Análisis Político
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Las elecciones en Castilla y León han sido un golpe para la izquierda, que ha perdido 156.000 votos respecto a las elecciones de 2019. También la derecha en conjunto ha perdido votos, 70.000. El Partido Popular apenas sacó 15.000 votos más que el PSOE en una victoria agónica. Obligado a gobernar con Vox, quien por vez primera sería parte de un gobierno, el liderazgo de Casado en el PP queda debilitado.

Toda elección autonómica tiene particularidades y sería erróneo hacer una traslación mecánica y exacta a la situación nacional. Para empezar, no hubo mucho entusiasmo popular. La participación fue del 62%, restando abstenciones y votos blancos y nulos.

No obstante, esta elección sí revela algunas tendencias generales que son importantes a resaltar.

Victoria “amarga” del PP

Las elecciones fueron forzadas por la dirección nacional del PP, quien disfrutaba de una mayoría en el parlamento regional de la mano de Ciudadanos, con quien compartía gobierno.

Desde hace meses, el PP se siente impotente ante las dificultades que tiene para  socavar significativamente al gobierno PSOE-UP quien, si bien no despierta grandes entusiasmos, ha conseguido mantenerse airoso gracias al repunte económico de los últimos meses y al “pacto social” de patronales y sindicatos.

Sectores del PP, como Díaz Ayuso en Madrid, no ocultan sus pretensiones de disputarle a Casado el liderazgo del partido. Casado, viendo cómo tratan de moverle la silla, quiso dar un golpe de efecto para reforzar su posición. Siendo el presidente castellanoleonés, Fernández Mañueco, uno de los suyos, lo instó a romper el gobierno regional y adelantar las elecciones convencido de que tendría una mayoría absoluta incontestable y demostrar así a Díaz Ayuso y a los demás críticos que también sabe conseguir victorias arrolladoras.

El resultado ha sido un “bluff”. No sólo estuvo a punto de perder la elección ante el PSOE sino que abrió la puerta a un crecimiento espectacular de Vox, que pasó del 5,5% al 17,6%, y con el que estará obligado a entenderse si quiere gobernar. Vox ya ha dicho que la condición innegociable para apoyar a Fernández Mañueco es su entrada en el gobierno, incluido el puesto de Vicepresidente.

La posición general del PP queda así debilitada en todo el país, frente a la extrema derecha de Vox. Moreno Bonilla, el Presidente de la Junta de Andalucía, se ha visto obligado ahora a dar marcha atrás en su pretensión de adelantar las elecciones regionales para intentar conseguir una mayoría absoluta propia. El resultado en Andalucía, dentro del campo de la derecha, no sería hoy muy diferente al producido en Castilla y León.

El fracaso de la izquierda

En lo que se refiere a la izquierda, los resultados han sido muy malos. El PSOE, que fue el partido más votado en 2019, perdió 116.000 votos y 7 procuradores (diputados), pasando de 35 a 28. Unidas Podemos no lo hizo mejor, pasó de dos a un solo procurador. Este resultado es peor de lo que parece. En 2019, Podemos e IU fueron por separado, y los 2 procuradores conseguidos entonces los ganó solamente Podemos. Ahora, Podemos e IU se presentaron unidos y han perdido 40.000 votos en conjunto, pasando de 101.000 a 61.000. Para poner este resultado en perspectiva: en las elecciones regionales de 2015 Podemos, que también jugó solo, sacó 10 procuradores. Decir, como tratan de consolarse sus dirigentes regionales y nacionales, que “UP resiste” por haber sacado un diputado, es una broma de mal gusto.

Como es habitual, las direcciones tratan de sacudirse su responsabilidad en esto. Muchos en el aparato de UP y entre activistas desmoralizados del resto del país, han tratado de culpar por los resultados a los propios trabajadores y sectores populares castellano-leoneses: que es una región de derechas, gente atrasada, etc. Ya oímos este mismo lenguaje insultante y desvergonzado por parte de esta gente contra los trabajadores andaluces y madrileños en ocasión de las victorias de la derecha en Andalucía en  diciembre de 2018 y en Madrid en abril de 2021.

