¡Depuración del aparato del Estado de reaccionarios y franquistas! ¡Elección y revocabilidad de jueces, policías y guardias civiles directamente por el pueblo!

Los rangos altos y medios de la Justicia, la policía, guardia civil y el ejército tienen como misión principal defender sus privilegios como parásitos vividores del Estado, defender al capitalismo español y, por tanto, defender la base de su poder y de la clase capitalista a la que representan: la propiedad privada de los medios de producción de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes.

Ataques contra el 8M

La derecha y buena parte del aparato del Estado enloqueció con la formación del Gobierno PSOE-UP, muestra de su profunda aversión a la democracia, por muy limitada que esta sea. Esto es tan solo la confirmación de su herencia franquista, que está bien enquistada en sus tradiciones, moral y formas de actuar, y la farsa de la Transición, que se vendió por parte de los mismos PSOE y PCE como un éxito democrático cuando en realidad fue una traición a las aspiraciones republicanas y socialistas de millones de trabajadores y jóvenes.

Los ataques de la derecha se han ido intensificando a medida que lo ha ido haciendo también la crisis sanitaria y económica. Uno de sus principales frentes ha sido la celebración del día de la mujer trabajadora el pasado 8 de marzo, que ha sido tomada como un ariete en su ataque al gobierno,  con la participación del aparato judicial y de la guardia civil. Este ataque contra la lucha de la mujer por su emancipación no es casual, sino que expresa directamente el carácter profundamente atrasado y reaccionario de una buena parte de la clase dominante española y sus lacayos.

Sin entrar en detalles, está claro que la celebración del 8M se llevó a cabo antes de que se supiera el impacto real que iba a tener la COVID-19. Es más, el ataque de la derecha confirma su hipocresía carácter de clase, ya que no dicen nada de que el 8M y en los días previos se mantuvo la actividad económica habitual, juntando a millones en sus centros de trabajo, con la utilización masiva del transporte público, con estadios de futbol abarrotados, lo mismo que centros comerciales, tiendas, museos, cines, etc. incluyendo la celebración ese mismo día del Congreso de Vox con varios miles de participantes, con Ortega Smith participando a sabiendas que podría estar infectado. Por otro lado, muestra el método sin escrúpulos de la derecha y del aparato del Estado, que están utilizando la situación actual de crisis sanitaria como un palo para golpear a todo lo que huela a progresista como el mismo 8M. Y en cualquier caso, todos los expertos coinciden en que el impacto de la manifestación del 8M en Madrid en la extensión de la epidemia fue marginal.

Dicho todo esto, hay que ser claros. Nuestros derechos democráticos, específicamente en este caso el de manifestación, deben ser defendidos a toda costa, haya o no Estado de Alarma, sea legal o ilegal, porque son las herramientas de la clase obrera y de la juventud para hacer frente a los ataques de la burguesía y su aparato represor.

Otra “ejemplar investigación” de los cuerpos represivos

Todo este caso es un escándalo de principio a fin, empezando por la instrucción de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, vinculada al PP y al anterior ministro de justicia de Rajoy, Rafael Catalá. Rodríguez-Medel fue quien sobreseyó los casos de Cifuentes y Casado por sus falsos “másteres” en la Universidad Rey Juan Carlos. Claramente, la aceptación de la instrucción de este caso es una maniobra política de la derecha y esta jueza sirve conscientemente a esos intereses reaccionarios.

La “investigación” de la guardia civil sobre la supuesta prevaricación del delegado del gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8M a sabiendas supuestamente de que iba a extender la epidemia es todo un escándalo, por su contenido político como hemos dicho más arriba, por el método y por su “calidad”.  Aun con la larga experiencia con la que cuentan estos agentes de tricornio del capitalismo español, sólo son capaces de elaborar una verdadera chapuza. Cuando se está al servicio de la mentira, la violencia y la opresión, como fue históricamente el caso de la Guardia Civil desde su creación, eso necesariamente debe reflejarse en la capacidad intelectual de sus operadores. Su profunda descomposición se expresa a través de su mediocridad, incompetencia y mano dura, mientras que también expresa su desprecio hacia el pueblo, tratándolo de imbécil.

Como indican las revelaciones del eldiario.es, la “investigación” de la guardia civil se basa en bulos ya desmentidos, noticias tergiversadas, fechas incorrectas y hasta en testimonios manipulados. Una de las fuentes que se utilizan para elaborar el escrito es el diario de las cloacas, OKDiario, dirigido por el destacado perro de presa del capitalismo español, Eduardo Inda. Cualquiera que haya ojeado OKDiario sabe que no es nada más que una herramienta para atacar a la izquierda de la manera más sucia. Que la guardia civil lo emplee como punto de referencia expresa, otra vez, su carácter atrasado y reaccionario, mientras que a la vez revela algo más importante: cómo funciona realmente la defensa de los intereses de los ricos.

