Análisis Político
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La reforma del Código Penal pensada para reducir las penas de los condenados por el procés se está encontrado con el sabotaje abierto del Tribunal Supremo. El alto tribunal se niega a aplicar la nueva figura de desórdenes públicos agravados y condena a los encausados por “desobediencia en concurso real con malversación”. De este modo, se mantiene íntegra la pena de 13 años de inhabilitación a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.

Tanto el gobierno como ERC confiaban en que la reforma del delito de malversación beneficiara a los dirigentes condenados por malversación. Con la nueva tipificación, el desvío de fondos para fines distintos de aquellos a los que estaban previstos debe tener una pena menor cuando estos fondos no vayan a parar al bolsillo de los acusados. Por contra, el Supremo mantiene la pena a los condenados considerando que el haber destinado fondos al referéndum del 1 de octubre era lo mismo que robar. De esta manera, el Supremo vacía totalmente de contenido la reforma y aplica de nuevo las penas más altas con el mismo ánimo vengativo con que encaró todo el juicio del procés.

El Tribunal Supremo se niega a aplicar la ley de la forma más beneficiosa para el reo, tal y como marca la Constitución y como otros jueces reaccionarios han hecho con cientos de agresores sexuales tras la aprobación de la ley Sólo sí es sí, sin que esto haya merecido ningún comentario por parte del Poder Judicial. El Supremo no sólo se coloca en rebeldía, una vez más, frente al gobierno, sino que se atreve incluso a enmendarle la plana entrando, en el auto, en valoraciones políticas y advertencias sobre futuros “ataques a la constitución” que “quedarían impunes” con la nueva norma.

Esta insumisión del Poder Judicial y sus injerencias políticas no está pasando inadvertida para los analistas más sagaces de la burguesía. Tras todos estos años de batalla por la renovación del CGPJ, la credibilidad de la administración de justicia está más que erosionada, y esta nueva andanada del Supremo pone en peligro la política de apaciguamiento hacia el independentismo catalán que cuenta con el apoyo, no sólo de ERC y de la Generalitat, sino también de los sectores decisivos del capital catalán y español. Estos han reaccionado a través de su órgano de expresión, El País, con un lenguaje inusualmente duro:

“Sea o no exacta tal estimación, está fuera de sus funciones [del Supremo] enjuiciar la acción del legislativo o valorar el nivel de “desenfoque” de la reforma. También la tenebrosa admonición del Supremo sobre la indefensión en que deja la reforma al sistema democrático resulta extemporánea, además de exceder las funciones del alto tribunal, que en ningún caso puede actuar como tercera cámara del poder legislativo. […] La decidida función militante que el Supremo ha asumido desdibuja la exigencia de apariencia de imparcialidad y erosiona su propia credibilidad.” (Editorial de El País del 15 de febrero, énfasis nuestro).

Teniendo en cuenta todo lo ocurrido en los últimos años, tanto el juicio del procés como la batalla en el seno del CGPJ, llama la atención que el gobierno confiara en que su política de distensión fuera a ser aceptada sin más por el Tribunal Supremo. El gobierno tiene una gran responsabilidad en la actual situación, empezando por la cobardía que demostró al conceder solamente un indulto parcial a los condenados, que efectivamente los sacó de la cárcel pero mantuvo intactas las penas de inhabilitación, confiando en que su habilidad negociadora hiciera el resto.

Al final, la reforma anunciada a bombo y platillo por el gobierno no ha surtido el efecto deseado: los dirigentes independentistas condenados seguirán fuera de la política institucional, Puigdemont puede ser encausado y encarcelado y el apaciguamiento buscado sólo se sostiene por la “buena voluntad” (sumisión, para ser más exactos) de la dirección de ERC. Sin embargo, los efectos perversos de esta reforma para la movilización social seguirán siendo una amenaza para la militancia de izquierdas en todo el Estado.

Para el aparato del Estado, con la Corona y el Poder Judicial al frente, es fundamental la defensa de la sacrosanta unidad de España, la permanencia del Estado del que extraen sus prebendas materiales, y cualquier amenaza contra este principio esencial debe ser respondida con la más terrible de las venganzas, enfrentándose a los poderes elegidos democráticamente y retorciendo la ley si es necesario. La solución al problema nacional en el Estado español no está en simples parches legislativos ni pactos de despacho, sino en una verdadera revolución que lleve a cabo la tarea de desmontar este aparato de Estado y que haga posible una federación socialista de las nacionalidades ibéricas, voluntaria y en pie de igualdad.

 

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