No hay tercera vía entre el capitalismo y el socialismo

Ante la X Asamblea Federal de Izquierda Unida

Comentarios a la ponencia oficial (24 de octubre de 2012)

Alberto Arregui, miembro de la Presidencia Federal de IU, Jesús Mº Pérez, miembro del Consejo Político Regional de Madrid, y Jordi Escuer, miembro de la Presidencia Regional de IU-Comunidad de Madrid.

“Por primera vez en sus 26 años de historia, IU tiene la posibilidad de jugar un papel realmente determinante”, se afirma en el documento político de la X Asamblea Federal. Precisamente porque compartimos estas palabras del documento, es obligatorio exponer las críticas y enmiendas al texto sin rodeos, ya que las decisiones que se adopten en esta X Asamblea serán fundamentales para que seamos o no capaces de jugar ese papel.

Nunca se había celebrado una Asamblea de Izquierda Unida en un contexto semejante al que estamos viviendo, con una crisis tan profunda y general del capitalismo. La situación propicia los debates de mayor calado desde la formación de IU, en los que conviene huir de inercias y rutinas. Somos la fuerza más sensible a los cambios que estamos viviendo y, si actuamos bien, podríamos contribuir a la reorganización política y sindical de la izquierda, y a fraguar una alternativa capaz de acabar con el gobierno del PP y poner las bases de la transformación de la sociedad.

La paradoja de la situación que vivimos es que, junto con la crisis del capitalismo, también ha salido a relucir una profunda crisis de la izquierda a escala internacional. Recordando a Séneca, no hay viento favorable para el navegante que no sabe a dónde va. Por eso, lo más importante es aclarar cuál es el objetivo de nuestra lucha. La bancarrota del capitalismo, su incapacidad para satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría de la sociedad, la guerra, el hambre, e incluso el peligro que está suponiendo para la supervivencia del planeta como un lugar habitable, exigen una alternativa: el socialismo. Pero, ironía de la historia, ninguna de las grandes organizaciones de la clase trabajadora se atreve a defenderlo como alternativa frente al fiasco del sistema capitalista.

Ante el fracaso de la socialdemocracia y de las políticas keynesianas, así como de los derroteros seguidos por la Unión Soviética o China, las direcciones de la mayoría de las organizaciones de la izquierda no han sido capaces de elaborar una explicación global y dar una alternativa a lo que está sucediendo. Actúan arrastradas por acontecimientos que no previeron y se obsesionan por tratar de regresar al pasado, a una época que es imposible resucitar, atenazados por el vértigo de lanzarse a una lucha por una nueva sociedad.

No se trata de que primero volvamos a una suerte de neokeynesianismo ni a un nuevo pacto social por un reparto más justo de la riqueza, para luego, luchar por el socialismo. Eso es una quimera. La tarea actual es defender el socialismo como una cuestión práctica, pues es el programa que debería aplicar desde el primer día cualquier gobierno de izquierdas, si quiere de verdad resolver los problemas que acucian a la mayoría de la sociedad.

Junto con esta crítica, hemos aportado nuestra propuesta económica, recogida en el anexo que acompaña al documento económico que sirve de base a la discusión federal, y un nutrido número de enmiendas. Esperamos con ello contribuir a fomentar un buen debate político en beneficio de todos los compañeros y compañeras de IU.

1. Una contradicción: Cambio de sistema o “nuevo modelo productivo”

A pesar de que la ponencia oficial proclama que “el capitalismo no es reformable, no es humanizable o regulable” y que “no se trata de refundar el capitalismo sino de construir el socialismo del Siglo XXI” (Documento Político, pág. 5, punto 7), la realidad es que los documentos giran en torno a la propuesta de un nuevo modelo de capitalismo, que consistiría en un Nuevo Modelo Productivo Alternativo (NMPA) y un nuevo proceso constituyente para alcanzar un Estado Republicano que se fundamentaría en una economía capitalista con fuerte presencia del sector público.

No se concreta en qué consistiría ese “socialismo del siglo XXI”, ni en qué se parecería o diferenciaría del que defendían Marx o Lenin, pero nos plantea que el NMPA —la nueva República— se fundamentaría en “estimular la demanda e impulsar el desarrollo económico”, de forma “sostenible y selectiva”, con un papel del sector público “fundamental” y con “mayor democracia económica y en la empresa”. El NMPA persigue el “pleno empleo, digno y de calidad”, “el papel de lo público en la economía”, “modificar el modelo de relaciones laborales”, “introducir la democracia en la economía”, el “cumplimiento de los derechos subjetivos” y “modificar profundamente el sector financiero, recuperando el papel de la banca pública” (Documento Económico, págs. 15 y 16). Objetivos que se pretenden alcanzar sin poner en cuestión la existencia del capitalismo y la economía de mercado, de hecho se explicita que el “Estado debe reequilibrar el mercado, no solamente corregirlo” (DE, pág.15, punto 24) y que es necesaria una “reforma empresarial” para “cambiar la gestión empresarial de este país”.

Igualmente, respecto a la Unión Europea se nos propone “controlar democráticamente” la banca, promover un banco público que se financie con un impuesto a las transacciones financieras, “organizar una redistribución del ingreso entre capital y trabajo” y “aplicar un impuesto como consecuencia de los altos ingresos y la riqueza” (DP, pág 14, puntos del 27 al 30). Como vemos, se trata de medidas que buscan “reducir” el poder de los capitalistas y mejorar el reparto de la renta en beneficio de los trabajadores, pero que no se plantean acabar con la fuente de la desigualdad y las crisis, que es el propio capitalismo.

Pero ni la propuesta de “nuevo modelo productivo” ni la Europa que se nos propone son nuevas. Es volver a recorrer el camino propuesto por la socialdemocracia: la cogestión de las empresas mediante la implicación de la burocracia sindical, las políticas keynesianas de gasto público, el Pacto social entre las clases. En una palabra, la Alemania de los años 60. Se pierde de vista que el Estado español de 2012 no tiene mucho que ver con la situación de los años 60, ni siquiera la propia Alemania o Europa actuales. Lo que sucedió tras la Segunda Guerra Mundial fue posible por la confluencia de dos factores que hoy no existen: el miedo real a la revolución en Europa, y la destrucción brutal de la Segunda Guerra Mundial que creó las condiciones objetivas para una reconstrucción del continente y una alta tasa de ganancia. El “Estado del bienestar” fue un acontecimiento excepcional y circunscrito a Europa, no la dinámica general del sistema, y hace años que está en retroceso. Nuestra obligación no es alimentar ilusiones en una quimera, sino denunciar el fracaso del capitalismo y abogar por el socialismo.

Cuando se plantea que debemos “organizar una redistribución del ingreso entre capital y trabajo” se nos está proponiendo reglamentar la lucha de clases, y eso es imposible, como la historia de las pasadas décadas atestigua. Ya se ha intentado y hemos terminado donde estamos.

