enfermería es un trabajo y los trabajadores de este sector somos personas con necesidades que cubrir y una vida que vivir.
Trabajo como enfermera en el Hospital de Basurto. Un hospital público del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Pero soy andaluza. Emigro del sur al norte dejando mucho atrás porque, aunque parezca mentira, Osakidetza es el sistema sanitario público que mejores condiciones nos ofrece de todo el país. Ni siquiera he tenido la posibilidad de trabajar en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) hasta ahora, con más de 3 años de experiencia y tropecientos contratos temporales.
Han pasado 5 meses desde que comenzamos nuestro sobreesfuerzo, y la situación lejos de verse mejorada en medios y condiciones, cada día se agrava más en medio de una segunda ola de contagios.
Todo vale en nombre del COVID-19
A principios de mayo comenzó a notarse un descenso significativo de pacientes enfermos por coronavirus y se comenzó a descongestionar el hospital, a la vez que aún no se había reactivado la actividad normal de los quirófanos y consultas externas. Esto supuso un descenso de la carga de trabajo muy notorio. Los contratos “por refuerzo Covid” teníamos fecha de finalización hasta junio, y una semana antes de finalizar el contrato recibimos la llamada de la bolsa de contratación para “meternos el primer gol”. Nos ofrecían alargar el contrato hasta noviembre, con la condición indispensable de obligarnos a coger vacaciones a finales de mayo, cuando aún estábamos en Estado de Alarma y lo único que podíamos hacer era estar en casa. Así, se aseguraban mantener al personal y estar escépticos ante un posible rebrote, a la vez que se ahorraban hacer otros contratos para cubrir las vacaciones del personal fijo, haciéndonos coger vacaciones cuando el hospital no tenía apenas actividad. Nos resignamos y la mayoría aceptamos ante el panorama general. En Madrid echaron a parte del personal sanitario incluso antes de finalizar sus contratos, con lo cual nuestra situación “era de agradecer”. Y es así cómo una situación general de trabajo afecta de manera específica. Pues la situación que los compañeros y compañeras estaban viviendo en Madrid, se tradujo en Bilbao en aceptar con resignación la obligatoriedad de coger vacaciones cuando a la organización del hospital le beneficiaba por motivos evidentes y no cuando a los trabajadores nos favorecía.
Pero todo esto continúa. En mitad de lo que parece un segundo rebrote de casos, con mucho menos personal, y el que hay está agotado, la mitad de las camas cerradas, y la moral por los suelos, empiezan a denegarnos días de asuntos propios que nos corresponden como derecho en cada contrato. Todo, en nombre del Covid-19. Pues parece ser, que los eventuales “tenemos que sobreesforzarnos por ganar todo el dinero que podamos para volver al paro”, que los derechos laborales conquistados sólo se respetan para los fijos, que no tenemos familia, ni amigos, ni vida, ni siquiera a veces tenemos nombre, sino que somos “contrato de necesidades”, y esto conlleva automáticamente atropellar todos nuestros derechos laborales.
El primer dique de contención contra el virus, bajo mínimos
Por otro lado, la atención primaria que es la encargada de la prevención y control de enfermedades crónicas, y en este caso epidémicas, para que no se llegue a utilizar la hospitalización, no funciona como antes de la pandemia. En primer lugar, porque no ha habido un incremento presupuestario para aumentar los recursos, tanto material como de trabajadores. Las consultas continúan haciéndose de manera telefónica, como si la exploración física o la observación directa del estado del paciente pudieran sustituirse de manera alguna por dos minutos de llamada. Los pacientes llegan a las urgencias con cuadros aún más graves, no se detectan los riesgos potenciales y no se hace un buen seguimiento de casos positivos por Coronavirus. Pero la dirección del hospital decide “cerrar camas” con la excusa de que “no hay personal”. (Y si no hay personal, ¿Por qué es tan difícil acceder a la universidad para los futuros enfermeros y médicos?); las listas de espera siguen creciendo con las consecuencias médicas graves que conlleva; los fijos están de vacaciones y los eventuales somos deficientes para cubrir todas las plazas, a pesar de hacer exceso horario cada mes, de que no se cumplen los descansos establecidos por convenio, doblando turnos cuando un compañero no puede cubrir y, en definitiva, sin una cartelera de trabajo digna y sin previsión de mejorarlas.
Somos miles, los que nos hemos jugado literalmente la vida, y nos la seguimos jugando en esta crisis sanitaria. Y una gran parte de nosotros somos temporales. En Osakidetza la temporalidad roza el 40%, 12 puntos más que en todo el sector privado, y la duración de los contratos temporales en enfermería duran una media de 49 días. Centenares se jubilan siendo temporales. Además, 120.000 personas prestan un servicio público que ha sido privatizado por los distintos gobiernos. Todo ello, a pesar del enorme esfuerzo e implicación de nosotras las trabajadoras, tiene graves consecuencias en el servicio que prestamos a la sociedad. Trabajamos a diario sin saber qué va a pasar mañana.
La precariedad laboral sanitaria no es una situación transitoria ni nueva pero sí muy intensificada durante los últimos años. Esta pandemia también ha dejado en evidencia que las políticas de austeridad, el desmantelamiento del sector público, los recortes y la apuesta por las privatizaciones tienen gravísimas consecuencias para la gente. Forma parte de un diseño que busca el deterioro del sistema público para reducir su aprecio social y favorecer que la gente opte cada vez más por la sanidad privada, la cual no ha hecho otra cosa en esta crisis que “lavarse las manos” o intentar sacar tajada, embolsando hasta 810 euros (Hospital Ruber Internacional) por todo el proceso para detectar si un paciente está infectado por coronavirus; derivando a éste, por supuesto, a la sanidad pública si da positivo. Y la intensa precariedad laboral en la sanidad pública y privada repercute en la salud de toda una sociedad.
Recuperar los recursos para lo público y acabar con la precariedad
Nos encontramos con múltiples contradicciones. Por un lado, nuestro sistema público de salud no da abasto, se nos convence de que no hay suficiente personal a la vez que los enfermeros y médicos recibimos ofertas de trabajo miserables y a la vez que se nos impone una nota de acceso a la universidad desorbitada por las mínimas plazas públicas que se ofertan. Hay suficientes instalaciones sanitarias y hospitales, pero una gran parte son privadas, y el Gobierno se ve obligado a habilitar gimnasios en su lugar cuando los hospitales públicos están colapsados. No porque no pueda intervenir el sector privado, sino porque esto ocasionaría remover conciencias. Todos los medios de comunicación nos repiten una y otra vez, “que no hemos aprendido nada de esta pandemia”, pero eso no es más que un intento burdo de quitarle responsabilidad a las instituciones, individualizar un problema social y enturbiar el hecho de que simplemente: el sistema económico y social no funciona. El capitalismo no funciona.
La sociedad tiene clara la importancia de tener un sistema sanitario público fuerte y por tanto, debemos exigir la recuperación de todos nuestros recursos y poner fin a la precariedad. Debemos poner fin a las privatizaciones encubiertas y a las no tan encubiertas. Debemos exigir una dotación digna de todos nuestros hospitales y acabar con la alta tasa de temporalidad en el sector, las subcontrataciones y las bolsas corruptas de trabajo basadas en el negocio privado de empresas de Cursos, Másteres y Expertos. Todo esto pasa por derogar la reforma laboral y apoyarnos en todas las capas de trabajadores y trabajadoras de otros sectores e industrias. Solo con la solidaridad y la unión de la clase trabajadora en su conjunto es posible hacer avanzar a la sociedad.
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