[Con motivo de la exhumación de la momia de Franco del Valle de Cuelgamuros este 24 de octubre, republicamos el artículo que escribimos al respecto en septiembre de 2018 cuando el Congreso de los Diputados acordó la exhumación del dictador]El Congreso de los Diputados ha aprobado la exhumación de la momia de Franco del despreciable “Valle de los Caídos”, a iniciativa del gobierno de Sánchez. Desde Lucha de Clases saludamos esta decisión, que es el fruto de la enorme presión del movimiento por la Memoria Histórica y del activismo de izquierdas republicano durante años. Si bien esta medida nos parece insuficiente, como detallaremos, eso no ha impedido que se hayan desatado los perros de presa del franquismo, enquistados en la derecha española y en el aparato del Estado, que han salido ruidosamente a escena para oponerse a la misma.
Sacar a Franco y demoler el Valle de los Caídos
Que este esperpento, un mausoleo de propiedad pública que nos cuesta 1,84 millones de euros anuales, que exalta a un dictador, haya permanecido incuestionado durante más de 40 años de “democracia”, indica dos cosas. Primero, que el régimen capitalista español se siente representado en este "monumento", como heredero y deudor directo de la dictadura franquista. Segundo, la cobardía y servilismo de los dirigentes del PSOE y del PCE en la Transición, y de los posteriores gobiernos socialistas, que nunca movieron un dedo para revertir esto.
Sánchez, inicialmente, declaró que trasladaría también los restos de José Antonio a un lugar menos relevante y que convertiría el mausoleo en un Museo de la Memoria, para luego retractarse, expresando de manera vergonzosa el miedo servil que todavía mantienen las direcciones reformistas a la reacción del aparato de Estado franquista. También indicó que pretendía convertir el "Valle de los Caídos" en un memorial por la reconciliación.
¿Convertir “el Valle” en un lugar de reconciliación? Esto es una burla ¿Un lugar de reconciliación entre los obreros y campesinos asesinados y sus verdugos fascistas? Este mausoleo fue construido por 20.000 prisioneros de guerra republicanos, cientos de ellos murieron en la obra. Fue erigido “para perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada", según el decreto del 1 de abril de 1940 del gobierno franquista. La simbología fascista permanece en todo el recinto, bajo la lúgubre sombra de la inmensa cruz de piedra de 150 metros.
Nuestra posición es que hay que demoler todo el recinto, preservando los restos de los 33.000 enterrados, en su mayoría republicanos, para que estén a disposición de las familias que los reclamen.
Un aparato de Estado franquista
Aparte de la oposición a la exhumación por parte de la familia Franco, de la Fundación Francisco Franco y de los grupúsculos fascistas, así como la resistencia parlamentaria a la medida de la derecha de PP-Ciudadanos, destaca la oposición que ha encontrado la exhumación de Franco en el seno del aparato del Estado, en particular el ejército.
A principios de agosto, varios centenares de antiguos oficiales, hoy en la reserva, suscribieron un manifiesto de exaltación del dictador y en contra de su exhumación.[1] En dicho manifiesto, estos oficiales franquistas denunciaban la "campaña infame" de la "izquierda política" contra la figura del dictador y justifican el golpe de Estado de 1936 en una "España agredida y asediada por el comunismo internacional". Entre los firmantes, además de condenados por participar en el intento de golpe de Estado del 23F, están Luis Alejandre Sintes, exjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Eduardo González-Gallarza, exjefe del Ejército del Aire; y Antonio González-Aller, ex jefe del Cuarto Militar del Rey. Además, están los generales Alberto Asarta, exjefe de la misión de la ONU en Líbano; Emilio Pérez Alamán, exjefe del Mando Militar de Canarias; o Juan Aparicio Hernández Lastras, exjefe del Mando de Personal del Ejército. Estamos hablando de los más altos oficiales del ejército a quienes se confiaron las más altas responsabilidades durante los últimos años, algunos de ellos con vínculos directos con la Casa Real. La respuesta del Ministerio de Defensa no ha podido ser más cobarde, un comunicado anunciando una simple citación a declarar a 5 de ellos, y de la que no se ha vuelto a informar nada.Estos cientos de reaccionarios y fascistas deben ser expulsados del ejército (aun en su condición de reservistas) y serles canceladas sus abultadas pensiones de privilegio.
