Ayer, jueves 24 de octubre, asistimos al punto culminante de las movilizaciones que se han dado en educación esta semana contra la aprobación de la reaccionaria LOMCE (votada únicamente en el Parlamento por el PP), con la celebración de decenas de manifestaciones en todas las capitales de provincia, junto a muchísimos pueblos, de todo el Estado español.

Este lunes 30 de septiembre, la Guardia Civil entró en todos los locales de Herrira en varias ciudades del País Vasco,  Hernani, Bilbo, Iruñea y Gasteiz. Bajo orden del juez de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y bajo la dirección del juez Eloy Velasco, 18 miembros de esta organización fueron detenidos, y se encuentran en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos en Madrid. Se encuentran incomunicados y afirman haber recibido un trato «correcto» sin sufrir interrogatorios ilegales o presiones durante su estancia en manos de los uniformados. Posteriormente, varios de ellos fueron puestos en libertad con cargos.

De nuevo nos hallamos ante un inicio de curso donde el PP toma medidas para volver a una situación, como en la dictadura franquista, donde acceder a una enseñanza digna sea un privilegio de los ricos. Esto es lo que define a la ley aprobada por el gobierno Rajoy, la LOMCE.

Las manifestaciones vividas este pasado domingo, con cerca de 100.000 personas en Palma, 10.000 en Eivissa Vila y Maó y 500 en Sant Francesc en Formentera marcan un antes y un después dentro de una huelga de docentes que ha canalizado toda la furia acumulada y que ha movilizado el conjunto de la sociedad en contra del Govern, hasta el punto de minar toda su autoridad, dejarlo completamente aislado a merced de la dirección nacional del PP y preparando el camino para una gran división en el seno de la derecha balear.

Esta mañana, una decisión de último minuto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos detuvo temporalmente el desalojo de 43 personas que han venido ocupando un bloque vacío de viviendas en Salt, Girona, conocido como #BlocSalt. Más de 700 personas, organizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se habían concentrado durante la noche para resistir la orden del juzgado, entre ellos un gran contingente de bomberos en uniforme. Este caso pone de relieve uno de los aspectos más escandalosos de la crisis de la vivienda en España.

El conflicto entre los gobiernos de España y Gibraltar se inició con la queja de los pescadores de la Bahía de Algeciras por la presencia de bloques de hormigón depositados por las autoridades gibraltareñas en aguas cercanas a la costa, que les impedían faenar. Según el gobierno gibraltareño,  la pesca masiva de arrastre estaba destruyendo el fondo marino y los bancos de corales.