El atípico Tribunal de Orden Público, hoy llamado Audiencia Nacional, está acelerando mientras tiene metida la marcha atrás de la palanca de cambio. Está usando, silenciosamente, puntos de apoyo legales para introducir elementos de carácter reaccionario en el ordenamiento jurídico. En concreto, ha confirmado penas de hasta 13 años para los 8 jóvenes envueltos en una pelea de bar en Altsasu (Navarra), en la que estuvieron implicados dos guardias civiles y sus parejas. Hasta aquí lo que llama la atención es la dureza de la condena, una exageración propia de regímenes en los que cualquier razón circunstancial activa los mecanismos más duros del código penal. No obstante esto ni siquiera es lo más grave.
La ponencia condenatoria reconoce que no hubo acto terrorista en el bar, contradiciendo la posición de la Fiscalía (recordemos que se trata de una pelea). El "pero" es que sí ve agravante por "discriminación ideológica". En base a un hecho concreto, que por supuesto tenía que investigarse como cualquier otro altercado que se pueda producir en la sociedad, se está creando Jurisprudencia. Esto significa que todo el mundo debe tomar nota cuando, por cualquier motivo, se pueda ver envuelto en una disputa con otra persona si esta es miembro de un cuerpo de fuerzas del Estado, pues (estando o no de servicio) tiene un escudo especial que le permitiría ante un tribunal alegar "cuestiones ideológicas". En la práctica, la jurisprudencia se incorpora de manera técnica, automática, al cuerpo legal de un país, lo que significa la introducción de cambios que pueden ser de carácter severo, al margen incluso de cualquier debate mínimamente democrático. Es un tribunal en una sala el que está transformando las condiciones legales de todo un país.
La trascendencia de este hecho, silencioso y silenciado, se suma a otras contrarreformas introducidas en la última década en el marco legal. La ley mordaza sigue generando decenas de denuncias al día por faltas relacionadas con las opiniones, no con los hechos (recordemos el caso de los titiriteros). Ahora, el agravante señalado por la AN galvaniza aún más el cinturón de protección que cubre a las fuerzas del estado, que, como en el pasado, se convierten en fuente de autoridad con un grado cada vez más acentuado. En el régimen franquista, cuentan quienes hoy ya son abuelos, si un guardia civil o un municipal te miraba dos veces seguidas, era mejor salir del sitio. Mientras las fuerzas del estado son blindadas de esta forma, nada se hace contra la inseguridad que introducen las bandas organizadas del narcotrafico en los barrios obreros.
En paralelo estamos asistiendo a un juicio farsa en el Supremo, donde se está juzgando unos presos políticos que llevan enrejados más de un año "preventivamente", por promover un acto democrático apoyado por más del 80% de la sociedad catalana. Simplemente votar se ha convertido en un delito, es decir, no la ejecución de lo que pudiera votarse por mayoría. Son "matices", como el agravante de la AN contra los jóvenes de Altsasu, que hacen que el sistema evolucione en una determinada dirección. Ayer, en el juicio del Procés, quien fuera el segundo de Interior durante el 1-O se atrevió a afirmar, bajo juramento, que en Catalunya no hubo "cargas policiales". Este nivel de descaro es de la misma naturaleza que el que afirma que en el caso de la manada hubo "abuso" pero no "violación". Son hechos aparentemente aislados unos de otros, pero que vistos en conjunto dan una idea de los fétidos vientos que circulan por los intersticios de los órganos del Estado.
En este contexto, si la izquierda en el próximo período sigue de espaldas a estos hechos, entretenida en el marasmo de comisiones, discursos entre cuatro paredes e iniciativas legales simbólicas, estará contribuyendo por omisión a que el Estado siga su curso reaccionario. En pocos años se está asumiendo como normal que, en un régimen llamado democrático, la concentración de más de 20 personas sea motivo de sanción administrativa (es decir, automática). La única vía de escape a esta deriva es un golpe de timón a través del cual los dirigentes de izquierda asuman sus responsabilidades, llamando a la movilización, explicando los motivos, y la organización popular para enfrentar el curso de los acontecimientos de apariencia normal y que sin embargo compromete el presente, y especialmente el futuro, en cuanto a las condiciones políticas para la lucha en defensa contra el inmenso deterioro social que está padeciendo la mayoría de la población.
Ver también: Alsasua-Altsasu: HAU EZ DA JUSTIZIA (Esto no es justicia)
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