En la madrugada del viernes 24 de junio se produjo un intento multitudinario de saltar la valla de Melilla y cruzar al otro lado de la frontera por parte de varios cientos de migrantes, que resultó en la muerte de 37 personas confirmadas hasta ahora, según una ONG local, y 76 heridos, 13 de ellos graves. Este hecho se produce apenas unos meses después de la ratificación de las nuevas relaciones entre el gobierno español y la dictadura marroquí.
Con una baja participación similar a la de las autonómicas de 2018 (un 58% del censo andaluz, un 56% si incluimos a los censados en el extranjero), las elecciones andaluzas del 19 de junio dejan la primera mayoría absoluta del PP en la historia de la autonomía y el mayor desastre para la izquierda en la historia andaluza. Vox, pese a aumentar levemente en votos y escaños respecto a 2018, pierde cuatrocientos mil votos respecto a las generales de 2019, y ha quedado reducido a la impotencia; mientras que Ciudadanos ha desaparecido del mapa político andaluz.
El domingo 19 de junio se celebrarán elecciones en Andalucía, la comunidad autónoma más poblada del Estado y la tercera en aportación a la riqueza del país, y también la que registra las mayores tasas de desempleo y pobreza. La izquierda y la derecha se juegan mucho en estas elecciones que podrían marcar un nuevo rumbo inmediato al futuro político del Estado español.
Los puntos clave de la nueva ley del aborto y salud menstrual, impulsado por el Ministerio de Igualdad y cuyo anteproyecto de ley fue aprobado por el consejo de ministros el pasado 17 de mayo, han desatado la polémica. Presentamos aquí un breve análisis sobre algunos de los puntos clave que contempla este anteproyecto de ley.
El pasado 28 de abril se cumplieron 30 días continuos tras el inicio de la huelga de hambre emprendida como medida extrema por Asier Guridi Zaloña –exiliado político vasco que se encuentra en Venezuela en condición de refugiado– tras la negativa del Estado español y de las autoridades del Consulado General de España en Caracas a concederle su pasaporte.
El pasado 18 de mayo llegaba a territorio español el rey “emérito”, Juan Carlos I, después de meses de rumores sobre su vuelta de Abu Dabi, tras archivarse las causas de las supuestas comisiones por el AVE a la Meca, las tarjetas opacas, evasión de impuestos y cuentas en paraísos fiscales, cuyas razones ya explicamos en otro artículo.
Las nuevas revelaciones de espionaje contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de defensa, Margarita Robles, confirman lo que escribimos en un artículo anterior sobre el carácter del aparato del Estado y de los intereses capitalistas asociados a él. Son elementos ajenos a la clase trabajadora que escapan a nuestro control y que representan una amenaza para las libertades democráticas.