2. El problema no es sólo el neoliberalismo, sino el capitalismo

En definitiva, independientemente de lo que algunas frases digan, estamos ante una propuesta para gestionar el capitalismo. Es la consecuencia lógica un diagnóstico reiterado en los textos oficiales, de que “el origen de esta crisis hay que situarlo en el fracaso del modelo neoliberal de desarrollo del capitalismo” (DP, pág. 4, punto 7). Se nos dice que la crisis económica en Europa deriva del “modelo elegido por la socialdemocracia, los conservadores y los liberales europeos al aprobar en 1992 el Tratado de Maastrich” y de su “dogmatismo en relación con el déficit público, la austeridad y sus recortes” (DE, pág 13, punto 18).

Es una idea vieja en IU. No es cierto que “la IX Asamblea de IU… definiera bien el carácter sistémico de la crisis del capitalismo actual” (página 5, párrafo 2). La declaración principal de dicha Asamblea, que se conoció como “la declaración de Rivas”, alternaba frases que señalan que el dilema es “socialismo o barbarie” y que no hay solución en base al capitalismo, con otras que las contradecían: “Esta crisis es el resultado de una decisión política, económica, social y cultural, realizada en los años 80 del siglo pasado, liderada por la derecha mundial y acompañada de manera entusiasta por la mayoría de la socialdemocracia, que, con el reforzamiento de las posiciones llamadas neoliberales, defendieron el papel del mercado como único regulador de la economía”.

Si el problema principal es el “neoliberalismo” y su “dogmatismo”, basta con cambiar de política. Eso es idealismo puro, ignorar que, en última instancia, el comportamiento de las clases, y de las instituciones que representan a la clase dominante, empezando por el más importante de todos ellos, el Estado, responden a intereses materiales y objetivos. Es más, semejante concepción, alimenta la idea errónea de que es posible volver al pasado: si eliminamos las políticas neoliberales podríamos regresar a una suerte de capitalismo keynesiano.

La realidad es que el neoliberalismo, que en absoluto es nuevo, se impone porque es la política que mejor le conviene al capitalismo que siempre busca aumentar su tasa de ganancia. La cuestión es que la esencia del capitalismo es explotar a los trabajadores y la naturaleza, por eso no puede haber una salida en base a él. Por cierto, no es correcta la afirmación de que “no hay más riqueza que la que produce el trabajo humano” (DE, pág. 17), pues la primera fuente de la riqueza es la naturaleza cuyos recursos transforma el trabajo humano en objetos útiles para la sociedad. El propio trabajo humano no es otra cosa que una parte de la naturaleza.

Si el problema de fondo es el capitalismo, como también se dice en algún pasaje del documento, acabar con él debería ser el leit motiv de todo nuestro planteamiento pero, al margen de declaraciones formales, la propuesta medular del documento no es ésa. Y no es una cuestión académica, sino que tiene consecuencias prácticas decisivas.

3. ¿Capitalismo inmobiliario y financiero?

El documento económico señala que uno de los rasgos del capitalismo español desde la caída de la dictadura es el “el predominio del modelo de capitalismo inmobiliario y financiero” (punto 13 del apartado III, página 8). El predominio del capitalismo financiero es una característica del capitalismo a escala general. La realidad es que el sector financiero español, que ha crecido mucho durante los años del auge, es inferior a la media europea: En 2005, el sector de la intermediación financiera representa el 4,64% del valor añadido bruto y el 1,96% del empleo de la economía española, porcentajes inferiores tanto a la media de la UE-25 (5,72% y 2,94%, respectivamente) como de la UE-15 (5,81% y 3,13%) 8“El sector bancario español en el contexto internacional. Evolución reciente y retos futuros” Joaquín Maudos Villarroya y Juan Fernández de Guevara Radoselovics, Fundación BBVA 2008).

Así mismo, el indiscutible predominio del sector inmobiliario y la construcción en el Estado español, así como la importancia de ese factor en la actual crisis, tampoco es un fenómeno estrictamente de dicha economía, sino habitual en muchos países capitalistas, incluidas algunas cuya industria y desarrollo en I+D+i serían la envidia de la mayoría, como es el caso de Japón que sufrió en los años 80 del siglo pasado una de las mayores crisis inmobiliarias de la historia y de las que nunca se ha llegado a recuperar, o Estados Unidos, que ha vivido dichas crisis en varias ocasiones, la última de las cuáles aún la está sufriendo. La última economía que está padeciendo una burbuja inmobiliaria es la China, y ya podemos ir preparándonos para las consecuencias de su estallido.

Es muy importante comprender las peculiaridades de cada economía, pero no debemos perder de vista que estamos ante una clásica crisis general de sobreproducción que afecta a los principales sectores de la economía, la forma habitual de las crisis capitalistas. Es importante combatir la idea equivocada de que la raíz de la crisis es inmobiliaria o financiera. La burbuja financiera, íntimamente unida a la inmobiliaria, son factores que igual que estimularon el auge, ahora agravan la recesión, pasando del “efecto riqueza” al “efecto pobreza”, pero no son la raíz de la crisis. El cambio de estructura productiva, que ya se está produciendo a causa de la crisis —que es el mecanismo “natural” del sistema para provocar esos cambios—, no nos protegerá ni frente a nuevas crisis ni resolverá los problemas de los trabajadores. No encontraremos una opción de capitalismo “sano” frente a otro “especulativo” como afirmaba hace un tiempo un destacado dirigente sindical. 

4. Hay que nacionalizar el sector bancario

Tomemos el ejemplo de la propuesta sobre banca. ¿Qué programa aplicaríamos al día siguiente de una hipotética victoria electoral? No es política ficción, Syriza casi se encuentra en esa tesitura hace escasos meses. El documento plantea nacionalizar las “entidades bancarias insolventes y transformar las Cajas de Ahorros en un sistema de Banca Pública” (DP, pág. 40, punto 212), así como “prohibir cualquier tipo de asistencia con dinero público a bancos privados” (DP, pág. 18, punto 213). Por una parte, eso ya lo está haciendo la burguesía y su Estado que está nacionalizando los bancos “insolventes”. En realidad, los que están en peor situación son los bancos, pues prácticamente toda la banca es insolvente y si no ha quebrado es por las enormes ayudas públicas, de los Estados o del Banco Central Europeo. Por otra parte, prohibir la “asistencia con dinero público a los bancos privados” es un brindis al sol, porque el Estado ya tiene empeñados cientos de miles de millones en ellos, y porque si quiebra un banco del tamaño que sea, el Fondo de Garantía de Depósitos no podría hacer nada, entre otras cosas porque ya no tiene ni un euro, sólo deudas, y se vería obligado a intervenir.

La única forma de reducir al mínimo las pérdidas del erario público es precisamente nacionalizándolos, auditándolos y cargando la mayoría de las pérdidas a los accionistas y a los acreedores a través de una quita forzosa. El “control democrático” del sector financiero sólo será real si pasan a ser propiedad pública. Y es muy fácil de argumentar la necesidad de nacionalizarlos: Las ayudas que los bancos han recibido ya superan con mucho su propio patrimonio neto, y no se pueden dejar caer porque con ellos se van al garete los ahorros de toda la sociedad. Todo lo demás, es ser prisioneros de la banca privada y aceptar el endeudamiento de las cuentas públicas para muchos años.

