Hace unos días tuvimos en Morón de la Frontera (Sevilla), una charla-debate acerca de la represión del Estado español, así como el papel de la justicia en su acción represiva. La charla contó con la ponencia de Óscar Reina, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de trabajadores, así como dos miembros de Lucha de Clases, Susana López y el autor de este artículo. Tanto Óscar como varios compañeros de los 30 allí presentes hablaron acerca de la huelga en el sector de aves y conejos que fue convocada el pasado abril en todo el Estado por parte de los principales sindicatos. No es para menos, debido a que muchos de ellos han recibido multas por su participación en los piquetes informativos de Procavi, matadero de pavos situado en el cercano municipio de Marchena. Varios compañeros allí presentes habían sido denunciados tanto por la empresa como por la Guardia Civil, presente en los piquetes informativos de la citada huelga. Y es que se denota una clara relación entre los intereses directos de los empresarios durante la huelga y las acciones represivas del aparato estatal.
Piquete informativo durante la huelga en Procavi
En primer lugar, en contra de las acusaciones que la empresa mantiene, hay que aclarar que los piquetes informativos que estuvieron en la planta durante el 11 y el 12 de abril fueron totalmente pacíficos. Éstos estaban compuestos en su mayoría por trabajadores de la empresa, así como por ex-trabajadores y trabajadores de otras empresas. Igualmente participaron numerosos simpatizantes procedentes de la Plataforma de apoyo a la dignificación de las condiciones laborales en Procavi. Dado el seguimiento masivo de la huelga por parte de los trabajadores (un 75% en la primera jornada y un 95% en la segunda) hubo un número relativamente pequeño de obreros que optaron por acceder a la fábrica. El carácter reducido de tal proporción contrastó desde el primer momento con el esfuerzo que la empresa puso en marcha para hacer fracasar la huelga, incluyendo una serie de estrategias ilegales para evitar el cese de la producción, el máximo terror de la empresa. Éstas se activaron antes de la huelga a través de reuniones “informativas” en las que se amenazaba a los trabajadores y se les persuadía de que no secundaran la huelga; durante la misma, mediante apertura de numerosos accesos alternativos a la fábrica para los esquiroles, llegando incluso a cegar un arroyo colindante para facilitar el acceso, así como con la prestación de un servicio de escolta de la Guardia Civil patrocinado con el dinero público. Después de la huelga, la estrategia continuó con las denuncias a los integrantes del piquete informativo.
A pesar de todo esto, hay que decir que entre los compañeros y compañeras que decidieron entrar el primer día, había muchas lágrimas y disculpas, señalando que la empresa los había amenazado con el despido directo, por encontrarse en una situación de contratación en precario. No obstante, muchos de estos compañeros acabaron persuadidos de la necesidad de unirse a la huelga, llegando a producirse una parada absoluta en el segundo día.
Los piquetes informativos eran continuamente agredidos por los vehículos de los esquiroles (la mayoría encargados cercanos a la dirección), que salían a toda velocidad sin aceptar las octavillas que les ofrecían sus compañeros. Esta situación llegó a su punto culminante cuando un compañero del piquete tuvo que saltar a la cuneta para esquivar a uno de los vehículos. Poco después, un encargado de la planta arrolló con su coche a uno de los integrantes del piquete, pasándole la rueda varias veces encima de la pierna. Fue el piquete informativo el que fue víctima de violencia, nunca los esquiroles o la empresa.
Todo esto era contemplado con pasividad y apatía por parte del impresionante dispositivo de seguridad que allí se había desplazado. No menos de 7 coches de la Guardia Civil acechaban todos los movimientos del piquete informativo. A esto hay que sumar los numerosos equipos de seguridad privada contratados por la empresa, que tuvieron la desfachatez de operar en el aparcamiento de la planta, codo con codo con la Guardia Civil, obstaculizando el desempeño del piquete.
Tras el primer día de actividad, en el que el piquete consiguió que un turno de trabajadores se dieran la vuelta y decidieran secundar la huelga, el ya grande de por sí dispositivo policial se dobló, en correspondencia directa con las necesidades imperativas de la empresa. En la segunda jornada hicieron su aparición las unidades de élite del cuerpo, los Boinas Verdes. Éstos se encargaron de escoltar personalmente, a través de una caravana de vehículos de la Guardia Civil, a todos los trabajadores que decidieron no hacer huelga el segundo día. Tampoco permitieron la toma de imágenes de tan ruin operación, enarbolando la Ley Mordaza como justificante. Pero el piquete demostró sangre fría y no respondió a ninguna de las provocaciones efectuadas tanto por la empresa como por la Guardia Civil.