La libertad de expresión, bajo una sociedad dividida entre un puñado de explotadores y una mayoría de explotados, es una ilusión. Quienes dominan la prensa, radio, TV, etc. son los grandes ricos, que emplean sus recursos para perpetrar su dominación de clase. Y como estamos viendo, esto tiene consecuencias prácticas, ya que la guardia civil tiene todo el derecho justificado de apoyarse en información expuesta por un medio “legal”, “formalizado” y con acreditación de prensa. De esta forma se crea un tándem efectivo: unos se inventan noticias, tuercen la verdad, difunden bulos, mientras los otros las utilizan como fuentes de investigación, persecución y represión.

La justicia funciona de forma parecida. Toda “independencia” de esta institución es un engaño. De manera general, leyes se crean o desechan, se aplican sentencias de una forma u otra, se investiga, etc. en función de los intereses de los grandes empresarios y banqueros y la defensa de sus privilegios. La sentencia del Tribunal Supremo fallando a favor de la banca en el caso sobre las hipotecas es un ejemplo reciente. La ley y su aplicación no caen del cielo, sino que son producto de las condiciones materiales del momento. En este sentido, cabe preguntar ¿Por qué no se está investigando a Vox por celebrar su congreso el mismo día 8 de marzo, o a la presidenta de la Comunidad de Madrid por no haber limitado el uso del transporte públicos del Metro y de los autobuses urbanos municipales y que mueven al día cerca de 2 millones de pasajeros sin apenas distancia entre ellos?

Todos los expertos confirman que si alguna incidencia tuvo la extensión de la epidemia fue justamente el trasporte público, y añadimos nosotros: la codicia de los empresarios por mantener la actividad productiva en las áreas industriales y comerciales no esenciales de Madrid y Barcelona, incluso después de declarado el Estado de Alarma

Sin embargo, nada de esto nos debería sorprender. La clase dominante española y sus lacayos han basado su dominación no en el progreso y la democracia, sino en la reacción y la represión. Como ya dijimos durante el juicio al “procés” catalán, o en la detención de los activistas de los CDRs, donde la mentira, la exageración y la tergiversación fueron los métodos de la acusación, no se trata de una manzana podrida aquí o allá, sino que se trata de la putrefacción de todo el aparato del Estado en su conjunto, y avisamos que estos ataques y métodos en la lucha contra el independentismo catalán iban a ser utilizados tarde o temprano contra la izquierda en todo el Estado, como ya habían sido utilizados contra la izquierda independentista vasca bastante años atrás uno de cuyas últimos coletazos ha sido la prisión de hasta 8 años de varios jóvenes de Alsasua (Navarra) por una pelea de bar con dos guardias civiles. Ahora, todos aquellos que miraron para otro lado o que incluso defendieron la actuación de la justicia burguesa en la causa contra el independentismo, están aprendiendo en base a la experiencia de este Gobierno de PSOE-UP.

El cese de Pérez de los Cobos

El cese del director de la guardia civil de Madrid, Pérez de los Cobos, está totalmente justificado. No sólo porque era un reaccionario con un oscuro pasado, es que resulta improbable que no estuviera en el ajo de esta trama.

Esto no es extraño. Ya avisamos en su momento que el aparato del Estado neofranquista pasaría a la acción contra el gobierno cuando viera la ocasión propicia, y ahora se siente alentado porque la base social de la derecha está movilizada. Pérez de los Cobos tuvo vínculos familiares con la fascista Fuerza Nueva en la Transición, se ofreció como voluntario a los golpistas del 23F, y fue quien dirigió el aparato de represión contra el "otoño catalán" de 2017. Su hermano, juez, fue presidente del Tribunal Constitucional con el PP, en lo que es un clásico del carácter del aparato del Estado y de los vínculos familiares que existen en su seno. Algunas informaciones han filtrado que Pérez de los Cobos, dejó hacer a los fachas para que merodearan sin cortapisas por la casa de Iglesias e Irene Montero para acosarlos en los días pasados.

Al cese de Pérez de los Cobos  debe seguirle la apertura de un expediente de expulsión de la Guardia Civil y enjuiciamiento de todos los integrantes de la “brigada judicial” que elaboraron y suministraron a la jueza Rodríguez-Medel las falsas y manipuladas “pruebas” inculpatorias contra el delegado del gobierno, José Manuel Franco y el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
En esta línea de actuación, acabamos de ver también la decisión escandalosa del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón de desimputar al  excomisario Villarejo, acusado de prácticas mafiosas, y a OkDiario de Inda, por el caso del pendrive robado a la colaboradora de Iglesias, Dina Bousselham. Esto no es casualidad.
Vimos también la confraternización y simpatía de miles de policías nacionales y locales y de guardias civiles con las protestas de Vox y la derecha en días pasados. A este respecto, recomendamos leer un informe de Última Hora (¿Obedece la policía a Grande-Marlaska?) sobre la composición actual de la Policía nacional, plagada de fascistas y ultraderechistas desde la base hasta la cúpula, donde se recogen testimonios de los escasos policías de a pie que se declaran de izquierda, y donde uno de ellos declara abiertamente: “En España tenemos una policía militarizada que está al servicio del poder y no del pueblo”.