De hecho, en nuestro programa electoral de 2011, defendimos que todas las ayudas públicas dieran lugar a acciones con derechos políticos del Estado. Si los préstamos del Banco Central Europeo se contabilizase como ayudas públicas —y debería de hacerse, pues se trata de una entidad respaldada por todos los Estados—, el primer banco que sería completamente público sería el Santander que tiene ayudas del BCE por un importe superior a su patrimonio neto. ¿Vamos a nacionalizar sólo una parte de las entidades y a dejar en manos privadas el Santander, el BBVA o el Popular a pesar de que se han beneficiado de enormes ayudas públicas? ¿Por qué nacionalizar unas entidades y otras no? ¿Por qué no aprovechar la crisis del sistema financiero para nacionalizarlo integralmente, en lugar de quedarnos a medias?

En rigor, si lo que dice el documento económico lo llevamos hasta las últimas consecuencias, “las únicas instituciones de envergadura sistémica deben ser las públicas” (DE, pág. 21, punto 39), habría que defender la necesidad de nacionalizar la mayoría aplastante de los bancos, todos ellos de tamaño “sistémico”. ¿Por qué no se plantea abiertamente que la gestión de los ahorros de la sociedad no puede recaer en manos privadas? Empeñarnos en proponer un “polo de Banca Pública” que “reequilibre el mercado”, es renunciar a abordar el problema de fondo; la propiedad privada de las entidades bancarias es incompatible con el uso social y democrático de los ahorros de la sociedad. Y eso debemos explicárselo a los trabajadores abiertamente desde el principio.

5. Para lograr el pleno empleo hay que cambiar de sistema

Sigamos con el hipotético programa de gobierno. ¿Cuál es la preocupación central de la clase trabajadora? Sin duda acabar con el desempleo, pero ¿cómo alcanzar el pleno empleo? Los documentos plantean la reducción de la jornada laboral a 35 horas, “la jubilación a los 65 años y voluntaria a los 60 años, y progresivo adelanto a los 60 años”, la eliminación de la precariedad laboral, el desarrollo de los servicios sociales, de empresas públicas e, incluso, la devolución de las empresas privatizadas al sector público. Todas medidas vitales y que hay que destacar más en nuestras reivindicaciones, aunque la jubilación a los 60 debería plantearse de forma directa y sin rodeos como se hace en el documento al pedir previamente la de 65. Pero, otra vez, nos quedamos a mitad de camino, tratando de “reequilibrar el mercado” en lugar de explicar que es necesario acabar con él como mecanismo de asignación de la riqueza, si queremos resolver los problemas que aquejan a los trabajadores de una vez por todas y hacer realidad esas reivindicaciones.

Mientras haya capitalismo, habrá paro, pues lo genera de forma “natural” para mantener bajo el precio de la mano de obra y no hay ley que pueda evitar eso si seguimos en un modo de producción capitalista. El precio de la fuerza de trabajo está determinado por el mercado. Actualmente, el paro es crónico en todos los países desarrollados, una parte del mismo está encubierto por el subempleo, los subsidios (la mayoría de las veces míseros) o, simplemente, por los criterios estadísticos empleados. La conclusión de todo esto es que sin la nacionalización de la banca, las grandes empresas y los latifundios no hay forma de llegar al pleno empleo, ni de aplicar nuestro programa laboral y social.

Si tomamos el plan de empleo que proponíamos en nuestro programa de 2011 veremos que no estamos dando una solución capaz de alcanzar el pleno empleo. Nuestra propuesta suponía la creación de tres millones de puestos de trabajo en tres años. En 2011 ya había cinco millones de parados, hoy rozamos los seis ¿Qué pasa con el resto? De esos puestos que planteamos, aproximadamente 1,3 millones serían creados directamente por el sector público, y el resto por el privado. Nuestra propuesta sólo podría garantizar realmente los puestos públicos, pues los de la iniciativa privada sólo son necesariamente estimaciones. En otras palabras, estamos diciendo que sólo podemos conseguir que tengan empleo tres de cada seis parados, en el mejor de los casos.

Es más, ¿cómo se garantiza que la aplicación de la jornada laboral de 35 horas se traduce en más empleo en el sector privado? La tendencia de las empresas será a sustituir más mano de obra por tecnología. ¿Eso significa que no debemos reclamarlo? En absoluto, significa que las reformas que reclamamos deben ir de la mano de una propuesta de cambio de sistema. Acabar con el paro sólo es posible con el reparto del empleo y la creación de varios millones de puestos de trabajo público, en todos los ámbitos de la economía, empezando por la industria. Para nosotros el sector público no sería un “empleador de último recurso” (DE, pág. 18), sino el primero y decisivo.

Incluso los empleos públicos dependen de que el Estado tenga dinero para crearlos. ¿De dónde saldrían los recursos? De una reforma fiscal, que debería permitir aumentar en unos 60.000 millones el ingreso público (un aumento de 6 puntos del PIB). Pero, siendo necesaria, la reforma no garantiza los ingresos. En poco más de un año han salido del Estado español más de 300.000 millones de euros en fondos. ¿Vamos a obligar a la burguesía a invertir, a decirle en qué debe invertir y cuánto debe ganar? La única forma de hacer eso es expropiándoles, es nacionalizando las grandes empresas de los sectores estratégicos de la economía. Las grandes empresas suponen apenas el 0,2% del total, pero emplean al 22% de todos los trabajadores y producen el 44% de todo el valor añadido. Son la parte decisiva de la economía y son controladas por una minoría. Los propietarios de estas empresas, son los verdaderos dueños de la sociedad. Por eso, en su inmensa mayoría, tienen que ser nacionalizadas.

Para acabar con el desempleo, desarrollar los servicios públicos de forma acorde con las necesidades sociales y empezar a restaurar la degradación de la naturaleza, es imprescindible un enorme trasvase de riqueza de la burguesía a la clase asalariada (en torno al 20% del PIB), y es necesario que las fuentes de la riqueza social, que son producto de la labor de millones de trabajadores, sean propiedad social. Al transformar en público y someter a control democrático el espinazo de la economía, la gran empresa y la gran propiedad del suelo, es cuando realmente tenemos el control de la fuentes de creación de riqueza y es posible introducir una planificación democrática de la economía en función de las necesidades sociales y buscando el equilibrio con el medioambiente. Todo lo demás son declaraciones de buenas intenciones.