Resulta esclarecedor cómo las fuerzas de seguridad estatales actuaron siempre en beneficio último de la empresa, y nunca de los trabajadores. ¿Por qué no actúa todos los días la Guardia Civil parando los atentados contra el derecho al trabajo que se producen todos los días, incluidos en los ocasionados por empresas como Procavi?. Precisamente los dos días de huelga el Estado hace aparición como garante del derecho al trabajo, del que se despreocupa el resto del año como se registra en sus propias estadísticas oficiales.
No obstante, la verdadera represión estaba por llegar. Algunos días después de la finalización de la huelga, uno de los compañeros que participó en la misma recibió una denuncia de la Guardia Civil que se concretó en una multa de 300€ (!) por una narración satírica sobre el piquete publicado en su muro de Facebook. Otro de los compañeros ha recibido una multa de 600€ (!) por supuestas acciones violentas contra los vehículos de los esquiroles. Por no hablar de todos los compañeros que han sido denunciados por la propia empresa, que están siendo “investigados” por crímenes potenciales contra los derechos de los trabajadores (!). Entre ellos se encuentra Óscar Reina, portavoz nacional del SAT, así como numerosos compañeros de CCOO y UGT, entre ellos varios miembros de los comités de empresa. Asimismo están citados a juicio activistas de Podemos, como Curro, miembro de la corriente marxista Lucha de Clases.
En esta represión es donde se revela el auténtico carácter del Estado, cuyas funciones corresponden en última instancia a los intereses de la clase dominante. La estrategia de ésta es clara: criminalizar a los trabajadores que luchan por sus derechos o a cualquier simpatizante de los mismos, haciendo ver las caras consecuencias de participar en un piquete o secundar una huelga. Hace unos días ha sido condenada a 4 meses de cárcel una joven militante de Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) por una pintada que decía “75% de paro juvenil en Canarias”. La represión estatal sigue una curva ascendente que no hace sino resaltar la dificultad de los gobiernos para mantener la estabilidad del sistema. El que el Estado tenga que usar estas prácticas revela, sobre todo, el carácter débil del Gobierno ante su crisis política continuada.
Algunos de los integrantes del piquete informativo se ven ahora amenazados por diversas penas, en general, leves (aunque ya veremos cómo termina el juicio pendiente). Sin embargo, otros compañeros no tienen tanta suerte. El cautiverio de Andrés Bódalo es un ejemplo de la represión que el Estado ejerce sobre la parte más consciente de la clase trabajadora. Terrorismo empresarial y estatal van de la mano para frenar a los trabajadores en su pugna por mejorar sus condiciones de vida y dignificar su existencia. Por eso Bódalo se ha convertido en un ejemplo, porque representa la entereza, la firmeza y la valentía de la clase obrera ante la represión. Como Bódalo, ninguno de nosotros se doblegará ante el látigo del régimen del 78.
Como hemos visto, los ricos tienen todas las herramientas a su servicio, y el Estado no es más que una de ellas. Ningún gran empresario será cumplirá una condena como la de Bódalo, por graves que sean sus delitos. La oligarquía formada entre la gran patronal y los altos funcionarios del Estado, en conjunción con los gobernantes, siempre permanece unida en torno a sus intereses comunes. Por eso la lucha obrera es un desafío constante y arduo para el cual debemos agrupar todas las fuerzas disponibles. La unidad de acción de todas las organizaciones que luchan por los derechos de la clase trabajadora es vital en este sentido. Sindicatos de clase y partidos de la izquierda deben trabajar unidos para responder de forma contundente a cualquier tentativa de represión, pero conservando asimismo su autonomía organizativa.
La represión, ya vengan del Estado o de las empresas, proceden en última instancia del patrón, que tiene todas las facilidades para deslegitimar la justa lucha de los trabajadores. Además, lo hace con la falsa pretensión de que esos delitos van contra los trabajadores mismos. Los derechos que conquistaron las huelgas, entre ellos el derecho a la huelga, permitieron el bienestar de la mayoría. Las revoluciones venideras conquistarán los derechos que faltan para que la humanidad progrese.
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