Victoria de la huelga de transporte de Alicante

La huelga había sido convocada después de que el ayuntamiento desvelase que el presupuesto destinado a las rutas interurbanas sería reducido de seis a dos millones de euros y el anuncio por parte de Vectalia de que llevaría a cabo un brutal ERE que conllevaría el despido de 65 de los 140 empleados de la empresa y peores condiciones para los trabajadores restantes. El recorte también repercutiría en un deterioro marcado de los servicios, previéndose la supresión de varias líneas, la reducción en el número autobuses y un aumento en el precio de los billetes. Se verían particularmente afectadas las líneas interurbanas 23 y 24, que conectan a Alicante con los municipios circundantes de San Juan y San Vicente, usadas cada día por miles de personas, y cuya frecuencia se reduciría por más de la mitad. Se hablaba de un aumento en el precio de los billetes de 1,45 a 1,90 euros, así como de la supresión de varios bonos de transporte.

Este recorte llega tras un largo deterioro y encarecimiento del transporte público en Alicante, con subidas cada pocos meses en el precio de los billetes y de los bonos de transporte. Además, el gobierno municipal ha priorizado sistemáticamente un servicio de tranvía que beneficia principalmente a los barrios ricos de las playas y a los turistas. Al mismo tiempo, los barrios obreros de la ciudad lidian con servicios en constante deterioro. Este ha sido el modelo de desarrollo de la burguesía valenciana en las últimas décadas, un modelo improductivo que ha abandonado los servicios públicos y que se basa en la especulación, el rentismo y la corrupción. Como bien sabemos, la punta del iceberg de los escándalos que han venido salpicando a la burguesía española estos últimos años fue Caso Gürtel, que forzó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a dimitir. De hecho, un 20% de los parlamentarios del PP en Les Corts de Valencia están imputados en casos de corrupción. En Alicante la situación es peor si cabe. La alcaldesa Sonia Castedo fue aupada a la alcaldía tras la dimisión del Díaz Alperi un personaje turbio que aparece en numerosos casos de corrupción. La alcaldesa es una de las fichas clave en el Caso Brugal, una extensa trama de tráfico de influencias; la otra es el empresario Enrique Ortiz, cacique donde los haya, dueño real de la ciudad que amasó una enorme fortuna durante el boom inmobiliario gracias a la adjudicación irregular de terrenos, y que hoy mantiene sus pingües beneficios proveyendo servicios subcontratados a sus “amiguetes” del ayuntamiento. Mientas recorta y privatiza servicios, el gobierno municipal lleva a cabo proyectos absurdos, como la decoración con setas de plástico de las calles del centro (un “adorno” que ha costado 60.000 €), la compra de chalecos de 575 € para todos los agentes de la policía municipal o un gasto en flores de 400 € por habitante.

La ira y la desesperación de los trabajadores valencianos es comprensible cuando esta casta parasitaria recorta salarios y servicios públicos y empobrece sistemáticamente a la población con el pretexto de que es “necesario para mantener nuestras escuelas y hospitales”, como vimos recientemente con Canal 9. No es ninguna casualidad que las explosiones de descontento popular estén surgiendo con especial intensidad en las comunidades en las que encontramos estas administraciones corruptas y reaccionarias, como Valencia, Madrid o Baleares, donde esta casta pudo apoltronarse en el poder en los años de bonanza, pero sobre el volcán durmiente de los trabajadores. La huelga de los autobuses, la lucha de Canal 9 o las protestas estudiantiles de la Primavera Valenciana son síntomas de que este volcán está empezando a entrar en erupción.

La resistencia de los conductores ante este ataque comenzó con una militancia admirable. La convocatoria de huelga inicial, de siete días, fue ampliada a diez de cara a la reunión que mantuvieron el Consell y las empresas el lunes. Esta lucha también se ha caracterizado por la unidad de los trabajadores. Los conductores de los autobuses urbanos gestionados por Masatuta, en solidaridad con sus compañeros y en vista de los posibles ataques que deparan a sus líneas, se unieron a la huelga, que fue convocada en un principio por los trabajadores de las líneas interurbanas. La determinación de los conductores de frenar el ERE salió a relucir el primer día de la huelga, que fue secundada por el 100% de la plantilla de Vectalia. El ambiente en los piquetes era de unidad y de combatividad. Más tarde ese mismo día, un centenar de trabajadores trató de irrumpir en la reunión entre el Consell y las empresas del transporte. Juan Manuel Ferrández, presidente del comité de empresa de La Alcoyana (una de las empresas que componen Vectalia), declaró “Estamos dispuestos a seguir en lucha hasta que den una solución (…) no nos dejan otro camino, y ya hemos concienciado a la ciudadanía”. Y efectivamente, la ciudadanía mostró durante la huelga su simpatía hacia los conductores. Ya el día 14 la lucha había sido arropada por cientos de alicantinos en una multitudinaria manifestación. Durante la huelga, los usuarios entrevistados por los medios (que suelen buscar quejas para dividir a los trabajadores) expresan su apoyo a los conductores, y la única crítica que se ha venido escuchando ha sido hacia las propias empresas y el ayuntamiento por no informar adecuadamente sobre los paros. María Victoria, por ejemplo, una usuaria de El Campello, comentaba: “Estamos conformes con la huelga porque piden sus derechos (…) pero que pongan información, porque no dicen nada en claro”. Este tipo de anécdotas refleja la creciente unidad entre la clase obrera del Estado español, como hemos visto en luchas recientes como la de los barrenderos de Madrid, los trabajadores de Panrico, los docentes en Baleares o en el sector del metal en Asturias, que han estado marcadas por la solidaridad y el apoyo popular.

Tras el segundo día de huelga, Vectalia anunciaba que el ERE no se produciría tras llegar a un nuevo acuerdo con el Consell. Vemos como el gobierno y la patronal se acobardan ante una primera muestra de fuerza de los trabajadores, que tras dos de los diez días de huelga previstos logran frenar los despidos y sembrar el pánico en las filas de la burguesía. Algo similar ocurrió hace unas semanas en Madrid durante la huelga de los barrenderos. Estamos presenciando como la clase obrera se va dando cuenta, a través de las luchas, de su propio poder. “Vamos a estar en huelga los días de navidad con lo que ello supone para los comerciantes”, comentaba el antes citado Juan Manuel Ferrández, señalando la capacidad de los trabajadores, si están unidos y cuentan con determinación, de paralizar las ciudades por completo. Son los trabajadores los que producen y los que mantienen a la sociedad en funcionamiento. No se enciende una bombilla ni sale agua de un grifo si no es gracias a la cortesía de la clase obrera. Tanto la burguesía como los trabajadores se están dando cuenta de ello en este período de huelgas y de intensificación de la lucha de clases en el Estado español.