6. No se puede “democratizar” la empresa capitalista

Se habla en el documento de “introducir la democracia en la economía”, incluso en “cada empresa concreta”, y que los trabajadores deben participar “en la gestión de las empresas” (DE, pág. 16, punto 25). Esta es la vieja concepción socialdemócrata, “todos vamos en el mismo barco” y conduce a la conclusión de que lo que es bueno para el empresario es bueno para los trabajadores y, necesariamente, a renunciar a la lucha de clases. Pero, mientras vivamos en una economía capitalista todo eso sólo son deseos. Podemos y debemos arrancar derechos, pero no cambiaremos la esencia del capitalismo que es explotar a los trabajadores. Se nos está proponiendo el modelo alemán, pero éste también está en declive y no ha impedido que se hayan aplicado drásticos recortes en los derechos de los trabajadores, para propiciar la intensificación de su explotación. Las propias direcciones sindicales alemanas acabaron dando su respaldo a muchos de esos recortes. Alemania ha sido una de los países de Europa donde más ha crecido la desigualdad social en los años previos a la crisis. Para que los trabajadores puedan participar en la dirección de empresas, es necesario cambiar el modo de producción. Lo contrario es vender algo imposible a los trabajadores que, de todas formas, no es probable que nos tomen mucho en serio porque saben que en sus empresas jamás les permitirán hacer eso.

Las reclamaciones de las direcciones sindicales, sin alternativa al sistema, han quedado reducidas a pedir un reparto más equitativo de los sacrificios. Justamente en un momento en el que el capitalismo está dando varias vueltas de tuerca a la explotación de los trabajadores y acabando de desmantelar los derechos democráticos que conseguimos en el pasado, no podemos empeñarnos en convencer a nadie de que puede funcionar mejor y redistribuir más la riqueza. La lucha podrá arrancar mejoras, pero como atestigua lo que estamos viviendo, apenas pueda, el sistema las eliminará.

Es mejor que sigamos el consejo de Carlos Marx a la dirección sindical: “no debe olvidar que lucha contra los efectos, pero no contra las causas de estos efectos; que lo que hace es contener el movimiento descendente, pero no cambiar su dirección; que aplica paliativos pero que no cura la enfermedad. No debe, por tanto, entregarse por entero a esta inevitable guerra de guerrillas, continuamente provocada por los abusos incesantes del capital o por las fluctuaciones del mercado. Debe comprender que el sistema actual, aun con todas las miserias que vuelve sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y las formas sociales necesarias para la reconstrucción económica de la sociedad. En vez del lema conservador de “¡un salario justo por una jornada de trabajo justa!”, deberá inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: “¡Abolición del sistema de trabajo asalariado!”.

La actuación de la burguesía española, y del resto, no responde a prejuicios ideológicos sino a sus intereses materiales. Cuando se dice que sus políticas han “fracasado” no es cierto: lo han hecho desde el punto de vista de los trabajadores, del futuro de la sociedad, pero no están fracasando desde el punto de vista del capitalismo puesto que están creando las condiciones para una recuperación general de la tasa de ganancia. Siempre ha actuado de forma similar tras una crisis, con destrucción de las fuerzas productivas e, incluso, guerras, que permitieron aumentar la explotación de los trabajadores e iniciar un nuevo ciclo de acumulación capitalista, porque la esencia del capitalismo es explotar a los trabajadores y a la naturaleza. Las crisis son consustanciales al sistema. Quienes ahora defienden la vía keynesiana, olvidan que se puso en práctica tras dos guerras mundiales (con una masiva destrucción de vidas humanas y fuerzas productivas que sentó las bases para el auge posterior) y bajo la amenaza de la revolución. Y, aún más, olvidan que las políticas keynesianas no pudieron evitar la crisis de los años 70. El capitalismo no puede existir sin crisis.

La explotación de los trabajadores no necesita ser decretada por ley, ya que es la consecuencia de que las fuerzas productivas sean propiedad privada. Lo que debe hacer IU es aprovechar la crisis del sistema, no para tratar de salvarlo, sino para resolver el problema de raíz poniendo encima de la mesa la necesidad de acabar con él.

7. Las ideas socialdemócratas ya fracasaron

La propuesta que nos hace el documento, en esencia, no es nueva. Ya Santiago Carrillo defendió un “nuevo modelo económico” basado en “la coexistencia de formas de propiedad pública y privada” que “significaba aceptar la producción de plusvalía y la apropiación privada de una parte de ésta, es decir, la existencia de un sistema mixto. La sociedad posee medios para asegurar que esas plusvalías no sean exorbitantes, por medio del impuesto, y de que, sin embargo, sean suficientes para estimular la iniciativa privada” (Eurocomunismo y estado, pág. 103). En esencia, eso es lo que se nos propone por parte de los documentos oficiales. Y mucho antes que Carrillo la hizo Bernstein y la dirección de la socialdemocracia alemana. Todos los compañeras y compañeras deberían leer con atención la obra de Rosa Luxemburgo Reforma o revolución, más llena de vitalidad y vigencia que nunca.

Por supuesto, no se trata de la nacionalización de las pequeñas empresas, que, por miles, son arrastradas a la ruina por el propio sistema. Eso sería un disparate. Estamos hablando de la expropiación de las grandes empresas, que constituyen el centro neurálgico de la economía. Pero esa no era la propuesta de Carrillo entonces, ni es la que hoy se nos presenta. Lo que se nos propone es contrapesar la gran empresa privada con empresas públicas. De hecho, salvo en el caso de las Cajas de Ahorros (y cuando ya estaban prácticamente privatizadas o nacionalizadas por el propio Estado), IU nunca ha planteado en el Parlamento la idea de nacionalizar ningún sector económico.¹

Ramón Tamames, compañero de Carrillo, explicaba entonces que “respecto a las empresas multinacionales, en una democracia avanzada que busque el pleno empleo, no tendría sentido ponerles barreras infranqueables. Ello sería tanto como obstruir inversiones indudablemente de gran interés en la lucha contra el paro y en el camino hacia nuevas etapas tecnológicas. Lo importante es vigilar sus actividades, para lo que sería decisivo que el sector público dispusiera de participaciones en ellas” (El socialismo inevitable, pag. 205). Abogaba por un “sector público poderoso, eficiente, bajo control parlamentario y de los trabajadores, consumidores y usuarios” y un “espacio para las grandes empresas (privadas y multinacionales) cuya estrategia se mueva en el marco de la planificación democrática” (ibídem, pág. 207).

Pero la gran empresa privada siempre se ha llevado mal con la “planificación democrática” de cualquier tipo. No es posible “vigilar”, “controlar” o “reequilibrar” el capitalismo, lo que es necesario es ponerle fin, y es necesario explicarlo a las masas desde un principio, en lugar de fomentar ilusiones en un programa que ha fracasado y fracasará.