Otros, como Pablo Iglesias, se han escorado hacia un lloriqueo histérico lamentable. Así, en un tuit emitido al final de la noche electoral, afirmó:

“Derecha y ultraderecha tienen mayoría absoluta en CyL. El PP depende de VOX. SoriaYa apunta una tendencia estatal inequívoca. PSOE retrocede. UP resiste, pero esto es Weimar. Es evidente lo que eso significa para nuestra democracia. No vuelve el bipartidismo; llega la reacción.”

Esto no es más que una expresión de la conocida tendencia de Iglesias a desconfiar de las masas de la clase trabajadora.

Las referencias a Weimar y a la reacción, tan de su gusto, solo nos puede llevar a sacar la conclusión de que estamos a punto de ser asaltados por el fascismo. Pero cualquiera que tenga los pies sobre la tierra, y conozca las condiciones de vida de las familias trabajadoras, el ambiente social, y el odio innato de la mayoría de la clase hacia la extrema derecha, verá que no existen condiciones hoy, ni a medio plazo, para que se instale la reacción en el Estado español. La lucha del metal de Cádiz, por mencionar sólo el ejemplo más reciente, da una muestra del nivel de combatividad y valentía de la clase obrera de nuestro país. Esta es la razón por la que los sectores más inteligentes y decisivos de la clase dominante no quieren un gobierno de la derecha con Vox en la Moncloa. Saben perfectamente que las provocaciones de los lunáticos de Vox en el gobierno podrían detonar un estallido popular en un momento dado.

En cualquier caso hay algo que no cuadra en el análisis del compañero Iglesias. Él se ha desgañitado estos dos años asegurándonos que este gobierno ha sido el más progresista en 40 años y el que más avances sociales nos ha traído. Y, sin embargo, parece que el efecto de eso ha sido que la población le ha dado la espalda al gobierno "progresista" y que se ha fortalecido la reacción. La realidad es que el gobierno se ha quedado muy corto en sus políticas de cambio genuino y, por el contrario, ha tratado de reducirlas al mínimo para no indisponer a la patronal y a los ricos de este país. Quizás eso explique la insatisfacción con las políticas del gobierno central en una parte sustancial de la población.

Un elemento principal en el fracaso de la izquierda ha sido la nula oposición real al gobierno de Mañueco en estos dos años. Como ocurre actualmente en Andalucía y en Madrid, la “oposición” de PSOE y UP en Castilla y León a la derecha regional no ha rebasado la tribuna del parlamento ni las pantallas de los ordenados y móviles en las redes sociales. No han organizado ninguna movilización significativa, por su propia iniciativa, contra las políticas antiobreras y antisociales de estos gobiernos.

Por otro lado, en la responsabilidad que compete al gobierno central en los resultados para la izquierda, más allá de algunos cambios y concesiones pequeñas, su política no despierta grandes ilusiones: no se abordan temas centrales, como la carestía de la luz con la expropiación del oligopolio energético, o de la vivienda que sigue siendo un objetivo inalcanzable para millones de trabajadores, sobre todo jóvenes. En lugar de un cambio profundo en las relaciones laborales nos proveen de una reforma laboral descafeinada, no se termina de derogar la ley mordaza, etc. En definitiva, se han rebajado al mínimo las expectativas de un cambio radical en las condiciones de vida y democráticas de la mayoría de la población. En esta situación, la motivación de ir a votar se reduce ostensiblemente, sobre todo en unas elecciones regionales que la mayoría percibe que no tienen tanta trascendencia como unas elecciones estatales.

El auge de los partidos localistas y de Vox

La despoblación de amplias zonas del interior es un problema endémico del capitalismo español y una muestra de su debilidad y atraso, y este problema es especialmente agudo en Castilla y León y muy especialmente en la provincia de Soria, cuya población se ha desplomado en las últimas décadas hasta situarse por debajo de los 100.000 habitantes. La falta de alternativas concretas a este problema vital por parte de la izquierda ha propulsado las candidaturas provinciales en estas elecciones y especialmente a Soria Ya, que ha obtenido tres de los cinco escaños de la provincia. 