Esto es una prueba concluyente –por si faltara alguna más– de que el actual aparato de Estado se mantiene prácticamente inalterado desde la dictadura. Así, el único militar en activo que apoyó un contramanifiesto antifranquista[2], Marco Antonio Santos, dijo a eldiario.es: “Llevo 19 años escuchando al romper filas el grito de 'Arriba España'. [El franquismo] Está bastante generalizado, sobre todo entre los altos cargos. Aprovechan para reprimir a los demás, a los que no pensamos como ellos, a los que nos llaman rojos de mierda”.[3] Arturo Maira, excapitán de navío en la reserva, declaró a El País: “Los altos mandos de los Ejércitos son franquistas y ningún Gobierno en democracia ha hecho nada por evitarlo… España ha ido seleccionando para generales o almirantes a las personas más conservadoras y franquistas”.[4]
Este aparato de Estado es una amenaza para la clase obrera, que la burguesía no dudará en utilizar cuando vea en grave peligro su dominación. Pero este enquistamiento del franquismo en el aparato del Estado no se circunscribe al ejército o a los mandos policiales y de la Guardia Civil, sino también alcanza al estamento judicial. En los últimos años, víctimas del franquismo han interpuesto 12 querellas contra torturadores policiales de los últimos años de la dictadura, de las que 9 han sido ya rechazadas por los tribunales. Diversos ayuntamientos, como los de Vitoria, Pamplona, Elgeta, Arrasate y Durango también han interpuesto querellas contra la dictadura. La única denuncia inicialmente admitida, la de Elgeta, fue luego desestimada sin llegar a juicio.
La actividad reaccionaria de estos jueces y fiscales la hemos visto estos años –aparte de su inquina contra el republicanismo catalán– fallando contra el cambio de nomenclatura franquista de las calles de numerosas ciudades y pueblos y contra la retirada de monumentos de exaltación de la dictadura, o llevando a juicio y condenando a multas y penas de cárcel a decenas activistas de izquierdas, artistas y gente común que expresan su indignación contra las fuerzas represivas, la monarquía, la Iglesia o ministros de Franco, como Carrero Blanco.
¿Prohibición de la Fundación Francisco Franco?
En paralelo a lo anterior, ha surgido también el debate sobre la ilegalización de la ultraderechista Fundación Francisco Franco, solicitada entre otros por Unidos Podemos.Ni que decir tiene que nos parece escandaloso que esta “Fundación” reciba subvenciones públicas para su labor. Deben ser canceladas inmediatamente, y exigir su devolución. De la misma manera les deben ser requisados todos los documentos y archivos, que en su mayoría corresponden a papeles oficiales, para que puedan ser usados en perseguir los crímenes del franquismo. Sin embargo, no creemos que la prohibición de esta Fundación o de organizaciones fascistas sean un arma efectiva en la lucha contra el fascismo y el franquismo. Los miembros de esta fundación y de los grupos fascistas podrían tranquilamente poner en marcha otras fundaciones y organizaciones, con nuevos nombres, para dedicarse a los mismos menesteres. Además, la experiencia nos ha enseñado que todas las leyes aparentemente represivas destinadas a ser utilizadas contra los grupos fascistas y reaccionarios, en regímenes de democracia burguesa, finalmente son empleadas, con más eficacia y dedicación aún, contra las organizaciones de la izquierda y revolucionarias, por su amenaza de “subvertir el orden social vigente”.
Esto lo estamos viendo con los llamados “delitos de odio”, incorporados en la última década al Código Penal español y que supuestamente estaban llamados a castigar los delitos perpetrados por motivos racistas o sexistas, principalmente. Sin embargo, hemos visto que esta categoría delictiva está siendo utilizada por los jueces, fiscales y abogados franquistas, y por los mandos reaccionarios de la policía y la Guardia Civil, para perseguir a activistas de izquierdas en las redes sociales, a artistas, y a militantes en las manifestaciones, por expresar su indignación contra torturadores, fascistas, Franco, políticos burgueses, banqueros, la Iglesia o la monarquía. Por supuesto, las amenazas proferidas en las redes sociales o en declaraciones públicas contra dirigentes de izquierda o activistas sociales, por parte de fascistas y reaccionarios, quedan abrumadoramente arrinconadas en la impunidad.
Frente a la alternativa reformista y parlamentaria de la prohibición de grupos fascistas nosotros oponemos la movilización y la acción directa de masas contra los mismos, que es lo único que puede arrinconar a estos grupos, que cuentan con sólidos apoyo dentro del aparato del Estado, y generar el ambiente social necesario para reducirlos a la inactividad.
Por una verdadera exhumación del franquismo de la sociedad española
Aun siendo un pequeño paso adelante la decisión del Congreso, nos parece mezquino quedarse en esto. El franquismo fue el brazo armado de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes, que organizó el asesinato sistemático de cientos de miles de personas en líneas de clase: obreros, campesinos pobres, intelectuales y sectores progresistas de la clase media, en la Guerra Civil y en los años inmediatamente posteriores. Cientos de asesinatos más y miles de detenciones y torturas se sucedieron en los años posteriores a lo largo de casi 40 años. A decenas de miles les requisaron sus casas, propiedades y cuentas. Decenas de miles de prisioneros de guerra republicanos fueron utilizados como esclavos en obras de construcción y facilitados a grandes empresas a módico precio para enriquecer a los jerifaltes falangistas.