La expresión “contradicción capital-trabajo”, que se usa profusamente, ha devenido en una muletilla, una fórmula que se repite y que casi dificulta, más que ayuda, a comprender cuál es la relación entre la clase trabajadora y la burguesía. Da la impresión de que hemos olvidado la “ley del valor” y el concepto de “plusvalía” (o que no se ha comprendido), que fue el gran descubrimiento de Marx en el terreno económico y que permite entender cómo se produce la explotación en la sociedad capitalista. La contradicción reside en que son dos polos que se atraen y se repelen a la vez. El capitalismo no existiría ni un instante sin los trabajadores igual que, en una sociedad capitalista, los trabajadores necesitan de los capitalistas para ganarse su sustento. Al tiempo, existe un conflicto entre la burguesía y el proletariado porque la ganancia de la primera proviene de explotar a la segunda, de “apropiarse” de parte del trabajo del asalariado a cambio de nada, la “plusvalía”, de la cual surge el beneficio. Es decir, sus intereses son antagónicos, para que los beneficios crezcan debe aumentar la explotación y viceversa. La clase trabajadora y la burguesía pugnan por el reparto de la renta entre salarios y beneficios. Esa lucha puede variar la proporción del reparto dentro de unos límites pero, en última instancia, los asalariados sólo pueden liberarse de su explotación —y resolver la “contradicción entre la burguesía y ellos”— acabando con el modo de producción capitalista, es decir, aboliendo la propiedad privada sobre las fuerzas productivas que es lo que permite a la burguesía explotar a los trabajadores. Por eso, la vía que se nos propone de reformar el capitalismo está condenada al fracaso de antemano.

8. El “consenso constitucional” nunca funcionó, fue la lucha del movimiento obrero

El documento político dice: “Fue en aras de garantizar una democracia política, económica y social que tras la muerte del dictador la izquierda transformadora renunció o aplazó puntos esenciales de su programa político, aceptando como marco de convivencia una Constitución pactada que formalmente garantizaba no solo derechos civiles y políticos, sino también todos los derechos económicos, sociales y laborales garantía de un Estado social” (DP, pág. 28, punto 132). Y el problema es que “las oligarquías económico-financieras (…) no han dudado en romper las reglas del juego político pactado” (punto 133).

Carrillo y Tamames quizás se sorprendieron porque la burguesía rompiera los términos del acuerdo, pero no era difícil prever que eso sucedería. La burguesía siempre persiguió conservar su poder económico, si se empeñaban en mantener la dictadura podían perderlo todo y optaron por cambiar de régimen político, mientras se garantizase que no hubiera un cambio de las relaciones de propiedad, que no cambiara el régimen social, estaban dispuestos a hacer algunas concesiones en el papel, pues se sentían débiles. La dinámica natural del sistema acabaría dejando los derechos conquistados en papel mojado, y así ha sucedido.

Cuando el documento afirma “en las políticas de estos años y en una modificación del constitucional en agosto de 2010 (…) se ha cambiado de raíz el “pacto constitucional del 78” (DP, pág.17, punto 48), está demostrando una ingenuidad y una visión idílica de los años transcurridos desde 1978. El artículo 135 ya recogía antes de la reforma la obligatoriedad prioritaria de pagar la deuda del Estado. Que quieren recortar hasta los derechos formales que conquistamos, no cabe duda, pero la Constitución no ha sido ningún impedimento para todos los recortes que hemos sufrido.

Durante estos años, no sólo con el inicio de la crisis, lo que se ha roto no ha sido el “Pacto constitucional”, sino la correlación de fuerzas entre las clases que fue haciéndose más desfavorable para la clase trabajadora. Tras la caída de la dictadura, los partidos de la burguesía estaban en pésimas condiciones, al final tanto la UCD como el PP (entonces Alianza Popular), acabaron hechos trizas. El PSOE se alzó con mayoría absoluta en 1982, dando una idea de cuál era la correlación de fuerzas entre las clases en la sociedad. Pero sus dirigentes que acudían, también, con un programa de reforma del capitalismo, acabaron haciendo el trabajo sucio que la burguesía necesitaba, contribuyeron al debilitamiento del movimiento obrero y a la recuperación de la burguesía, de sus partidos.

La Constitución que “la izquierda se vio obligada, por responsabilidad”, según el documento, a aceptar “en aras de alcanzar lo más pronto posible espacios de libertad política y bienestar social consustanciales a una auténtica democracia” (DP, págs. 30 y 31, punto 145), quedó congelada en lo que a derechos sociales se refiere desde el primer día. Los que se aplicaron, fueron gracias a la lucha durante años de los propios trabajadores, pero ¿cuándo se ha cumplido el derecho al empleo adecuadamente remunerado? ¿O a la vivienda? El paro ha sido crónico desde los años 70 y el derecho a la vivienda nunca se ha cumplido. Los trabajadores precarios, sobre todo la juventud, jamás han llegado a tener de facto la mayoría de los derechos laborales que hasta hace poco tenía una parte de los trabajadores. De hecho, ahora nos están igualando a la baja.

Los retrocesos en los derechos que la lucha de los trabajadores conquistó tras derrotar a la dictadura, empezaron hace muchos años. El “consenso constitucional” del que habla el documento no comienza a  ser “destrozado, al inicio de la década de los 90 del siglo pasado”. La propia Transición estuvo muy lejos de ser “pacífica” (DP, pág. 28, punto 131), cómo dice el documento, pues hubo decenas de muertos por la represión policial. La reconversión industrial, la entrada en la OTAN, (que suscitaron enormes luchas en los años 80), la ley antiterrorista, la reforma del Código Penal, la Ley de Partidos…. ¿Acaso hemos olvidado la huelga general del 14-D? Sólo gracias a esas luchas, se consiguió aumentar de manera significativa el gasto social, que aún así ha quedado lejos de lo que consiguieron el resto de los trabajadores europeos en los años 60. Las principales conquistas, la Educación y la Sanidad públicas, están ahora en proceso de desmantelamiento.

Debemos aprender de la experiencia, ninguna constitución nos garantizará ni los derechos sociales ni democráticos, si no cambiamos el modo de producción y las relaciones de propiedad que lo sustentan. Por supuesto que, gracias a la lucha, conquistamos derechos democráticos y laborales, y cualquiera puede ver que es mejor el régimen de estos años a la dictadura de Franco, faltaría más. Pero en la medida que el capitalismo sobrevivió, los derechos han sido siempre incompletos y han ido degradándose a lo largo de los años. En una sociedad capitalista, la burguesía siempre está en posición de superioridad frente al trabajador. Algo tan sencillo, que es el abc del marxismo, debemos ser capaces de explicarlo desde ahora mismo. Por supuesto, cualquiera tiene el derecho a concluir que el marxismo ya no sirve, pero debe decirlo y proponer una alternativa, y, así, podremos discutirlo.

9. Pacto social o lucha de clases

Sin embargo, se nos propone volver a tropezar en la misma piedra, cuando se nos dice que “ante la quiebra del pacto social constituyente realizada por las fuerzas conservadoras, es imprescindible exigir un nuevo pacto social que garantice los contenidos esenciales de una democracia que tendrá que ser realmente participativa como corresponde a una sociedad mayor de edad (…), un nuevo pacto social que se dote de los mecanismo de defensa necesarios para impedir que nunca más nos sean usurpados los derechos fundamentales que garantizan una vida digna para todas las personas” (DP, pág. 32, punto 155).