Soria Ya se presenta con un perfil más progresista que Por Ávila, que es una escisión del PP, e incluso que Unión del Pueblo Leonés, cuyo programa gira en torno a la autonomía separada para la región leonesa. Pero el común denominador de todas estas candidaturas es que pretenden romper el aislamiento y el atraso de sus provincias a través de un pacto interclasista entre todos los sectores sociales para luchar por las infraestructuras y servicios, cuando precisamente el carácter débil, atrasado y rentista de la burguesía de estas provincias es una de las causas fundamentales de esta situación, y esta burguesía no va a actuar en contra de sus intereses. 

En cualquier caso, estas formaciones –independientemente de su heterogeneidad política y de clase– ofrecían una perspectiva de cambio a las condiciones de vida, al calor del auge del debate en torno a la llamada “España vaciada”, abandonada a su suerte por los gobiernos regional y central. Y eso ha movilizado a su favor a una parte del electorado progresista más sensibilizado. Eso es lo que explica que hayan pasado de  51.000 votos en 2019 (3,7%) a 113.000 votos ahora, el 9,4%.

Por su parte, Vox se ha beneficiado claramente del descrédito general que tienen el PP y sobre todo Ciudadanos en gran parte de sus bases sociales, muy arraigadas en la pequeña propiedad agraria, con su promesa de apostar por un cambio “radical”, por muy vacío y demagógico que sea el contenido concreto de este cambio. Así, tanto Vox como las candidaturas regionales y provinciales han sido los únicos que han conectado con las ansias de un cambio radical, sea el que sea, para movilizar a sus respectivos electorados.

En cualquier caso, hay que relativizar la victoria de la derecha en Castilla y León, que ha sido significativa pero no arrolladora. Aquí, la suma de PP, Vox y Ciudadanos alcanza el 53,5%, mientras que en la Comunidad de Madrid llegó al 57,3% del electorado.

¿Qué hacer?

Ahora, un sector del aparato del PSOE está presionando a favor de la abstención en la investidura de Fernández Mañueco, como una manera de evitar un pacto PP-Vox y la entrada de este último en el gobierno. Pero esto es una trampa. Al día siguiente de ser investido, Fernández Mañueco no tendrá ningún escrúpulo, ni tampoco más opción, en pactar todas sus políticas con Vox, e incluso darle entrada en su gobierno. Vox dice que exigirá derogar la ley regional de Memoria Histórica, pero ¿es que acaso los gobiernos de Rajoy, cuando Vox era una secta minúscula, no desfinanciaron la ley estatal de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero sin concederle un solo euro, lo que equivalía a su derogación de facto? No existe ninguna diferencia sustancial entre PP y Vox. El PP gobierna en Andalucía, Murcia y Madrid con el apoyo abierto del segundo.

Ante un gobierno de PP-Vox en Castilla y León lo que hace falta es combatirlo en la calle con la movilización, pero ¡ay! esto es lo que han evitado hacer PSOE y UP estos dos años en el conjunto del Estado ante las provocaciones constantes de la derecha, mostrando su desconfianza congénita en la clase trabajadora. Pero no hay otro camino que basarse en la movilización, la organización y la confianza en la clase trabajadora y en sus propias fuerzas, además de ofrecer un programa radical de cambio real que no se quede en palabras ni en el papel.

No es la hora de los lamentos ni de los lloriqueos desmoralizantes, sino de cambiar radicalmente de política, en Castilla y León, y en el gobierno central en Madrid.

Puedes enviarnos tus comentarios y opiniones sobre este u otro artículo a: [email protected]

Para conocer más de “Lucha de Clases”, entra a este enlace

Si puedes hacer una donación para ayudarnos a mantener nuestra actividad pulsa aquí