Todo este conjunto de togados y uniformados, que parasita el aparato del Estado con enormes ingresos y privilegios con los dineros del pueblo para servir a sus amos, son enemigos declarados de la clase trabajadora y de todo lo que existe de vivo y progresista en la sociedad.

Por eso nos oponemos completamente a la “paguita” aprobada de forma exprés por el gobierno para aplacar el descontento de los franquistas y reaccionarios en la base de la policía y la Guardia Civil, por el cese de Pérez de los Cobos, premiándolos con un aumento salarial ¡del 20%! que se suma a los 400€ que les subieron el año pasado, con la excusa de equiparar sus salarios con los de las policías autonómicas vasca y catalana. Esto supone sueldos mensuales de entre  2.100€ y 3.000€, un agravio para los demás trabajadores del sector público y privados, que son más útiles y necesarios para la sociedad que toda esta banda reaccionaria, estando una gran parte de ellos precarizados, como los trabajadores sanitarios.
Está claro, como ha demostrado nuevamente este caso, que el aparato del Estado escapa a cualquier control del pueblo, a quien debería servir, incluyendo aquellos que dependen directamente del gobierno, como la policía, la guardia civil y el ejército. Los escasos miembros progresistas de estas fuerzas son marginados, represaliados o expulsados sin que el gobierno se atreva a cuestionar nada.
Es por todo esto que no podemos depositar ninguna confianza en estos estamentos que representan el “cuerpo de hombres armados en defensa de la propiedad”, como los definió Federico Engels.

La casta rancia que domina la economía y la política, con su secular miedo y odio a las masas trabajadoras siempre han tenido en el ejército y la guardia civil su última línea de defensa. Por eso no es casual que salieran estos días a gritar su histeria en los medios de comunicación y en el parlamento. Así, el portavoz del PP en el Congreso, García Egea, hizo apología pública a favor de la insubordinación de la Guardia Civil ante el gobierno. O la “marquesita” Alvarez de Toledo, esa repelente y digna representante de su casta, que insultó a Pablo Iglesias llamando “terrorista” a su padre, que fue un luchador antifranquista pagando cárcel por ello.

Cómo depurar el aparato del Estado

Por todo lo anterior, exigimos la depuración de fascistas y reaccionarios de todo este aparato de Estado, a través de comités formados por representantes de los sindicatos obreros, movimientos sociales y de los propios trabajadores civiles en dichos organismos, así como la supervisión del ideario de las academias de policía, guardia civil y ejército. Exigimos la elección de los jueces por sufragio popular, en cada zona geográfica, y de  los integrantes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y la disolución de la Audiencia Nacional, heredera directa del franquista Tribunal de Orden Público.

Que ningún funcionario público de la responsabilidad que sea, sea juez policía, guardia civil u oficial del ejército, cobre un salario superior al del promedio de un obrero cualificado. La población debe tener el derecho de elegirlos y revocarlos en cualquier momento de sus puestos y oficios.

A esto debemos añadir la derogación integral de la ley mordaza y de la Ley Antiterrorista, y una reforma progresista del Código Penal que elimine el articulado reaccionario introducido en las últimas décadas.

Que esto puede ser llevado a cabo, íntegra o parcialmente, depende de la voluntad política del actual gobierno y de las organizaciones obreras y de izquierda que lo apoyan, que deberían movilizar activamente a las masas de la clase trabajadora.

Ya, espontáneamente, miles de jóvenes y trabajadores están desafiando las provocaciones de la derecha. Siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, tomando las precauciones necesarias, se podría movilizar a millones en las calles para enseñarle los dientes a esta caterva reaccionaria y llevar adelante esta reforma progresista integral del aparato del estado, apoyándose en la sólida mayoría absoluta parlamentaria de la izquierda tanto en el Congreso como en el Senado. Dirigentes obreros y sociales de prestigio, como Diego Cañamero, impulsor en su momento de las Marchas de la Dignidad, han llamado ya a poner un movimiento de masas en la calle sobre esto. De lo que se trata es de pasar de las palabras a los hechos

Pero la única manera de demoler completamente este aparato de Estado, vinculado por mil y un hilos con la oligarquía económica, es con la transformación socialista de la sociedad, que organice un nuevo tipo de Estado, completamente democrático formado por la clase trabajadora misma y bajo su control.