Ese planteamiento abre la puerta a una repetición de la política de la Transición. Una cosa es buscar ganar para la causa del socialismo a la pequeña burguesía empobrecida por el sistema, y otra es rebajar nuestro programa para ganar el apoyo de una parte de la burguesía. Y eso último cabe perfectamente en un planteamiento que responsabiliza “al capital financiero”, como “grupo hegemónico en el capitalismo español” (DE, págs. 16 y 17, punto 27), de los problemas de fondo de nuestra economía. Es más, se plantea que “la fracción dominante del capitalismo tendrá serias dificultades para jugar ese papel en el futuro. El capital financiero es incapaz de resolver las contradicciones a las que le ha llevado su propia lógica y el consentimiento desregulador. Esto abre nuevas posibilidades a políticas de alianzas diferentes a las que hasta ahora han dado la mayoría política” (ibídem).

No existe una burguesía financiera que oponer a otra productiva, es imposible separar quirúrgicamente ambos sectores, están totalmente integrados, y no hay un solo sector de la burguesía progresista, porque el sistema ha dejado de jugar ese papel hace décadas. En lugar de rebajar nuestro programa, a la pequeña burguesía hay que explicarles que no hay salida en base al sistema, que el socialismo es su única esperanza de salir de esta situación, y ahora tenemos más posibilidades que nunca de convencerles. Sólo podemos ganar su apoyo si les queda claro que vamos en serio y, para ello, debemos ganar a la mayoría de los trabajadores para nuestro programa y estar convencidos de que el socialismo es posible.

Si “el motor de la historia es la lucha de clases”, precisamente el “pacto social” es la expresión más depurada de la “colaboración entre las clases”. Ningún pacto social puede resolver los problemas de la clase trabajadora, porque la burguesía no puede pactar el fin de la explotación sin acabar con sus privilegios, y eso no lo hará nunca. Sólo pacta si beneficia a sus intereses.

La propuesta del Pacto Social, además, podría llevarnos de cabeza a un gobierno de concentración nacional, en un momento que está habiendo una enorme presión a favor de un Pacto de Estado “para salir de la crisis”. Esa es exactamente la propuesta que defiende Felipe González, que de eso algo sabe (el 6 de octubre, en un mitin del PSOE en Barakaldo). Debemos estar preparados para oponernos frontalmente a cualquier pacto con la patronal o el PP, y a un gobierno de concentración o salvación nacional, de todas las fuerzas políticas o de la mayoría, que no sería más que un nuevo recurso para seguir aplicando la política de recortes, pues el único acuerdo posible en estas condiciones es aquel que acepte las condiciones de la burguesía y sus partidos. El único camino para salir de esta situación empieza por acabar con el gobierno del PP, la derecha no puede ser parte de la solución porque es parte del problema.

Los intentos de gestionar el sistema “mejor” nos han conducido a auténticos callejones sin salida como es a la participación en gobiernos como el andaluz —ayer el vasco o el catalán— y acaban haciéndonos colaboradores de políticas de recortes, bajo el argumento del “mal menor”, de que es preferible que los recortes los hagamos nosotros. Por cierto, el documento ni siquiera menciona nuestra postura respecto a la participación en estos gobiernos, ni para justificarla ni para criticarla.

10. El Estado defiende unos intereses de clase

No podía haber, ni ha habido, “una democracia política, económica y social” como se pretendía, según el documento, con las concesiones que hizo la izquierda en la Transición, porque algo así es incompatible con el capitalismo. Se podrá ganar o perder, seremos o no capaces de contribuir a una transformación socialista de la sociedad, nadie tiene garantías de éxito, pero lo que sí podemos garantizar es que no nos creeremos las  concepciones propias de la burguesía. Se habla constantemente de “Estado social y democrático de derecho” (DP, pág. 30, punto 139), perdiendo de vista que la institución estatal y el derecho nunca van más allá de las relaciones de propiedad y del modo de producción que lo sustentan. No se puede meter en el mismo saco el Estado y la Sanidad, la Educación Pública y los servicios sociales, escasos. La burguesía puede prescindir de los segundos, que son conquistas del movimiento obrero, pero necesita del primero como el aire.

El Estado nunca ha dejado de intervenir en la economía pero, cada vez más, a favor de la burguesía. ¿Por qué está salvando a los bancos y a las grandes empresas? ¿Con qué criterio se privatizaron las empresas públicas? ¿Por qué se hicieron inversiones faraónicas en obra civil, a veces inútil? ¿Por qué se renunció a una política de vivienda protegida? Se gobierna y se ha gobernado fundamentalmente en beneficio de la burguesía. No se puede decir que estamos pasando de “un Estado social redistributivo” a un “Estado mínimo y represivo” (DE, pág. 14, punto 20), porque es idealizar el Estado que teníamos, que estaba muy lejos de ser “social” y que también era “represivo”. ¿O es que la represión ha empezado con la crisis económica? No está de más recordar las luchas de los años 80 y cómo las reprimía la policía, la Ley Corcuera (o “de la patada en la puerta”), el llamado “Código Penal de la democracia” en los años 90 que criminalizó los piquetes, la represión durante las movilizaciones contra la guerra, la Ley de Partidos… Lo que se está es agudizando el carácter represivo del Estado y desmantelando, no el “Estado social” (tal fenómeno no ha existido), sino los derechos que arrancamos los trabajadores.

Consideremos la expresión “Estado social”. Es un aguardiente de doble destilación, la socialde­mócrata y la eurocomunista, que despojan al Estado de su carácter de clase convirtiéndolo en un ángel asexuado. O, simplemente una estulticia: obligatoriamente, todo Estado lo es de una sociedad y, por tanto, es “social” por definición. Pero la historia no empieza con nosotros y si se piensa que toda la concepción marxista del ­Estado ya no sirve, más vale decirlo y saber a qué atenernos. Si Lenin levantara la cabeza y viera cómo sus ideas han sido sustituidas por una concepción propia de la pequeña burguesía, se preguntaría para qué escribió El Estado y la Revolución. ¿Qué es el “Estado social”? Simplemente el Estado burgués, la dictadura del capital, en una fase en la que, debido a la correlación de fuerzas entre las clases y las altas tasas de beneficio, se ha visto obligado a hacer concesiones frente a las reivindicaciones de la clase obrera.

Pero, tome la forma que tome (república, monarquía, dictadura…), el Estado es “el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”, como decían Marx y Engels, y hoy esa es una realidad meridianamente clara. Los vínculos entre las grandes empresas y los altos cargos del Estado son evidentes: De los consejos de administración de bancos y grandes empresas, a los ministerios y las secretarías de Estado, y viceversa ¿Cabe duda de a quién representan, qué vínculos tienen? De los bancos al ministerio. Que hayamos arrancado derechos, una sanidad y una educación pública, no debe hacernos perder de vista que la maquinaria del Estado sigue controlada por la propia burguesía. No fue casualidad que se negaran a depurar el aparato judicial, la policía o el Ejército. ¿Por qué no existe el derecho a sindicación o a militancia política de los integrantes de estos cuerpos? La democracia no podía entrar plenamente ahí, porque son los verdaderos pilares del Estado. La Sanidad, la Educación, todo eso puede recortarse, pero lo demás es vital para sostener el poder y los privilegios de la burguesía. Hoy, con la crisis, es al más sencillo de ver que nunca, pero siempre ha sido así, o ¿hemos olvidado lo que ha sucedido en los 35 años pasados?