La represión no se limitó a la clase obrera, con ser su destino principal. Tuvimos la represión, detenciones y palizas a homosexuales, a miembros de las minorías nacionales (incluida la minoría gitana), la consideración de “apátridas” al medio millón de españoles exiliados y a los deportados y asesinados en los campos de concentración nazis (más de 5.000 entre estos últimos). Decenas de miles de niños y huérfanos de guerra fueron arrancados de los brazos de las familias de los “rojos” para ser depositados en oscuros y tétricos hospicios regentados por curas y monjas –esos cuervos de la reacción– o entregados a familias afectas al régimen. Por si esto no les bastaba se estableció un circuito de robo de bebés, activo hasta comienzo de los años 80, por el que una cantidad indeterminada de recién nacidos de familias obreras o de madres solteras (1.500 casos ya documentados) fueron apropiados por médicos franquistas en colaboración igualmente con curas y monjas, y que eran vendidos a familias sin descendencia. Por último, ¿qué decir de los cerca de 200 asesinados en los primeros años de la Transición a manos de la policía, Guardia Civil y bandas fascistas, cuyos autores en su inmensa mayoría siguen “blindados” y los archivos y expedientes de los casos siguen clasificados y catalogados como “secretos”?La ley de Memoria Histórica, aun siendo limitada y no contemplar la mayoría de estos aspectos, no se aplica hasta sus últimas consecuencias y carece de la financiación necesaria.
Un verdadero plan para extirpar la herencia del franquismo y, sobre todo, para llevar justicia a sus cientos de miles de víctimas y a sus familiares debe pasar por lo siguiente:
- Un plan cuatrienal para sacar a los 115.000 republicanos enterrados en las cunetas.
- Nulidad de todos los juicios franquistas durante la Guerra Civil y en la dictadura.
- Devolución de las propiedades incautadas a los familiares de los represaliados. Para ello, establecer una comisión compuesta por representantes de asociaciones de la Memoria Histórica, de familiares de represaliados y del gobierno del Estado, a partes iguales, para realizar un censo completo de las propiedades y dinero incautado por los franquistas en cada pueblo y ciudad.
- Expropiación de los bienes acumulados por la familia Franco, legados por el dictador.
- Anular la Ley de Amnistía de 1977. Juzgar los crímenes del franquismo y a los torturadores y cargos públicos y militares que aún sobreviven.
- Desclasificar todos los archivos de la época franquista, hasta 1982 inclusive, depositados en ministerios y cuarteles del ejército, y comandancias de la policía y la Guardia Civil.
- Comisión de investigación parlamentaria con plenos poderes para evaluar el enriquecimiento de las grandes empresas y de sus antecedentes con el trabajo esclavo e indemnización a sus víctimas y familiares. Expropiación de dichas empresas por el Estado, y en su caso, de sus actuales poseedoras.
- Comisión de investigación parlamentaria con plenos poderes para investigar hasta las últimas consecuencias el destino de los bebés robados durante el franquismo. Castigo a los implicados en el mismo.
- Depuración de franquistas todo el aparato del Estado: Ejército, Policía Nacional, Guardia Civil, Judicatura y Administración del Estado.
Lo más decepcionante en todo esto es que las fuerzas que tienen la capacidad de organizar un movimiento de masas en la calle contra el franquismo institucionalizado en el régimen y para obligar al gobierno de Sánchez a ir más lejos en este asunto – Unidos Podemos así como los sindicatos de clase UGT, CCOO y CGT– han permanecido pasivos, y lo siguen estando, limitándose a expresar sus lamentos en la inocua actividad parlamentaria o en artículos de prensa, permitiendo a las minúsculas y patéticas organizaciones de extrema derecha campar a sus anchas en la calle para hacer oír su voz, mientras que cientos de miles de familiares y de activistas de izquierdas permanecen obligados a ahogar su rabia en silencio.
Exorcizar el franquismo, una tarea revolucionaria
Mantener proyectada la sombra del franquismo sobre la clase obrera y la izquierda es esencial para la burguesía española, como lo es sostener la monarquía. Necesitan mantener un clima de miedo y de impunidad hacia las acciones del aparato del Estado. Es un instrumento ideológico de opresión que nos dice: “Os aplastamos hace 80 años, y os lo vamos a recordar cada día de vuestra vida”.
Esto muestra que cualquier avance democrático profundo en la sociedad española (eliminar el legado franquista, derribar el aparato del Estado neofranquista, conseguir una república democrática o el derecho de autodeterminación para las nacionalidades históricas) choca frontalmente con las estructuras básicas del régimen. Conseguir todo esto está vinculado a la lucha por la transformación socialista de la sociedad.
[1] https://www.eldiario.es/politica/militares-retirados-manifiesto-Franco-vilipendiada_0_798621021.html
[2] https://www.eldiario.es/sociedad/Ejercito-memoria_historica-Franco-militares-franquismo_0_805969573.html
[3] https://www.eldiario.es/sociedad/Ejercito-memoria_historica-Franco-militares-franquismo_0_806319896.html
[4] https://elpais.com/politica/2018/08/22/actualidad/1534965645_422541.html
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