Es necesario reclamar la supresión de los cuerpos antidisturbios, la depuración de personas de extrema derecha y sádicos de los cuerpos policiales, el control democrático de la formación del estamento militar y policial, la supresión del carácter militar de la Guardia Civil, plenos derechos sindicales y políticos para militares y policías, etcétera.

De hecho, todos estamos a favor de una República y una nueva constitución, pero sobre la base de un cambio de las relaciones de propiedad. Si no, sustituir la monarquía por un Presidente electo, poco cambiará de facto en las condiciones de vida de los trabajadores. Basta mirar a Estado Unidos, Alemania o Francia. Por supuesto que debemos reivindicarlo, pero ¿por qué no unir ambas cosas? Queremos una república democrática y socialista.

11. El problema no es la “soberanía”

El documento afirma que las medidas de recorte que nos impone la Comisión Europea son “un verdadero golpe de estado a las soberanías nacionales de un entramado oligárquico que no tiene ningún mandato explícito para ello de los y las ciudadanas de la Unión Europea: el FMI, el BCE y la Comisión Europea” (DP, pág. 12, punto 10). Pero olvida añadir que los gobiernos y parlamentos nacionales “soberanos” lo han respaldado. Son las instituciones estatales las primeras que están aplicando los recortes. Por tanto, el problema de fondo no es la amenaza a la “soberanía nacional”, sino los intereses de clase que hay detrás de estas decisiones. Es la lucha de clases, no la lucha “nacional”. Además, si somos serios, no se puede perder lo que nunca se ha tenido. En el Estado español, la única “soberanía popular” se impuso en las calles y en los frentes de batalla durante los años 36 y 37. Debemos denunciar todos los intentos de ocultar la lucha de clases bajo el velo del “todo por la patria”.

Por supuesto que las burguesías más poderosas imponen a las burguesías más débiles sus intereses. Siempre ha sido así, pero es un error enfocar nuestros análisis y propuestas desde un punto de vista “nacional”. Ese camino puede llevarnos por la senda de, en aras de la soberanía nacional, acabar oponiéndonos junto con nuestra burguesía a los planes de la burguesía alemana. No se diferencia, en lo esencial, de las posiciones nacionalistas de Convergencia i Unió, sustituyendo el “la culpa la tiene Madrid” por el “la culpa la tiene Bruselas”. Así empezaron las guerras en el pasado, recordemos la Primera Guerra Mundial y el fracaso de la Segunda Internacional, con cada partido de la internacional respaldando a sus respectivas burguesías.

Por eso, es un error proponer que “debemos contemplar la construcción de otros marcos supranacionales de integración económica alternativos y complementarios al actual modelo de la UE: Los países del Sur de Europa (PIGS) deben coordinar sus políticas frente a los países del norte, más desarrollados, que captan injustamente nuestra riqueza mediante la transferencia desbocada de recursos económicos desde el Sur, incumpliendo así el pacto fundacional de redistribución del bienestar social que está en el origen de la Unión Europea” (DP, pág. 38, punto 189). Este planteamiento es jugar con fuego. Si lo llevamos hasta las últimas consecuencias, deberíamos decir amargamente  que se sustituye el “obreros de todos los países uníos” por “mataros los unos a los otros”. No son los “países del sur” los que deben coordinarse frente a los “países del norte”, son los trabajadores de los países de norte y del sur de Europa los que deben luchar juntos contra sus respectivas burguesías, y por una Unión Europea de los pueblos y no de los mercaderes.

La “soberanía nacional” en un país capitalista desarrollado no es sino la expresión del dominio de la oligarquía y su papel imperialista. La burguesía española no tiene ningún problema con la soberanía cuando se trata de sus fondos, una parte de los cuales está expatriando en búsqueda de mejores rentabilidades, ni en aprovechar las medidas de la Comisión Europea para imponer definitivamente planes de ajuste que persigue desde hace años.

Otro tema es lo que se refiere a las nacionalidades a las que no se les reconoce el derecho democrático a la libre autodeterminación, algo que las burguesías respectivas utilizan muy bien en beneficio propio.

La situación de la UE se nos presenta como el producto de una estrategia de la burguesía alemana. Obviamente, la burguesía alemana defiende sus intereses, no los de los “pueblos de Europa”, ni siquiera del alemán, cuyos trabajadores han sufrido drásticas agresiones en sus condiciones de vida. Pero, no debemos olvidar que el capitalismo siempre se desarrolla de forma anárquica y desequilibrada, por eso sufre crisis periódicas, y pretender arreglarlo es una tarea inútil. No habrá una UE capitalista sin desequilibrios ni desigualdades sociales crecientes.

Se afirma que “el euro, al eliminar la soberanía monetaria de los países de la eurozona, les obliga a medidas de ajuste y les subordina a los intereses de la banca alemana y la salida del euro” (DE, pág. 5, punto 7)). Y, “al no poder devaluar la moneda para controlar la inflación se bajan los salarios” (DP, pág. 11, punto 5). El documento no se pronuncia sobre la posibilidad de salir del euro, pero deja la puerta abierta. Igual que con lo de la soberanía, erramos el tiro fijándonos en lo que es accesorio, la moneda, en lugar de lo que es decisivo el régimen social y político en el que vivimos. En realidad, la existencia de una moneda única y de una Unión Europea es algo extremadamente progresista, no debemos ser nosotros los que nos opongamos. De lo que se trata es de la necesidad de otra Unión Europea, democrática y socialista. Pero no hay ninguna salida en la vuelta atrás, al reducto de los Estado nacionales, y debemos explicarlo sin rodeos, para evitar fomentar ilusiones en proyectos abocados al fracaso.

Precisamente, lo que estamos viendo es el fracaso de las distintas burguesías europeas en lograr ese objetivo, puesto que en realidad sólo quieren un mercado europeo. Por cierto, no hay que idealizar tampoco a los “padres fundadores” (DP, pág. 13, punto 17) de la “Comunidad Europea del Carbón y el Acero”.

Para los trabajadores, no hay una salida buena dentro o fuera del euro mientras estemos en una sociedad capitalista. Una moneda propia, que necesariamente se devaluará, sólo es otro camino para reducir los salarios mediante el encarecimiento de las exportaciones. Salir del euro no impedirá que seamos los trabajadores los paganos de la crisis. La única salida real es la acción concertada de los trabajadores de toda Europa contra nuestras respectivas burguesías, para transformar la Unión Europea. El camino es difícil, pero es posible, y hoy más que nunca. Pero no les podemos ofrecer a los trabajadores atajos, de cuyas  consecuencias nos harán responsables.

Por cierto, es curiosa la preocupación por la “soberanía nacional” española y que, cuando hablamos de nuestra propuesta de un Estado Federal, no se haga una mención clara a la necesidad de respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos (DP, pág. 42, punto 224).

12. IU, sindicatos y movimientos sociales

No podemos compartir en absoluto, que “ni los sindicatos ni los movimientos sociales como el 15M han nacido para confrontar las política neoliberales desde la política, desde la lucha por la alternativa, desde la lucha por el poder. Nosotros y nosotras sí” (DP, pág. 22, punto 86). La lucha sindical, política y social, sólo son partes de una misma lucha. Obviamente, la lucha contra los recortes no se puede ganar sólo en el terreno sindical ni en la calle. Es necesaria una alternativa política, pero lo contrario también es cierto: un programa de izquierdas real no se podrá aplicar sin una fuerza decisiva en la calle.

Precisamente, lo que debemos superar es la concepción que se ha impuestos durante estos años que divide en compartimentos estancos la lucha sindical y la política. Hay que recuperar la concepción de Marx, que insiste, al referirse a los sindicatos de clase que, además de combatir las consecuencias del sistema, también deben pelear por acabar con la causa de fondo: el sistema de trabajo asalariado.

IU debe hacer suyo el viejo lema de la Primera Internacional, “la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la propia clase obrera” y llamar a organizarnos política, social y sindicalmente, pero unidos en una misma lucha por transformar la sociedad. No somos los “representantes”, sino parte del movimiento.

Debemos combatir el recelo general hacia la política, el “todos son iguales”, que la derecha trata de aprovechar en su beneficio. Pero para lograrlo, es menester reconocer que la propia izquierda ha contribuido a alimentar esas ideas cada vez que ha aceptado salarios privilegiados, coches oficiales y otras prebendas de la casta política y no ha sido capaz de diferenciarse de los usos de la política burguesa. Incluso los hemos reproducido en nuestras organizaciones, donde el afiliado queda muchas veces relegado a elegir a sus “dirigentes” cada tres o cuatro años sin capacidad real de control. Eso debe cambiar radicalmente. Hay que demostrar que tenemos otra política en los hechos, defendiendo que ningún cargo público electo gane más que el salario medio de nuestra sociedad, cumpliendo una estricta limitación de mandatos y con una escrupulosa democracia interna en nuestras organizaciones.

Tampoco vemos el más mínimo atisbo de crítica a la actuación de las direcciones de los sindicatos de clase, mayoritarios o no, exponiendo cuál es nuestro punto de vista acerca de la política sindical. Es un error confundir direcciones sindicales con los propios sindicatos. IU debe promover el crecimiento y desarrollo de los sindicatos de clase sin renunciar a expresar sus críticas o acuerdos con su política y a tratar de convencer de dichas ideas a los afiliados de los mismos.

Siempre ha habido un conflicto entre el papel de los sindicatos en la defensa de los intereses de la clase obrera, que es para lo que nacieron, y el acercamiento de sus direcciones al Estado burgués colaborando con él en el mantenimiento de la “paz social”, la consecuencia necesaria del “Pacto social”. Uno de los factores que puede inclinar la actuación sindical hacia el lado de la defensa de los intereses de la clase trabajadora es, precisamente, la lucha política dentro de las filas del sindicato, una pelea que IU abandonó hace mucho y que debe retomar. No debemos olvidar que la historia de los sindicatos es la historia de las luchas políticas (la República, la Guerra Civil, la lucha contra la Dictadura…). Digan lo que digan sus direcciones de turno, los sindicatos son parte de la lucha por cambiar la sociedad.

En el documento, echamos en falta un análisis de la clase trabajadora contemporánea, la más numerosa de la historia del capitalismo, tanto en el Estado español como a escala internacional. En realidad, la clase trabajadora constituye la amplísima mayoría de la sociedad. No se trata de idealizarla, sino de comprender su papel decisivo en relación con las fuerzas productivas y su imposibilidad de encontrar una salida bajo el capitalismo, la convierte en la clase capaz de transformar la sociedad. Para resolver sus problemas está condenada a tratar de acabar con la división en clases de la sociedad. Por supuesto, debe pasar por un proceso de toma de conciencia, a través de su experiencia y la labor de la izquierda, que le permita pasar de ser una clase “en sí”, como hecho objetivo, a clase “para sí”, a ser consciente de cuáles son sus intereses y programa. No hay atajos, requerirá tiempo, pero debemos tener claras estas cuestiones para orientar correctamente nuestro trabajo hacia la clase obrera.

13. Conclusiones

El mayor déficit de IU es carecer de un plan —una táctica y una estrategia—, dirigida a la transformación socialista de la sociedad. Se acepta el lenguaje de la clase dominante en lugar de emplear nuestro propio lenguaje —parece que hemos olvidado el marxismo, el socialismo—, lo que ocasiona una asimilación de las ideas dominantes en la sociedad: conceptos como “neoliberalismo”, “soberanía nacional”, “pacto social”, “nuevo modelo productivo” y otros, se imponen en detrimento de una concepción nítida de “clase contra clase”, de defensa firme y coherente del socialismo como alternativa. Si nosotros no estamos convencidos de que el socialismo es la opción frente al capitalismo, ¿a quién vamos a convencer? Seamos realistas, admitamos que el capitalismo ha fracasado, no sólo el neoliberalismo, y hagamos una propuesta coherente con esa conclusión. Socialismo o barbarie no es un dilema a largo plazo, sino a corto. Ni la humanidad ni la naturaleza pueden esperar unas décadas para resolver los graves problemas que las amenazan, la tarea es para ahora o, quizás, para nunca. ²

No cabe duda de que en el documento que tenemos sobre la mesa hay muchas cosas que compartimos, sobre todo en las propuestas programáticas. Pero un programa es un todo articulado, no sólo una suma de reivindicaciones. Es necesario ser capaces de integrar en una sola propuesta aquellas reformas que reivindicamos con la transformación socialista de la sociedad. El capitalismo no puede garantizar ni los derechos sociales ni los democráticos, sólo una transformación socialista puede hacerlo. Socialismo y democracia son inseparables, el uno no existirá sin la otra y viceversa. Pero eso hay que explicarlo abiertamente desde ahora mismo.

No se trata de primero lograr un capitalismo con derechos democráticos y sociales, con una distribución más justa de la riqueza y, desde ahí, lanzarse a por el socialismo. Esa división en dos etapas es artificial. Eso ya se ha intentado y conduce a la renuncia al socialismo, y a la integración en el sistema, pues si bajo el capitalismo es posible ir hacia una sociedad cada vez más democrática, con un reparto cada vez más justo de la riqueza ¿para qué cambiarlo? No, se trata de que la lucha por los derechos sociales y democráticos vaya indisolublemente unida a la propuesta socialista, porque es la misma pelea.

El capitalismo contemporáneo muestra las condiciones para el socialismo más maduras que han existido en toda su historia. Cualquier gobierno de izquierdas debe plantearse desde el primer día medidas socialistas, abordar sin contemplaciones la abolición de la propiedad privada de las fuerzas productivas, si quiere resolver los problemas más acuciantes e inmediatos de la sociedad, en general, y de la clase trabajadora, en particular. No hay una tercera vía entre capitalismo y socialismo, debemos comprenderlo y ser capaces de explicarlo.

Notas del editor: